La Junta Central Electoral no puede dejar pasar por alto el sistemático desafío a las normativas de la precampaña en que ha venido incurriendo Gonzalo Castillo, recién lanzado aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

El señor Castillo ha violentado esas normas desde el mismo momento en que anunció sus pretensiones cuando transmitió su lanzamiento a través de medios de comunicaciones convencionales, es decir, televisión y radio, cuando el propio reglamento de la JCE establece que está vedado y que sólo se pueden utilizar las redes sociales.

Fue la norma aplicada al también aspirante Francisco Domínguez Brito, a quien la Junta advirtió que no podía utilizar los medios convencionales, por lo que se vio precisado a emplear las redes para dar a conocer su plataforma programática de cara a las primarias peledeístas.

Sin embargo, Gonzalo Castillo no sólo se despacha con la transmisión de su lanzamiento, sino que al día siguiente despliega en todos los diarios nacionales una publicidad que si bien no está expresamente vedada por la Ley de Partidos, la Ley del Régimen Electoral y propio reglamento de precampaña adoptado por la JCE, sí perfila una actitud encaminada a salirse con las suyas.

Pero las violaciones legales del ex ministro de Obras Públicas no se quedan ahí, sino que ha mantenido una profusa difusión de publicidad disfrazada a través de las emisoras de un empresario radial que, al igual que Gonzalo, se cree por encima de las leyes.

Si la JCE no hace lo que le corresponde como órgano encargado de reglamentar el proceso interno de los partidos como disponen las legislaciones al respecto, entonces sería recomendable dejar sin efecto sus disposiciones, en el entendido de si las normas, de facto, exceptúa a uno, no tienen por qué alcanzar a los demás.

El colega Julio Martínez Pozo denunció el pasado lunes que las firmas de alcaldes y directores de distritos municipales expresando su apoyo a Castrillo, fueron forzadas mediante el uso del programa nacional de asfaltado que se maneja desde el Ministerio de Obras Públicas, lo que significa un uso abusivo de los recursos del Estado.

Esa situación cae en el ámbito reglamentario y sancionador de la JCE, institución que ha sido precisa en cuanto a establecer lo que se permite y lo que se prohíbe en la campaña interna, cuyo arranque verdadero se producirá el 22 de este mes con la formalización de las precandidaturas.

Siendo así, no se puede permitir que ningún postulante que se considere por encima de las reglamentaciones pueda realmente alardear de que en realidad hace lo que le viene en ganas y que las normas son para otros.

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