Santo Domingo, RD.- La empresa Quicksilver, LTD, que mantiene una demanda legal por la propiedad de 700 mil metros cuadrados en Santo Domingo Este, reveló que la litis judicial tiene su origen en un proceso fraudulento de transferencia de derechos que afecta directamente a esa entidad, a los principales bancos del país y a más de 400 adquirientes de inmuebles en la urbanización Paraíso Oriental.

El doctor Ulises Cabrera, quien encabeza el consejo de abogados de Quicksilver, aseguró que los hechos que se conocen en la Jurisdicción Inmobiliaria, configuran lo que podría ser uno de los mayores fraudes inmobiliarios registrados en el país, no solo por la extensión de los terrenos afectados, sino también por los montos millonarios que representa su valor financiero. Dijo que el reclamo conocido recientemente por la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, es parte de un proceso fraudulento de transferencia de derechos, deslinde, refundición y subdivisión realizado por las compañías Paraíso Antillano, S.R.L. y Paraíso Caribeño, S.R.L., quienes detentan la ocupación de los terrenos donde está enclavada la urbanización Paraíso Oriental.

El doctor Cabrera, quien comparte la representación de Quicksilver con los abogados Ángel Pérez Mirambeaux, Miguel Valerio, Johedinson Alcántara Mora y Pedro Joaquín Romero Arnó, lamentó las molestias y perturbaciones derivadas de la acción judicial, pero aseguró que esta ha sido la única vía lícita que ha tenido su representada para defender sus derechos, después de agotar ingentes esfuerzos para arribar a un acuerdo razonable y apegado al derecho.

Indica que tanto la compañía Quicksilver como los adquirientes de inmuebles de “Paraíso Oriental”, han sido víctimas de una estafa que deberá ser debidamente esclarecida por el tribunal apoderado. Detalla prácticas fraudulentas Señaló que en el escrito introductorio de la litis presentado en la primera audiencia se narra detalladamente la historia del manejo irregular de la transacción, se presentan los argumentos de derecho y se aportan numerosas piezas documentales.

De acuerdo al jurista, las evidencias incluyen un acto de compraventa de fecha 21 de julio del 2001, argüido de nulidad por simulado, una sentencia que dispuso la subdivisión de los terrenos, centenares de contratos de compraventa, así como certificaciones de los documentos corporativos de las empresas que participaron en las compraventas, entre las que se evidencia la familiaridad y estrecha vinculación entre vendedores y compradores, precios irrisorios, situación de impago y ventajas exorbitantes en términos de beneficios económicos de los accionistas involucrados.

Sostuvo que el fundamento de la demanda, en términos legales, radica en la aplicación de la figura jurídica de la simulación y, por consecuencia, de la nulidad de los actos de compraventa que se generan a partir de ella. Resaltó que sobre el tema se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia al decidir casos similares, en el entendido de que “…los jueces del fondo pueden determinar que constituye un fraude y una simulación el hecho de que el comprador de una propiedad, cuyo precio no fue pagado, traspasara el inmueble sucesivamente a nombre de personas jurídicas en las que figuraba como accionista principal.”

Dijo que la demanda persigue que el tribunal apoderado, aplicando las previsiones de la ley 108-05 del 23 de marzo del 2005, sobre Registro Inmobiliario y sus modificaciones, aquilate no solo la gravedad y calibre de la reclamación, sino también la gran injusticia y estafa que representa el caso para la impugnante y para centenares de personas que han adquirido inmuebles y viviendas en los terrenos afectados por las acciones denunciadas.

Para conocer el reclamo, el Juez coordinador apoderó a la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, donde se conoció la primera vista el pasado 10 de octubre, a la que asistieron cerca de cuarenta abogados representantes de la parte demandante, de las centenares de personas físicas y jurídicas, así como de las principales entidades bancarias, asociaciones de ahorros y préstamos y sociedades de intermediación que han financiado proyectos millonarios y compraventas con hipotecas a muchos adquirientes de solares y apartamentos en la indicada urbanización.