Manuel Morales Lama
El rol de la opinión pública, en lo concerniente a su vinculación con la política exterior de un país no es un tema completamente nuevo, pero sí de “mucha mayor” importancia en nuestros días. En las últimas décadas, en la medida en que las relaciones internacionales han experimentado cambios considerables, adquiere más relevancia la pregunta sobre cómo responden los ciudadanos a los discursos y a las prácticas diplomáticas de sus dirigentes (C. Romero).

En los Estados plenamente democráticos se está viviendo una etapa en la que el ciudadano, debidamente consciente de su responsabilidad como tal, puede ejercer una creciente incidencia (o presión) sobre el ejercicio formal del poder, especialmente en ciertos ámbitos, entre los cuales están los asuntos internacionales.

Conforme a una “definición ampliamente aceptada”, se entiende por opinión pública: “El juicio que tiene el público en torno a los diferentes temas de naturaleza interna y externa que impacta de manera directa e indirecta en la vida cotidiana de las personas. La opinión pública, en general, suele incidir en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas, entre las cuales está la política exterior. El fin último de una política pública debe ser mejorar las condiciones de vida de la sociedad; por lo tanto, la voz del pueblo debe ser tomada en cuenta por los gobernantes para definir las decisiones en los diversos ámbitos de la vida nacional” (J. Schiavon y R. Velázquez).

Cabe puntualizar que en la actual era del conocimiento y de la información global, es y será cada vez más difícil, poder ejecutar una política exterior que no se base en un determinado consenso interno. Consonante con ello, los gobiernos deben “modular” su política exterior en función de los intereses superiores del Estado, y, generalmente, con el apoyo de la opinión pública. No obstante, tal como sostiene A. Plantey, es evidente que: “Un gobierno que espere recibir directrices e instrucciones de la opinión pública ya no tendrá libertad para fijar sus objetivos y estrategias, como corresponde”.

Asimismo, Plantey constata que si bien antiguamente la conducta de quienes ejercían el poder político a menudo estaba dictada por consideraciones de orden personal, en cambio, actualmente, es recomendable que esté acompañada de una preocupación constante por la comunicación con la población. A lo que añade: “Por supuesto no debe haber contradicción entre lo dicho y los hechos, sino más bien fidelidad a los principios que se proclaman”.

Cabe insistir, partiendo de que “el conocimiento es uno de los elementos del poder”, en que una de las primeras obligaciones de los responsables de las acciones internas y externas de los Estados debe consistir en contar apropiadamente con eficientes mecanismos, tanto para informarse como para ser informados y de igual forma poder informar oportuna y adecuadamente.

Debe tenerse en cuenta que para preservar el esencial derecho a la información, resulta imprescindible que los medios de comunicación social puedan asumir y desarrollar su indelegable responsabilidad, con la plena independencia requerida.

En el ámbito de los estudios internacionales, investigaciones académicas recientes, han determinado que el apoyo de una opinión pública “ilustrada y convencida” concede consistencia a la acción exterior del Estado y fortalece consecuentemente su capacidad diplomática .

En igual contexto, como parte esencial de la representación diplomática se ha convenido establecer convenientemente la responsabilidad de obtener el máximo de informaciones disponibles “por medios lícitos”, tanto en los Estados receptores como en los organismos internacionales, con la finalidad de actuar con pleno conocimiento de causa en las iniciativas y en las negociaciones que se proponga implementar, realizar y continuar el respectivo Gobierno. Tal como coinciden en afirmar tratadistas contemporáneos, las misiones diplomáticas, profesionalmente manejadas, son hoy puestos privilegiados de información recíprocamente protegidos .

Por su vinculación con lo precedentemente tratado, conviene recordar que en las últimas décadas se ha implementado y desarrollado una “novedosa” modalidad de diplomacia denominada “diplomacia pública”, cuyo propósito es potenciar la eficacia de la acción exterior del Estado .

Mediante esta modalidad de diplomacia las naciones ejercitan eficaces estrategias para informar e “influenciar” a las audiencias extranjeras (opinión pública), a fin de crear “mayor confianza y empatía” a su favor, lo que resulta imprescindible para obtener determinados objetivos de la política exterior.

La diplomacia pública coadyuva actualmente con las acciones propias de la diplomacia clásica vigente y “armoniza” con su constante proceso de actualización, así como con otras modalidades de diplomacia, como la denominada diplomacia económica y comercial, cuya implementación y desarrollo es de esencial interés para las naciones. Consecuentemente funciones diplomáticas tradicionales, como las de “observación e información”, tienen hoy “un especial enfoque” hacia los asuntos económicos y comerciales.

Finalmente, como referencia histórica, merece recordarse la memorable frase de Armand Jean du Plessis, Cardenal de Richelieu, que establece: “Toda decisión de un hombre de Estado requiere de la aprobación pública”.

El autor es Premio Nacional de Didáctica y embajador de carrera.