Santo Domingo RD .- Nuevos allanamientos y apresamientos de personas que podrían ser incluidas en la acusación del entramado de corrupción desmontado mediante la operación Antipulpo se estarían produciendo en las próximas horas.

Los nuevos apresamientos se ejecutarán a raíz de las investigaciones especiales de la Cámara de Cuentas que revelaron nuevos detalles sobre las supuestas negociaciones viciadas de las empresas de Juan Alexis Medina con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

La información la ofreció a Diario Libre una fuente del Ministerio Público relacionada con la investigación, en un comentario con relación a la publicación de este jueves 2 de diciembre, titulada “Acusación caso Antipulpo va a pasar por su primera prueba de fuego”.

De acuerdo con la información, a pesar de que han salido a relucir decenas de nombres de personas que estarían relacionadas en actividades ilícitas con las empresas de Alexis Medina Sánchez, no todas serán incluidas en la acusación, ya que algunas de ellas están aportando información para la investigación y podrían servir como testigos en un posible juicio de fondo.

El entramado

El Ministerio Público determinó que Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red de corrupción aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.

Las autoridades aseguran que mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, Alexis Medina y los demás imputados crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.

Cámara de Cuentas halla anomalías en compra de asfalto AC-30 en gestión de Gonzalo Castillo en Obras Públicas

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana confirmó las denuncias de irregularidades en los contratos para la contra del material asfáltico AC-30 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP), dirigido entonces por Gonzalo Castillo, y la empresa General Supply Corporation.

Entre las anomalías encontradas en la investigación está que se pagó sin evidencia de soporte documental el monto de RD$3,500,000,000, por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la retribución del 10 % en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa.

Asimismo, una diferencia en AC-30 importado, versus el facturado, por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalentes a RD$359,712,488, según el Informe de la Investigación Especial Practicada al Suministro de Material Asfáltico AC-30 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa General Supply Corporation, SRL. El documento fue subido la noche de este jueves a la página web de la Cámara de Cuentas. Esta investigación se realizó a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en fecha 13 de mayo de 2021.

También se encontró “excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD$3,767,329; pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD$484,117,400 y pagos realizados sin evidencia de certificación DGII y TSS, ascendentes a RD$422,992,993”, dice el documento.

Además, se encontró en el peritaje que hubo ejecución de contrato sin evidencia de poder especial presidencial; contrato sin cláusula del monto contratado y tampoco se halló evidencia de registro en la Contraloría General de la República. La Cámara de Cuentas también halló evidencias de adquisición de cemento asfáltico sin evidencia de apropiación presupuestaria y adquisición de derivados de petróleo a empresa sin evidencia de licencia.
El informe legal dice: “Los principales directivos de la entidad intervenida, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.

Por estas razones, el pleno de la Cámara de Cuentas remitió “la presente resolución al ente auditado, a los exministros y al ministro de Obras Pública y Comunicaciones, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y a la Procuraduría General de la República, atención Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a cualquier organismo contemplado en la ley, a efectos de que observen las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley n.°10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, y procedan con las medidas pertinentes”.

Documentación incompleta y respuesta de Castillo

La Cámara de cuentas dijo en su informe que de los libramientos suministrados por el MOPC, correspondientes a pagos a contratistas por facturación de HAC, verificó “expedientes de desembolsos con documentación de soporte incompleta, tales como: conduces, facturas, relación de conduces, entre otros, lo que impide validar la totalidad del HAC preparado con el AC-30, suministrado por la empresa General Supply Corporation, SRL, RNC n.° 131-

En respuesta a esto, el exministro de Obras Públicas respondió en carta del 25 de noviembre de 2021: “Respecto a esta observación, tenemos a bien precisar que en el departamento de Contabilidad del Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones reposan todos y cada uno de los expedientes de pago con sus respectivos soportes, después que los mismos son revisados y autorizados por la Contraloría General de la República (COR), cabe resaltar que dicha Contraloría General de la República digitaliza de manera íntegra cada expediente recibido y lo mantiene en sus archivos digitales, por lo que la información/ faltante bien puede ser ubicada con alguna diligencia personal adicional en los archivos de la Contraloría General de la República”.

Asimismo dijo que solicitó al ministro actual de Obras Públicas y a la Contraloría General de la República “en fecha 17 de noviembre de 2021, los expedientes y documentos /faltantes” a fin de que se permita “realizar los análisis completos de la documentación referida para dar respuesta a las cuestiones planteadas como objetivos del informe y de esa manera remitirlas oportunamente a esta Cámara de Cuentas (...)”.