NUEVA YORK.- El propietario del complejo de viviendas Parkchester Preservation Management, fue multado con un millón de dólares por discriminación en el alquiler de vivienda y no rentarle a inquilinos con vale de sección 8 y de bajos ingresos.

A parte de pagar el millón de dólares, el dueño del complejo que tiene más de 6 mil apartamentos deberá reservar 850 de ellos para personas con vale de vivienda financiadas por el gobierno, incluido el programa federal Sección 8.

Las leyes estatales y municipales de NY prohíben que los propietarios se nieguen a aceptar inquilinos porque utilizan la ayuda del gobierno para pagar el alquiler, una práctica generalizada conocida como discriminación por fuente de ingresos.

El complejo Parkchester, ubicado en el 2000 de la avenida E Tremont, en El Bronx, está compuesto por 171 edificios, de 8 y 13 pisos de altura cada uno, que albergan más de 33,500 inquilinos, siendo el 35,1 % afroamericanos; el 33,0 % hispanos, entre ellos cientos de dominicanos; el 2,7 % de banco; 25,4 % asiáticos, y 3,8 % de otras etnias.

La Comisión de Derechos Humanos de NYC y la organización sin fines de lucro Fair Housing Justice Center (FHJC) llegaron a un acuerdo con la empresa inmobiliaria después de una investigación de un año, y se descubrió la discriminación en materia de vivienda al impedir que inquilinos con subsidios de vivienda alquilaran más de 6.000 apartamentos en su desarrollo.

Como parte del acuerdo, Parkchester también pagará hasta $63,750 dólares en daños a los solicitantes a quienes se les negaron apartamentos, y pagará $150,000 al Centro de Justicia de Vivienda Justa, que comenzó la investigación en 2016.

Asimismo, acordó eliminar los requisitos de ingresos mínimos para los titulares de vales.
“Este anuncio es una victoria para los neoyorquinos comunes que buscan una vivienda segura y estable, y una señal de advertencia para cualquier grupo depredador que intente dañar a los inquilinos”, dijo el alcalde Eric Adams en un comunicado.

El FHJC (https://fairhousingjustice.org/es/) trabaja para eliminar la discriminación en la vivienda; promover políticas que fomenten comunidades abiertas, accesibles e inclusivas, y fortalecer la aplicación de las leyes de vivienda justa.