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Según la Fiscalía federal, el esquema se llevó a cabo para financiar la campaña electora del 2020
Wanda Vázquez enfrenta cargos federales por soborno junto a un banquero internacional y un exagente del FBI
Puerto Rico.- Un gran jurado federal emitió ayer, miércoles, una acusación de siete cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero internacional Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
En conferencia de prensa desde las oficinas de la Fiscalía federal, en Hato Rey, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, reiteró en varias ocasiones que el caso presentado no contiene ni alega acto ilícito alguno por parte del gobernador actual Pedro Pierluisi.
En síntesis, la exgobernadora fue acusada de tres cargos: conspiración, soborno y fraude electrónico.
Según la acusación federal, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, Vázquez Garced participó en un plan de sobornos con varias personas, entre ellas Herrera Velutini y Rossini, para financiar la campaña electoral de la entonces gobernadora en 2020.
Herrera Velutini es propietario del banco internacional Bancrédito, que opera en San Juan. Rossini, por su parte, es un exagente del FBI que, según Muldrow, brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini y “facilitó pagos a consultores para dar apoyo a la campaña electoral de Vázquez Garced”.
Cómo fue el alegado esquema de soborno de más de $300,000
Detalla el pliego acusatorio que comenzando en el 2019 el banco de Herrera Velutini enfrentaba una auditoría de parte de la Oficina del Comisionado de Seguros, ente gubernamental que fiscaliza las instituciones bancarias en la isla.
“A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proveer financiamiento económico a la campaña de Vázquez Garced a cambio de que finalizara la auditoría a Bancrédito”, lee la acusación.
Las autoridades federales alegan que Vázquez Garced aceptó el soborno y en febrero del 2020 exigió la renuncia de la persona que dirigía la Oficina del Comisionado de Seguros y en mayo ubicó en la dirección a otro funcionario.
Además, el pliego acusatorio sostiene que después de que Vázquez Garced perdiera la primaria de agosto del 2020 por la candidatura a la gobernación, Herrera Velutini vio la oportunidad de sobornar a su “sucesor” a través de una persona que es identificada como el “ representante del oficial A”.
“Herrera Velutini alegadamente utilizó intermediarios para hacer su oferta de soborno”, indica el pliego acusatorio. Se indica además, que el banquero alegadamente dirigió un pago de $25,000 a un comité de acción política al que está asociado el “representante del oficial A” con la expectativa de que terminara la auditoría contra su banco.
En total, el esquema de soborno fue de más de $300,000 indica el pleigo acusatorio y la información brindada por las autoridades federales.
La acusación plantea que Herrera Velutini y Rossini prometieron financiar la campaña de Vázquez Garced a cambio de que la entonces gobernadora despidiera al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), a raíz de una auditoría que realizaba la OCIF en 2019 al banco de Herrera Velutini.
La exgobernadora aceptó la oferta en diciembre de 2020. Como parte del acuerdo, añadió Muldrow, Vázquez Garced accedió a nombrar un nuevo comisionado de OCIF que sería elegido por Herrera Velutini.
“A cambio, pagaron más de $300,000 a consultores políticos en apoyo a la campaña de gobernación”, precisó Muldrow.
De ser hallados culpables, pueden enfrentar, cada uno, una pena máxima de 20 años de prisión. Herrera Velutini está en Reino Unido y el exagente federal se encuentra en Madrid.
En el esquema de soborno también participó John Blakeman, colaborador y recaudador de la campaña electoral de la exgobernadora –y quien se declaró culpable tras un acuerdo con la Fiscalía federal–, y Frances Díaz, quien era la CEO del banco internacional que pertenecía a Herrera Velutini.
“El alegado esquema de soborno llegó al nivel más alto en el gobierno de Pueto Rico, amenazando la confianza del pueblo en sus procesos electorales y en instituciones de gobierno”, sostuvo el asistente del fiscal federal, de la División Criminal del Departamento de Justicia federal, Kenneth A. Polite.
“El arresto de hoy no es motivo de celebración, es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta de oficiales públicos”, expresó el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González.
