Los funcionarios públicos (independientemente del partido político) se han destacado por malversar, desfalcar y dilapidar los fondos del Estado en gastos innecesarios y sin planificación alguna a la hora de gastar nuestro dinero, realizando inversiones públicas para enriquecerse ellos mismos o a ciertos particulares, habiendo llegado a desfalcar al país, de una cantidad aproximada de RD$104,000,000,000 de pesos o lo que es igual US$2,833,787,465.94 de dólares Norteamericanos (monto similar al desfalco multimillonario perpetrado por los administradores del Banco Baninter), según las declaraciones del Magistrado Procurador Adjunto Hotoniel Bonilla (cifra que consideramos no atinada, pues no están incluidos los casos de corrupción aún no descubiertos.

Desde que un funcionario o gobierno se instala en el poder, comienza a incurrir en un sinnúmero de irregularidades, tales como; reparticiones de propiedades inmobiliarias, desfalcos, pensiones ilegales, etc., sobre todo la nueva modalidad de crear empresas con accionistas testaferros, las cuales son beneficiadas con contratos multimillonarios, gracias al presupuesto que manejan los funcionarios que ostentan dichos cargos en el gobierno, trayendo como consecuencia más problemas económicos al país los cuales son resueltos con posteriores préstamos internacionales que aumentan la deuda externa del país, la cual a su vez, para poder ser pagados los intereses que genera la misma, deben de aumentarse los impuestos que paga el pueblo dominicano, lo que se traduce en alza del precio de los combustibles, de la energía eléctrica, alimentos de primera necesidad, entre otros.

Y por si esto fuera poco, en el cambio de Gobierno, el partido entrante en vez de motivar el inicio de una investigación, mejor prefiere decir por la prensa que el anterior gobierno dejó un desastre económico, que no hay fondos, y por lo general concluyen con el aumento de impuestos, obtenciones de préstamos, así como recurrir a los bonos soberanos.

Los legisladores son renuentes a aprobar leyes que regulen y sancionen los exagerados sueldos, gastos innecesarios en publicidad gubernamental, viajes oficiales innecesarios, designación de empleados nominales o mejor dicho la denominada botella, pero a la hora de aprobar impuestos son muy eficientes no importando que sean congresistas de la oposición u oficialistas.

Todos hemos visto que en campaña electoral los candidatos que ocupan algún cargo público siempre incurren en usar los fondos y bienes públicos en campaña de forma flagrante y descarada, los cuales después que pasa la tormenta, nos ahogan económicamente, y al final no tendrán de otra que buscar otras fuentes de financiamientos por el déficit fiscal que produce la corrupción por parte de nuestros cleptócratas.

Diversas instituciones estatales se han creado para controlar y administrar el gasto público, entre ellas están: la Dirección General de Presupuestos, Oficina Nacional de Planificación, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Tesorería Nacional y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, las cuales, más que organismos de control de los fondos públicos, son más bien entelequias en papeles ya que al final los desfalcos seguirán ocurriendo y los nuevos impuestos nunca cesarán de crearse, en razón de que no existe una política que tienda a salvaguardar los intereses del pueblo sino más bien a aprovecharse de ellos.

Hemos visto también que cuando el Ministerio Publico (DPCA) procede a someter a la justicia un caso de corrupción, el gobierno de turno como representante de nuestros derechos como contribuyentes en justicia difícilmente se constituye en parte civil, y cuando se logra condenar a un corrupto, los funcionarios de turno representantes del Estado, no hacen ningún esfuerzo para recupera los fondos desfalcados, y se deja a los no perseguidos, como a aquellos que rara vez son condenados a pagar la totalidad de las sumas desfalcadas que sale directamente de nuestros bolsillos asegurándole al corrupto un confortable y paradisíaco retiro a costa de nuestros sacrificios como contribuyentes, retiro que es envidiado y espera ser alcanzado a su vez por el partido político entrante en sustitución del saliente del poder.

Si comenzamos a escudriñar el monto perdido en todos los expedientes de corrupción en el Ministerio Publico, así como en las auditorias de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la Republica, así como las denuncias de corrupción expuestas en la prensa (Nuria y el Informe con Alicia Ortega), pueden estar seguros que la cantidad supuestamente desfalcada dicha por el director del DPCA no le llegará ni a los tobillos a la cantidad que encontraremos en el escudriñamiento que planteamos, lo cual es lo que ha generado muchos impuestos innecesarios, endeudamiento externo y eterno, así como la colocación de bonos soberanos en el exterior, todo esto para poder paliar la economía nacional y a la vez llenar los bolsillos de políticos corruptos, a costa del sacrificios de nosotros los ciudadanos, a quienes al parecer nos consideran estos corruptos sus esclavos.

Si los dominicanos como contribuyentes que somos no despertamos y accionamos al respecto, el Gobierno de turno seguirá sustrayendo los dineros del Estado Dominicano, y nos seguirá sumergiendo en una deuda que va creciendo queda y lentamente cual si fuera una bola de nieve que tarde o temprano será imposible de detener, llevándonos finalmente al colapso económico, dejándole a nuestras futuras generaciones por herencia, una deuda externa tan exorbitante que sólo podrán ser capaces de pagar sus intereses por siempre.

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