Santo Domingo RD  – El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 17 de noviembre el inicio del juicio preliminar contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y los demás acusados de sabotaje, terrorismo y estafa contra el Estado dominicano, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el marco del caso Operación Camaleón.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas, señaladas de integrar una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos que operaba desde el Intrant y el Ministerio de Defensa.

Entre los imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología. También fueron acusados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Empresas involucradas

Las empresas involucradas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., todas señaladas por haber servido como vehículos financieros y operativos para el desvío de fondos públicos, lavado de activos y sabotaje tecnológico.

Según el Ministerio Público, la investigación identificó diversas líneas delictivas que incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, sabotaje a infraestructuras críticas, falsificación, contrabando, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo y lavado de activos.

El eje central del entramado, de acuerdo con la acusación, es José Ángel Gómez Canaán, quien controlaba un grupo de empresas interconectadas que presuntamente se beneficiaron de contratos fraudulentos y manipularon sistemas de semáforos, videovigilancia y otras infraestructuras tecnológicas del Estado.

En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra varios de los acusados, incluyendo prisión preventiva y presentación periódica.

La Pepca sostiene que el caso Camaleón representa una de las tramas de corrupción tecnológica más sofisticadas descubiertas en los últimos años, al involucrar tanto la manipulación digital de sistemas públicos como el uso de estructuras corporativas para lavar fondos y ocultar bienes adquiridos ilícitamente.