Siempre se ha dicho; “el que nada da, muy poco puede exigir”.  Es lo que está ocurriendo con los principales actores dentro del tren judicial dominicano, en términos de administración y aplicación de ese ejercicio a nivel local.

Ahora se está pidiendo que se actúe contra los linchamientos por parte de la población, con respecto a los infractores de las leyes agarrados in fraganti. “Los que cometan delitos”.

Y, la pregunta sería entonces, ¿por qué se pide en ese tenor el que se deje de actuar así, cuando no se ha venido procediendo punitivamente en el orden judicial, como bien es sabido, y desde las instancias correspondientes, tal es lo que debe ser, en todo el ámbito de ese poder del Estado nacional? Las víctimas que sigan aguantando, ¿verdad?

Según uno de sus más connotados representantes, el magistrado Alejandro Vargas, juez Coordinador de los juzgados, “las autoridades no han encarado de manera responsable y decidida el problema de los linchamientos por la población contra personas que cometen un delito”. (“El Día”, edición del 26-10-17, página 8).

Evidentemente, esa es una verdad de a puño como se dice. No se ha procurado tal acción, y eso llama a preguntarse, ¿por qué? ¿Será que se considera tienen cierta justificación, ante la apatía judicial fehaciente, cuando se producen hechos de naturaleza delictuosa o criminal, y se incoan en vano las acusaciones directas relativas, o se elevan las denuncias de lugar?  ¡Bien que de eso sabe el jurisconsulto de referencia! Las evidencias precedentes están de sobra, y no hay que ir muy lejos en el tiempo para verlas.

¿Qué es lo que dice la gente sobre el particular? “A qué voy a la Policía Nacional, para encontrarme de nuevo con el mismo antisocial que me asaltó, si es el caso, o que ultimó a algún familiar cercano para robarle”.

Se ríen allí de uno; y, cuando suelen actuar los agentes del orden público, a los pocos días el delincuente anda merodeando por el mismo lugar, y sacándole la lengua a los afectados, pues puede que salga libre desde el mismo destacamento que intervenga; o, que le llevan ante un tribunal de la Republica, donde lo primero que hacen es asignarle un abogado de oficio, para que le defienda y reclame su libertad. ¡De nuevo a la calle a realizar fechorías! ¿Y entonces?

Luego, la única alternativa que se le está dejando a la población, es que cada cual se tome la justicia por su propia mano, y procure linchar a cualquier delincuente de esos que pululan por nuestra calles y avenidas, asechando, o procurando penetrar en determinada casa-vivienda, o negocio también, para hacer de las suyas, cuando son sorprendidos in fraganti.

¡Muy lamentable esa cruda realidad!, que tantos la entienden por estar a la vista de todos, y debido a lo cual asombra, hasta cierto punto, ese pedimento del juez Alejandro Vargas, “pidiendo actuación contra los linchamientos”, conociendo él lo que en realidad ocurre, y los porqués   la población procede de esa manera. ¡Se siente desamparada!

Él está en un buen sitial, desde donde se podrían encaminar muchas acciones enmendatorias en el sentido de lo que se trata, para evitar el que la gente se incline por los linchamientos; que la justicia relativa toda funcione tal es lo que debe ser, de forma que los delincuentes no gocen de la cuestionada impunidad que se alega, y motiva.

Esa reflexión que se infiere de las preguntas que formulara el juez Alejandro Vargas, en el sentido de no ver a la población linchando a delincuentes de cuellos blanco, sino solamente al ladrón de un celular que es voceado por las calles, y que cuando es agarrado le entran de manera olímpica, no le luce muy acertada, o valedera.

Es muy probable que, con aquellos “magnates”, que los hay suficiente en el país, también ocurriría lo mismo, de ser factible claro; pero, ocurre que, las circunstancias no son las mismas. Los ladrones de cuello blanco andan rodeados de un circulo policial protector, y en jeepetas blindadas; no es gente solitaria de a pie, a la que se le puede entrar sin contemplación, de seguro con mayor justificación.

Si la población pudiera cifrar esperanzas de castigos en la justicia dominicana, los linchamientos no se produjeran, a nivel de los ladronzuelos locales (roba cadenas, anillos, celulares y carteras). Tampoco los “ladronzotes”, aquellos de cuello blanco y corbata, correrían peligros de ese tipo.

Autor: Rolando Fernández

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