SANTO DOMINGO RD .- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este martes sobre la incautación de 206 bocinas durante operativos realizados en diversos sectores del Gran Santo Domingo para combatir la contaminación sónica. En un acto celebrado en la explanada del Palacio de la Policía Nacional, las bocinas fueron entregadas formalmente al Ministerio Público, conforme a los procedimientos legales establecidos.

Raful destacó que estas incautaciones forman parte del trabajo coordinado entre el Ministerio de Interior y Policía, el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), la Policía Nacional y el Ministerio Público, con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana y el orden público.

Subrayó que la Operación Garantía de Paz, iniciada en septiembre de 2024, incluye la regulación del expendio de bebidas alcohólicas y la supervisión de establecimientos que puedan alterar la paz comunitaria, especialmente por contaminación sónica.

“La Ley 90-19 condena la contaminación sónica y regula los decibeles permitidos para que el ruido no afecte a los vecinos ni a la comunidad”, recordó.

Asimismo, hizo un llamado a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas para que operen con conciencia y responsabilidad, respetando el derecho al descanso y la tranquilidad de los ciudadanos.

“Nadie tiene que alterar la paz de una comunidad. Estas 206 bocinas representan nuestro compromiso de garantizar que la seguridad ciudadana y la paz no sean vulneradas”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que la Policía Nacional y el Ministerio de Interior, en colaboración con la ciudadanía, seguirán trabajando para mantener el orden y prevenir conflictos derivados del incumplimiento de las normativas.

Comerciantes de la música quieren sus bocinas, dicen pérdidas ascienden a los RD$500 millones

Un grupo de comerciantes ligados a los equipos de sonido y música, exigieron este martes la devolución de las bocinas, alegando la acción violenta la Constitución.

En ese sentido Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, reveló que los afectados con la medida han registrado pérdidas ascendente a los 500 millones de pesos.

«Son cerca de 500 millones de pesos los que han sido despojados a los ciudadanos, y a nadie se le ha otorgado un acta de la incautación de sus equipos», precisó García mediante una rueda de prensa.

Aseguró que la acción violenta derechos fundamentales y Ley No. 90-19 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora.

«Esta violación a la Constitución y a las leyes no es posible.. no entendemos como funcionarios se abrogan esos derechos», subrayó.

Condenó que las zonas de «tolerancia» donde puede practicarse este tipo de recreación fueron cerradas por el ministerio de Interior y Policía.

«Incluso en diciembre pasado 24 y 31, nos reunimos con la ministra y la resolución decía que, el horario era de libre venta, y de libre participación 24 horas, sin embargo a las once de la noche fueron a cerrar los colmados y colmadones», recordó.

Qué dice la Ley 90-19

Ley No. 90-19 que modifica la Ley No.287-04, del 15 de agosto de 2004, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora, establece que:

Se prohíbe el ruido nocivo, molesto o perjudicial para la salud dentro de la República Dominicana, cualesquiera que fuere su origen y lugar, y por tanto constituye un delito ambiental, cualquier persona que produzca ruidos será sancionada de la manera siguiente:
1) Colmados, tiendas de licores, bares, clubes diurnos y nocturnos, cafeterías, y otros lugares abiertos que tengan actividad comercial que impliquen la producción de ruidos, con la pena de tres a veinte salarios mínimos de los establecidos por ley.
2) Sitios públicos concebidos para la recreación y el esparcimiento de las familias, con una pena de tres a veinte salarios mínimos de los establecidos por ley.
3) Vehículos de motor en la vía pública, mediante el uso de bocinas o equipos de música alterados (fuera de lo que trae el vehículo de fábrica), o falta de silenciadores en el escape, con pena de cinco a treinta salarios mínimos establecidos por ley.
4) En zonas de tranquilidad establecidas en las normas ambientales.