Buenos Aires, Argentina . En Argentina hay una ley no escrita que establece que el poder Judicial se acomoda al gobierno de turno. Lo favorece. Y al que va de salida, lo perjudica. Más allá de la solidez o debilidad de las investigaciones que involucran a presidentes, los oscilantes vientos de la justicia se reacomodan cada fin de ciclo político.

Estos días lo demuestran. Bastó que el peronismo ganara las elecciones presidenciales para que se pusieran en duda los avances y desenlaces de las múltiples investigaciones en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta electa. Y para que se colocaran en primer plano las denuncias que acosarán al presidente Mauricio Macri una vez que el 10 de diciembre le entregue la banda presidencial a su sucesor, Alberto Fernández.

Los roles se intercambian. En diciembre de 2015, cuando Macri asumió como presidente, arrastraba desde hace años un procesamiento por su presunta participación en una red de espionaje ilegal. Pero a fines de ese mes, sorpresivamente, la justicia lo sobreseyó. Y las más de 200 denuncias judiciales que había en su contra se cerraron o paralizaron.

Por el contrario, en cuanto Fernández de Kirchner dejó el poder, se aceleraron las causas que la involucraban. El periplo judicial de la ex mandataria se convirtió en un reality show en el que la prensa tradicional, la más influyente, opositora al kirchnerismo y oficialista del macrismo, relató con gran despliegue, en vivo y en directo, los pormenores de las acusaciones y sus declaraciones. Y la condenó por anticipado.

Las causas de Fernández de Kirchner
A cuatro años de haber concluido su presidencia, Fernández regresa al primer plano del poder político, en calidad de vicepresidenta, con nueve procesamientos en su contra, siete investigaciones ya elevadas a juicio oral y cinco pedidos de prisión preventiva que no pudieron concretarse gracias a que desde 2017 gozó de fueros parlamentarios como senadora.

Uno de los principales problemas de las investigaciones en contra de la ex presidenta, que en su mayoría son por corrupción, es que tuvieron más un halo de venganza que de justicia, con jueces y fiscales que no ocultaron su evidente sesgo antikirchnerista
 
Asumirá su cargo, también, sólo una semana después de haberse convertido en la primera vicepresidenta electa de la historia argentina que declara imputada por corrupción ante un tribunal. Lo hizo ayer, en la llamada 'causa Vialidad' en la que se le acusa de haber liderado una asociación ilícita que de 2003 a 2015 perjudicó al Estado con pérdidas por millones de dólares al beneficiar al empresario Lázaro Báez, amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, con 51 contratos otorgados con sobreprecios y con obras públicas que, en muchos casos, no se realizaron.

Fernández de Kirchner negó otra vez las acusaciones y repitió que las causas forman parte de la persecución judicial contra líderes populares en Sudamérica. "Este tribunal seguro ya escribió la condena. No me importa. A mí me absolvió y me absolverá la historia y a ustedes los va a condenar", les advirtió a los jueces del tribunal.

Además de este proceso, siguen en marcha las causas 'Hotesur' y 'Los Sauces' (nombres de empresas de la familia Kirchner sospechadas de haber lavado dinero de la corrupción), que ya fueron elevadas a juicio oral, aunque todavía no tienen fecha de inicio. Lo mismo pasa con el proceso de los 'cuadernos' que investiga una supuesta red de sobornos que un chofer registró a mano en sus cuadernos. O con la 'cartelización de la obra pública', en la que Fernández de Kirchner quedó procesada con cargos de cohecho pasivo en 175 casos. La ex presidenta también carga con acusaciones por subsidios irregulares a trenes, la posesión de documentos históricos, la autorización de operaciones con el dólar a fines de su mandato, la firma de un Memorándum con Irán (para supuestamente favorecer con la impunidad a los autores del atentado sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina) y el uso de aviones oficiales para uso personal.

 
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Uno de los principales problemas de las investigaciones en contra de la ex presidenta, que en su mayoría son por corrupción, es que tuvieron más un halo de venganza que de justicia, con jueces y fiscales que no ocultaron su evidente sesgo antikirchnerista.

Por eso es una incógnita qué pasará ahora con el cúmulo de investigaciones contra Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y decenas de ex funcionarios de sus gobiernos. Uno de los escenarios posibles es el antecedente del ex presidente Carlos Menem, emblema de la corrupción, quien, a pesar de haber sido condenado por tráfico de armas, no tuvo que cumplir condena alguna al no agotarse las instancias judiciales, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia que debe ratificar la pena. El fallo quedó en el limbo y, a sus 89 años, Menem goza de los beneficios de seguir ocupando una banca en el Senado.

Macri y el imperio de la construcción
En el caso de Macri, los dolores judiciales apenas comienzan. El presidente es heredero de un imperio de la construcción creado en la dictadura y fortalecido en democracia a través de un sistema de reparto de la obra pública atravesado por sobornos, y de los que responsabilizó a su padre, el fallecido empresario Franco Macri. Entre muchas otras causas, también estuvo procesado por contrabando de autopartes y por espionaje ilegal. Sin embargo, gracias al apoyo de los principales medios y de una exitosa campaña de propaganda logró limpiar su imagen pública y presentarse como un candidato cuya "honestidad" contrastaba con la "corrupción" del kirchnerismo. Ese fue parte de su éxito electoral.

Aun hoy, sus votantes le creen. A poco de dejar el poder, los expedientes en su contra comenzaron a reactivarse.

Uno de los casos más graves comenzó en febrero de 2017, cuando el periodista Ari Lijalad reveló que el gobierno había firmado un acuerdo para que el Correo Argentino, propiedad de los Macri, pagara una deuda que mantenía con el Estado desde el 2001. El pacto se firmó en junio de 2016, apenas seis meses después de que Macri asumiera como presidente, y permitía que la empresa familiar cubriera cifras irrisorias de capital e intereses, pero nada de eso se informó públicamente. Es decir: Macri benefició a los Macri en secreto.

Al investigar el caso, la fiscal Gabriela Boquín consideró que las cifras en realidad eran una condonación y no un pago, ya que implicaban una rebaja del 98,8% de la deuda original dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la misma (16 años). Un análisis técnico ordenado por la fiscal concluyó que, en valores actualizados, la deuda equivalía a 4.277 millones de pesos (unos 285 millones de dólares) y llegaba hasta los 70.000 millones de pesos porque ese sería el monto en 2033, año en el que se pagaría la última cuota acordada.

En el caso de Macri y de sus funcionarios parece que sí regirá la necesaria presunción de inocencia. Será un avance
 
El escándalo creció de tal manera que el presidente fue imputado judicialmente y su popularidad se vio afectada, por lo que se vio forzado a anunciar la cancelación del acuerdo y el reinicio de las negociaciones para resolver la deuda del Grupo Macri con el Estado.

Pero eso nunca pasó. El Grupo Macri sigue sin pagar y la investigación judicial no tuvo avances significativos. Con el presidente fuera de Casa Rosada se prevé que, ahora sí, el caso tomará impulso.

Lo mismo ocurre con otras causas que, en principio, están teñidas de conflicto de intereses, ya que la justicia investiga si Macri benefició a Autopistas del Sol, una firma vinculada a la familia Macri, en renegociaciones irregulares que permitieron que la empresa le cobre al Estado una sospechosa deuda millonaria y goce de la concesión del cobro de peajes en autopistas hasta el 2030, aunque el contrato original vencía en 2023. Está, además, la denuncia por las licitaciones de parques eólicos que favorecieron a la familia del presidente con ganancias de alrededor de 20 millones de dólares. Y podría reabrirse la causa por el decreto que firmó Macri sobre blanqueo de capitales y que también terminó beneficiando a su millonaria familia.

A diferencia de lo que ocurrió con Fernández de Kirchner, en el caso de Macri y de sus funcionarios parece que sí regirá la necesaria presunción de inocencia. Será un avance.
@ceciazul