Santiago RD.- - La Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago conocerá este viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción contra once agentes de la Policía Nacional, imputados por la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita.

El Ministerio Público depositó este jueves la instancia en la que solicita al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva a los encartados y que el caso sea declarado complejo, dada la gravedad de los hechos, el número de imputados y el fuerte impacto social generado.

Entre los acusados figuran oficiales y alistados adscritos a distintos departamentos de la institución, incluyendo al mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Gómez Rodríguez y el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas. También serán procesados los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, así como el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, todos pertenecientes al Departamento de Investigación de Delitos Complejos.

De igual forma, están imputados el mayor Hansel M. Cuevas Carrasco, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, el cabo César Augusto Martínez Trinidad y el raso José Octavio Jiménez Peña, de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central.

Las víctimas fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. El hecho ocurrió en una plaza comercial de la avenida Olímpica, donde operaba la barbería propiedad de Valerio Estévez.

Familiares de este último y de su cliente, Julio Alberto Gómez, aseguran que ambos fueron ejecutados extrajudicialmente. Los parientes de los otros fallecidos también califican el hecho como una “ejecución masiva” y claman por justicia, exigiendo que el caso no quede impune.

La audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia Federico Álvarez, y se perfila como uno de los procesos judiciales más sensibles y seguidos públicamente en Santiago, no solo por la cantidad de agentes implicados, sino por la creciente presión social que exige sanciones ejemplares.