Santo Domingo RD .- En un proceso inconcluso de rescate se mantiene esta zona, que es la mayor reserva hídrica de la República Dominicana

Es un trayecto de peligro y aventura por el lado sur de la carretera 41, que une a San José de Ocoa con Constanza. Son más de dos mil metros de elevación. Próximo a la cúspide se confunde con un valle encantado…

El parque nacional Juan Bautista Pérez Rancier, mejor conocido como Valle Nuevo, es una extensa reserva natural en la que converge una diversidad de ecosistemas.
De sus montañas nace la mayor reserva hídrica del país, más de 700 cuerpos de agua que alimentan afluentes troncales como los del Yaque, el Yuna, Río Grande y otros. Se estima que siete de cada diez productos que consumen los dominicanos se cultivan con esas aguas.

Pero toda esa riqueza natural, históricamente se ha visto amenazada por la explotación agrícola. El viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, explica que uno de los mayores peligros de la agricultura en zonas protegidas es que remueve la capa boscosa y el suelo pierde su capacidad de capilaridad de agua para nutrir los ríos.

Para el ambientalista Luis Carvajal no basta con sacar a los invasores de las áreas protegidas, sino que debe haber sanciones y sometimientos a aquellos que conociendo la condición especial que rige esas zonas realizan inversiones millonarias en infraestructuras para sembrar.

Valle Nuevo fue declarado área protegida hace más de dos décadas, sin embargo, no fue hasta el 2017 cuando el Ministerio de Medio Ambiente inició el rescate del parque. Durante la gestión de Francisco Domínguez Brito se tomó control de la parte norte, pero quedó inconcluso el trabajo en al menos 115 kilómetros cuadrados de la parte sur, es decir, por San José de Ocoa.

Ahora las autoridades han vuelto a retomar el plan detenido por casi cuatro años y, amparados en una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, emitieron la resolución 16-21 que fija un plazo de 100 días para desalojar Valle Nuevo en la parte sur, que comprende unas 45 mil tareas de tierra sembradas en diferentes puntos de los parajes La Nuez, Las Espinas, La Horma y otros, según datos que manejan las autoridades.

“El parque tiene cáncer. Si para sanar un paciente de cáncer hay que cortar un brazo, no se puede pensar. Ahora, que después tengamos que poner un brazo mecánico, lo pondremos, pero actualmente estamos trabajando para frenar el cáncer que tiene degradadas las cuencas productoras de agua de este parque”, sentencia Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas.

Sin embargo, hablar de 45 mil tareas de siembra es hablar de cientos de productores, campesinos y toda una cadena de personas que se benefician de esas tierras.

El pulso entre agricultores y Medio Ambiente

La angustia les invade. Llevan toda una vida en la franja sur de Valle Nuevo y el ultimátum de las autoridades les llegó como un ventarrón al que se resisten. Los campesinos de Valle Nuevo sur aseguran que “solo muertos” los van a sacar de esos terrenos.

El conteo regresivo para desalojar el lindero parece no intimidar a agricultores de la zona que continúan su cronograma de siembra y se muestran renuentes a abandonar las tierras en las que aseguran han crecido.

“Pa yo irme a testá pal pueblo, y quién le dijo al gobierno que nosotros nos vamos a testar pal pueblo. Es a trabajá aquí que vamos”, exclama Juan María, de 72 años, mientras limpia las habichuelas que cosechó.

Vinicio Sánchez, otro productor de la zona conocida como La Horma, tiene listas dos mil unidades de plantas de aguacate hass orgánicos para sembrar en 50 tareas de tierra y luego exportar a través de la empresa Eurofresh. Son más de 40 años, dice, cultivando esos terrenos con diferentes rubros, actividad con la que ha sacado adelante su familia.

En Valle Nuevo, la resolución 16-21 de Medio Ambiente no ha detenido la plantación y, al parecer, tampoco acelerará la cosecha. Los agricultores en la zona aseguran que cultivar sus producciones les tomaría más de 100 días. Adelantarlo provocaría pérdidas millonarias, calculan.

El presidente de la Asociación de Productores de La Horma, Wilton Custodio, dice que el desalojo afectará unas 400 familias y 700 agricultores, muchos de los cuales aseguran tener financiamiento del Estado y registro de propiedad desde antes que esa zona fuera declarada área protegida. Sin embargo, el levantamiento de las autoridades muestra otro panorama. De acuerdo con Medio Ambiente, son apenas unas 35 familias las que habitan la zona y no poseen títulos de propiedad.

Pero bajando montaña el desalojo podría tener un efecto dominó tanto en la economía local como nacional.