Santiago de Chile, CHILE.- La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia del COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a la región hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19. Así lo señala el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020, publicación anual de la CEPAL dada a conocer hoy en el sitio web de la institución.

El informe analiza la respuesta fiscal de los países de la región frente a la crisis humana y económica provocada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19). Destaca la rapidez con que los países han reaccionado ante la crisis mediante la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan, en promedio, un 3,2% del producto interno bruto (PIB) de los países de América Latina. Como se detalla en el informe, estos paquetes contemplan medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo de liquidez respaldado por los gobiernos de la región.

No obstante, el informe señala que el manejo de la política fiscal en la actualidad se ve complejizado por un entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto.  A los aumentos del endeudamiento público observados durante la última década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica y menores precios de los productos básicos (commodities), mientras que las necesidades de gasto aumentan rápidamente para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia.

En este contexto, la CEPAL indica en el estudio que las medidas fiscales ya anunciadas representan un primer paso en lo que podría ser un largo camino hacia la recuperación de la región. De acuerdo al documento, en los próximos meses, y ante el eventual levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, los países deberán impulsar importantes medidas de estímulo fiscal con el objetivo de contribuir a la reactivación de la actividad económica, la inversión y la creación de empleo de calidad. Para ello serán necesarios mayores esfuerzos fiscales y que la región cuente con acceso adecuado a medidas de financiamiento.

Junto con examinar los retos de la política fiscal en el contexto actual de la pandemia y la evolución de las finanzas públicas durante 2019, el Panorama Fiscal 2020 de la CEPAL, analiza la problemática de la evasión fiscal en la región. La CEPAL estima que la región perdió 325.000 millones de dólares –equivalente al 6,1% del PIB– en 2018 por incumplimiento tributario. La evasión del impuesto sobre la renta corporativa en la región es especialmente aguda. Los sistemas tributarios en algunos países generan menos de 50% de los ingresos por concepto de este impuesto que en teoría deberían generar, lo que resulta en brechas tributarias de entre 0,7% del PIB y 5,3% del PIB. Frente a este desafío, los países de la región se encuentran desarrollando una serie de acciones e innovaciones para acotar los espacios para evasión y así impulsar la movilización de recursos internos para financiar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, agrega el informe.

El impacto del COVID-19 en múltiples aspectos económicos y sociales hace que la acción del Estado a través de la política fiscal, en general, y de los programas de gasto público, en particular, cobren una mayor relevancia, recalca la publicación. En este sentido, el documento examina el gasto público en clasificación funcional entre 2000 y 2018. Durante este período, el crecimiento del gasto público en América Latina se debió a mayores erogaciones destinadas a financiar políticas sociales. En particular, el gasto en salud, educación y protección social pasaron de representar 1,5%, 2,9% y 3,2% del PIB en 2000, a representar el 2,3%, el 3,9% y el 4,0% del PIB en 2018, respectivamente.

Sin embargo, como lo muestran los efectos sociales derivados de la pandemia, estos niveles de gasto son insuficientes para atender las demandas sociales que enfrenten los países de la región y proveer bienes y servicios públicos de calidad. Adicionalmente, el informe establece que la política de consolidación fiscal en los últimos años ha acortado el crecimiento del gasto social y ha provocado una contracción de los gastos de capital, particularmente los relacionados con la inversión en transporte.

Según la CEPAL, en la medida en que la región supere la contingencia sanitaria, se abrirá una oportunidad para reconstruir una mejor realidad para los países de la región, con sociedades más inclusivas e igualitarias.

La pandemia ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad. Por lo tanto, la región debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los sistemas de protección social – incluyendo la adopción de un ingreso básico universal-, y que proporcionen sistemas de educación y salud de calidad, y sistemas de pensiones de calidad, enfatiza el informe.

En este sentido, la política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que dé prioridad a atender las necesidades de las sociedades de la región, finaliza el documento.