En un país politizado como la República Dominicana, un funcionario tiene el cargo encima las 24 horas, los siete días a la semana. Se es funcionario, aún se esté durmiendo o en vacaciones. No tiene horas de trabajo, y luego horas libres. No y no. Todo el accionar del que está nombrado por un decreto es ser funcionario, dentro y fuera de la oficina. Siempre ha sido así, y es así. Puede ser que cuando entren aires de transformación de la sociedad dominicana, la situación cambie, Nos sorprende una disposición de la Junta Central Electoral de que los funcionarios pueden realizar labores partidistas después de terminar su horario oficial. Eso es imposible. Ser funcionario es una camisa permanente, y no se puede cambiar de chaqueta por un edicto del organismo electoral. Ni siquiera un regidor, que es la mínima expresión electoral, puede dejar sus atribuciones en la sala capitular. Siempre estará en acción partidista, al igual que el alcalde. Puede ser que el simple empleado público acabe su trabaje y se vaya a sus casa, pero en los que mandan eso no es posible. La JCE tenía que ser más realista. Lo que se debe establecer es que los funcionarios no utilicen los recursos del Estado. Proceder a supervisar esa situación. Los vehículos del Estado no pueden transportar en caravanas. En las oficinas no se puede hablar de política partidista. Ven lo difícil que es arreglar este caliente punto. Los miembros de la Junta meten la cabeza en la arena, como el avestruz. Prefieren pensar que hay cosas que no se dan. Con ello faltan a su responsabilidad de buscar soluciones a los problemas. Lo del horario es inaplicable, pero hay fórmulas que se pueden discutir. Ya se sabe que los funcionarios que aspiran a cargos electivos tienen que presentar renuncia. Asimismo se tiene que pedir que los funcionarios que serán jefes de campaña nacional o provincial, también pidan licencia. La JCE auxiliada por grupos fiscalizadores independientes podría verificar si vehículos oficiales son utilizados en campaña. También es posible determinar si recursos del Estado se manejan para beneficio electoral. Por lo menos en algunos renglones. Está la publicidad en los medios de comunicación, el suministro de gasolina, las dietas, y otros incidentales. Sinceramente, es casi imposible poder evitar que se utilicen recursos del Estado en una campaña electoral. Las leyes dominicanas son frágiles, sin fuerza, sin penalizaciones, y una Junta que no se sabe de dónde sacará la autoridad para penalizar. Los grupos de oposición deben saber que llegar al poder no es propuestas basadas en ñoñerías. Van a una campaña donde se enfrentan a todo el poder del Estado, que los puede pulverizar. Para permanecer con fuerza y arrastre, la oposición solo tiene un camino y es correr, movilizarse y demostrar fuerza de calle. Su futuro no es de leyes ni medidas de la JCE, sino de sintonía con el pueblo. Sino lo comprenden, están perdidos. ¡Ay!, se me acabó la tinta.