Santo Domingo RD.- En julio de 2023, la Cámara de Diputados de la República Dominicana presentó un informe de auditoría financiera que señala presuntas irregularidades en la gestión de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). En el documento se acusa al presidente del organismo, Janel Andrés Ramírez Sánchez, de haber archivado varias auditorías que contenían indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil.

De acuerdo al informe Ramírez Sánchez, en una entrevista con legisladores, pidió que se designaran reguladores y técnicos "docentes" para supuestamente fortalecer el trabajo del organismo fiscalizador.

En el mismo se destaca el alto costo de operación de la CCRD, que manejó un presupuesto superior a los 6 mil millones de pesos en cuatro años.

“Por ejemplo en el caso de Janel que devenga un salario de 423 mil pesos mensuales, nosotros le hemos literalmente regalado a él más de 22 millones de pesos en estos cuatro años y ellos mismo admiten que han sido incompetentes y que no han cumplido con su rol”, afirmó la periodista.

Según el informe, en ese periodo la CCRD realizó solo 12 auditorías, muy por debajo del cronograma legalmente establecido. “Por ejemplo de 79 que había planificado para el 2021 solo hizo 10 y de 28 para el 2022 solo se hicieron dos”, detalla.

Acusaciones contra los miembros de la Cámara de Cuentas

Entre las instituciones que Ramírez Sánchez es imputado de rechazar y archivar ilegalmente informes de auditoría se encuentran la Comisión Hípica Nacional del Hipódromo Quinto Centenario, la Federación Dominicana de Ajedrez, la Dirección General de Ganadería, el Partido Reformista Social Cristiano, el Ayuntamiento de Villa Altagracia, el Ayuntamiento de Cotuí, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA).

Además, se le acusa de usar el presupuesto del organismo de manera irregular, favoreciendo el pago de indemnizaciones directas a empleados desvinculados. También se le señala por no convocar al Pleno a sesiones obligatorias y por elaborar el presupuesto sin una comisión especializada, enviándolo directamente al Congreso Nacional.

Otras imputaciones

La vicepresidenta del organismo fiscalizador, Elsa María Cataño Ramírez, está acusada de alterar actas oficiales, firmando resoluciones sin que el Pleno las haya conocido ni aprobado. “Supuestamente ella alteraba actas excluyendo de forma irregular los votos disidentes e incluyendo votos a favor, según lo que dice la Cámara de Diputados”, indicó .

Además, se le imputa haber participado en sesiones para desvincular personal y usurpar funciones del presidente.

Tomasina Tolentino de McKenzie, secretaria de la CCRD, enfrenta las mismas acusaciones que Cataño Ramírez y es señalada de haber provocado una crisis institucional al exhibir un comportamiento fuera de lugar y de usurpar las funciones del presidente del órgano. Asimismo de solicitar documentación a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sin autorización.

Junto a Ramírez Sánchez, Cataño Ramírez y Tolentino de McKenzie, también están implicados los miembros del Pleno Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, quienes enfrentan señalamientos por faltas graves.

Finalmente, Encarnación cuestionó por qué, a pesar de las evidencias presentadas, no se ha procedido con destituciones, investigaciones más profundas ni con un juicio político contra los responsables.