A raíz de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Publica ya es posible legalmente quienes son los asalariados de las entidades publicas, y así determinar si hay empleados que cobran dos sueldos a la vez, si son familias de los funcionarios, o simplemente sabremos si hay botellas y clientelismo político.

Durante el tiempo que duré aplicando la Ley de Libre Acceso a la Información Publica encontré un total de 7 instituciones publicas que no desean ser transparente con sus nominas y todas en común siempre responden “protección de datos personales” o “intereses privados preponderantes”, muchas alegan pretextos como seguridad física de sus empleados (Ministerio de Economía), que son empleados de seguridad nacional (IDAC) o que sus empleados pueden ser atracados cuando salgan de su trabajo (Cámara de Diputados) y la justicia lamentablemente ha sido complaciente con estos argumentos sin fundamentos y por ende han sentado malos precedentes judiciales que rompen en dos a la Ley de Libre Acceso a la Información Publica.

La mayoría de las entidades estatales están publicando su nomina íntegramente y la ley 200-04 es muy clara ya que establece la obligatoriedad de publicar el listado de personal como lo dice el artículo siguiente:

“Artículo 3.- Todos los actos y actividades de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, incluyendo los actos y actividades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la información referida a su funcionamiento estarán sometidos a publicidad, en consecuencia, será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o descentralizados, la presentación de un servicio permanente y actualizado de información referida a:

d) Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley”.

No obstante, pese a que dicho artículo es muy claro, las entidades que no son transparentes solo se limitan a publicar el nombre de los cargos, más no el nombre de sus asalariados. Entre las entidades públicas que están incurriendo en opacidad gubernamental están: Instituto Dominicano de Aviación Civil, Cámara de Diputados, Policía Nacional, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Superintendencia de Pensiones, Junta Central Electoral y Ministerio de Economía.

Y la pregunta es la siguiente: ¿Por qué no quieren revelar el nombre de sus asalariados?, ¿Qué esconden estas entidades en una época que se exige más transparencia del gasto público?, ¿o acaso tienen botellas y clientelismo político?, ¿y porque la Justicia ha considerado que el nombre y apellido de los servidores públicos son informaciones confidenciales si la propia Suprema Corte de Justicia publica su nomina completa en Internet?

Los contribuyentes debemos exigir más transparencia en la contratación de personal y no permitir que nos sigan diciendo qué los nombres y apellidos son confidenciales para así prevenir un sin numero de actos de corrupción que pueden ocurrir cuando se oculta una información presumiblemente publica.

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AUTOR: Alejandro Alberto Paulino Vallejo
el autor es Abogado