El debate por el equilibrio social entre los que poseen los medios de producción y los dueños de su fuerza de trabajo para utilizar el lenguaje marxista, nunca va a desaparecer y por el contrario, hoy en día cobra más vigencia que nunca. La dialéctica actual dominada por las fuerzas del mercado, y la desaparición de las utopías de izquierda, obligan a una revisión profunda de los métodos de “lucha” o persecución del equilibrio y el sentido de justicia dentro del accionar funcional del sistema capitalista de cada nación.

En este sentido las congregaciones religiosas juegan un papel importantísimo puesto que por definición y puntualmente en sus acciones empujan desde abajo hacia la obtención de un punto de equilibrio más justo y prudente. Si vamos a buscar herramientas efectivas de justicia social partiendo del paradigma de la Iglesia entonces tenemos que partir de la primera encíclica social de la Iglesia Católica “Rerum Novarum” (De las cosas nuevas o de los cambios políticos) promulgada por el Papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891.

Dada como una respuesta contundente de la Iglesia al creciente problema de la descristianización de las masas trabajadoras, dicha encíclica se convirtió en punto de partida para la búsqueda del equilibrio y la justicia social sin recurrir a la confrontación revolucionaria que promovían los movimientos emergentes de izquierda. En ella se defiende el derecho de los trabajadores a libremente asociarse y formar uniones o sindicatos pero también se reafirmaba el apoyo y derecho fundamental de la propiedad privada.

Podemos entonces concluir que sin pasar al radicalismo de la derecha más neoliberal ni de los vestigios que aún residen de la otrora revolución socialista, el Estado y particularmente los políticos deben jugar un rol fundamental en la consecución del equilibrio social.

Un ejemplo palpable de que la voluntad política puede encontrar avenencias positivas tanto para los dueños del capital como para los consumidores es la reciente resolución de la Junta Monetaria que garantizará en los contratos de adhesión un tratamiento más justo por parte de los Bancos Comerciales dominicanos a sus tarjetahabientes. Garantizando, no solo la eliminación de prácticas onerosas como el cobro de intereses híperinflados y sobre el balance original adeudado, sino también mejorar la transparencia de las transacciones y registros de las mismas.

¿Cuántos años tenía la sociedad dominicana y sus consumidores implorando porque se tomara esta resolución? La cual ahora resulta que los propios bancos la favorecen, porque como es lógico, la reducción en el costo del financiamiento solo garantiza un crecimiento exponencial del tamaño del mercado y los niveles de consumo.

Podemos pensar en una lista interminable de acciones similares, las cuales nadie pudiese tildar de “revolucionarias” ni hacia la Derecha ni la Izquierda, mas bien de justicia social, que se pudiesen implementar y rápidamente surtirían efectos importantes en la persecución natural de un nivel de equilibrio más próspero para todos los dominicanos. Desde acciones fiscalistas lesivas tales como: el cobro de impuestos a las pólizas de vida (quitándole el derecho a los individuos de ahorrar para su vejez), el impuesto a los pasajes aéreos (creando un sesgo a la creación de oportunidades para los ciudadanos dominicanos a favor de los extranjeros), por solo mencionar unas cuantas.

Como podemos ver son muchas las acciones que como gobierno podemos tomar para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, sin necesariamente movernos hacia extremos avasallantes ni arrabalizar el efecto de las medidas. Basta y sobra con que exista voluntad política para hacer lo correcto y la moral para garantizar la pulcritud de dichas medidas. A quien le sirva el sombrero...