Vengo dando seguimiento hace días al debate que ha suscitado el proyecto de Ley de regularización salarial que sometiera el Ministerio de Administración Pública al Congreso Nacional. Diversas opiniones han surgido al respecto, hasta el momento, según nuestro parecer, nadie ha podido dar en el clavo en la búsqueda de la perfección de la citada iniciativa.

El proyecto de Ley Salarial, como se conoce popularmente, es un buen punto de partida, pero contiene serias debilidades, sobre todo para un sistema como el nuestro, que necesita mucho más que una “simple legislación” para lograr cumplir con asuntos tan fundamentales como los que establecen las consideraciones que sustentan esta iniciativa legislativa, ejemplo, los 3, 5 y 9, o quizás, tan solo por poner un ejemplo, lo señalado en su artículo 5, donde son establecidos los principios rectores del sistema remunerativo para el sector público.

No sé realmente si el pueblo, los que debaten, medios de comunicación y los propios usuarios de las Redes Sociales que son los más activos en el ejercicio de la opinión pública a través de estos medios alternativos de información, se han dado cuenta que el abordaje del tema y sus críticas, puede que estén bien o mal dirigidas, quien sabe, pero en el fondo, en muchos de los casos existen notorios desconocimientos respecto al contenido que en ella se encuentra.

Estamos claro que, nadie que labore en una institución estatal, debe tener privilegios que puedan superar los propios de un presidente en pleno ejercicio del poder, mucho menos devengar salarios mayores a los que este pueda tener, de lo que no hablamos es de los privilegios que muchos gozan y que son a la larga, el gran hoyo negro del gasto público en el Estado.

Ahora el debate es si el Congreso, diversas oficinas gubernamentales y el poder judicial deben o no estar en el Proyecto de Ley de Regularización de Salarios, y para el caso, entiendo que, nadie debe estar por encima de ninguna legislación, el propio Estado debe velar por romper con las grandes cadenas de desigualdades que reinan en nuestro país, no menos cierto es que hay que ser muy racionales y objetivos cuando hablamos de preceptos legales, que a la larga, si no se ponen a tono con otras leyes, reglamentos y hasta la propia constitución, pudieran ser señalados como inconstitucionales.

Entiendo que, sería ilógico querer normar, con las mismas reglas a otros poderes del Estado, hay una real y difícil situación jurídica respecto al tema en la actualidad, pues no queremos violentar la independencia de los demás poderes, pero al mismo tiempo, todos somos iguales ante la Ley y la diferenciación y/o exclusión promueve la inequidad.

El debate, las opiniones vertidas, que son diversas, son importantes si se tomaran en cuenta, pero hay cosas de fondo en el Proyecto de Ley Salarial, que nadie ha puesto sobre el tapete en la actualidad. Lejos de estar cuestionando si uno u otro debe estar incluido en el mismo, debemos estar analizando artículos delicados de la iniciativa como el #20, 22, 23 y otros que establecen las prestaciones sociales o indirectas, asignaciones de combustible, beneficios, etc., y que lo único que promueven es el fomento al gasto irracional de los recursos escasos de nuestras dependencias, estatales, institucionalizando así el dispendio del erario público.

El que quiera estar al frente de la cosa pública, o hacer de la política su vida, insisto, debe hacerlo con un carácter mucho más profundo que el patriótico. Cada funcionario debe ser dotado de un salario digno, pero solo lograremos racionalidad en el gasto, cuando este se vea obligado a pagar de sus propios bolsillos, sus facturas por conceptos de servicios de comunicación móvil, combustible, entre otros privilegios, y lo más importante, hay que eliminar las asignaciones de vehículos oficiales mientras estos se encuentren en el ejercicio de sus funciones, el que quiera carro o jeepeta, que vaya y la compre y pague los impuestos que paga el ciudadano común.

Pienso además que el proyecto de ley contiene un profundo vacio, porque si se quiere reducir el gasto y el dispendio, la misma debe estar acompañada de un tope de empleados por dependencias, para así lograr eliminar el clientelismo y establecer en ella u ordenar un reglamento para que los incentivos, compensaciones, sobresueldos y otros apoyos se otorguen posterior al desempeño, en base a resultados medibles y observables, que justifiquen cualquier tipo de diferencia.

Si en realidad se busca “Establecer los criterios para una remuneración adecuada de todos los cargos del sector público dominicano, incluyendo los de alto nivel” lo primero que debimos hacer fue NO debatir si debían estar todas las instituciones o no incluidas en el proyecto. Debió primar el interés general, acogerse a la normativa propuesta y de inmediato iniciar una revisión de la escala salarial de los que menos cobran y menos tienen, combatir las desigualdades de salario que el propio Estado tiene en sus diferentes dependencias, es necesario que como funcionarios empecemos a pensar en el bienestar de los de abajo. Llegó la hora “de proporcionar una remuneración equitativa que sirva de estímulo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado” pero de todos.

¡Todos debemos ser regulados! ¡Llegó la hora también de mejorar la vida del servidor público de la República Dominicana! Los funcionarios de alto nivel son pasajeros, los simples empleados, empleados de carrera, son los verdaderos conductores de la cosa pública, es tiempo de hacer justicia y acabar con el excesivo gasto de todos los gobiernos.

Amaury Reyna Liberato
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