La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), representada por su Coordinador General, Dr. Francisco Rodríguez Camilo, intimó al Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, a fin de que en el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2023, sean asignados a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir sus necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público y de la institución, en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley No.194-04.

Fiscaldom adviertio al mandatario de que en caso de no obtemperar a su requerimiento, los fiscales de todo el país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye, la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.

El Dr. Francisco Rodríguez Camilo, en su calidad de presidente de FISCALDOM, manifestó que también fueron intimados los señores Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la República; Alfredo Pacheco Osoria, Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana; José Manuel (Jochi) Vicente, Ministro de Hacienda; José Rijo Presbot, Director General de Presupuesto, los cuales conjuntamente con el Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona fueron intimados y puestos en mora para que en la elaboración, formulación, presentación y aprobación del presupuesto general de la nación para el año 2023 se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuradora General de la República puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del Ministerio Público, en cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 1 y 3 de la Ley No.194-04; y en el numeral 9.1.11, páginas 18 y 19 de la Sentencia TC0001/15 de fecha 28 de enero del año 2015, emitida por el Tribunal Constitucional, según consta en el acto No.304/2022 de fecha 20 de septiembre del año 2022, notificado por el Ministerial Isaac Rafael Lugo, Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

Destacó el Dr. Francisco Rodríguez Camilo, presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos, que con la asignación de los recursos económicos que les corresponden al Ministerio Público, se cristalizará y consolidará la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa consagrada en los artículos 169 y 170 de la Constitución de la República, y de esa manera este órgano extra poder adscrito al sistema judicial pueda cumplir con las reivindicaciones, las conquistas, y los derechos adquiridos por los miembros del Ministerio Público desde el año 2003, con la promulgación de la Ley No.78-03 (derogada), los cuales fueron incorporados a la Ley No.133-11, Orgánica del Ministerio Público, lo cual nunca se ha cumplido.

El Dr. Francisco Rodríguez Camilo, en representación de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) manifestó que como fruto de la negativa de los gobiernos anteriores de asignarles los recursos que les corresponden a la Procuraduría General de la República, a todos los miembros del Ministerio Público se les han violado sus derechos fundamentales, porque reciben el pago de un salario pírrico e insignificante, en violación a lo que disponen las leyes 78-03 (derogada) y 133-11, las cuales les asignan un salario, remuneraciones e incentivos al mismo nivel o superior al que les pagan a los jueces ante los cuales ejercen sus funciones, motivo por el cual, no soportarán más burlas de parte de las autoridades, ni violaciones de derechos fundamentales en perjuicio de todos los fiscales del país.

Según Francisco Rodríguez Camilo, presidente de FISCALDOM, otros derechos fundamentales que se les están violando a todos los miembros del Ministerio Público son: el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República; el derecho a la dignidad humana, establecido en el artículo 38 de la Carta Magna; el derecho a la protección y asistencia a las personas de tercera edad, contenido en el artículo 57; el derecho a la seguridad social para protegerlos en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez, entre otros.

Argumentó el magistrado Francisco Rodríguez Camilo que los fiscales carecen de un salario digno o decoroso, al nivel de las funciones que desempeñan y que no pueden ejercer ninguna otra actividad pública, ni privada; que trabajan en condiciones de peligrosidad, combatiendo la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y a pesar de todo, sus precariedades económicas los obliga a vivir en barrios marginados, conviviendo ellos y sus familias en sus vecindarios, rodeados de los focos de delincuencia argumentando que solo en San José de Ocoa, en el último mes cuatro (4) fiscales han sido víctimas de atentado de parte de sectores ligados a la delincuencia y al narcotráfico; que no tienen un plan de seguro médico de alta cobertura, por lo que en los últimos 15 días han muerto tres (3) fiscales, por carecer de buenas atenciones médicas y de medicamentos; que hay más de 50 fiscales en mal estado de salud provocado por el estrés laboral, padeciendo de cáncer, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, estomacales, digestivas, depresivas, ansiosas, Alzheimer, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca; y más de veinte (20) que están esperando la pensión por vejez o discapacidad. Sin embargo, no tienen un plan de retiros, pensiones y jubilaciones, como lo ordena la Ley No.133-11, en sus artículos 106 y 107, lo que trae como consecuencia que los hijos, la esposa (o) y los dependientes de los miembros del Ministerio Público están condenados a quedar desamparados, en miseria, y en precariedades, cosa ésta que no sucede con los jueces del Poder Judicial, los del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Central Electoral, la Policía Nacional, los militares, los maestros, los empleados del Banco de Reservas y del Banco Central.

Según la intimación hecha por la Asociación de Fiscales Dominicanos, representada por el Dr. Francisco Rodríguez Camilo, urge que el Presidente Luis Abinader Corona, entregue los recursos que les corresponden al Ministerio Público, para que la Magistrada Miriam Germán Brito y el Consejo Superior del Ministerio Público puedan: a) poner de inmediato el funcionamiento del plan de retiros, pensiones y jubilaciones del Ministerio Público; b) pagarles a los miembros del Ministerio Público el salario, remuneraciones e incentivos que les corresponden por mandato de la ley; c) asignarles a los miembros del Ministerio Público y su familia un seguro médico de alta cobertura, al mismo nivel de sus pares del Poder Judicial; d) que el Ministerio Público pueda contar con más recursos económicos para realizar mejores investigaciones y un trabajo más eficiente; e) que el Ministerio Público pueda contar con la logística necesaria para la realización de sus labores a nivel nacional; f) que sean mejorados los espacios físicos en los cuales los representantes del Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones; g) que puedan abrirse nuevos concursos para incorporar al Ministerio Público más personal idóneo en cantidad y calidad a fin de hacer mejor trabajo en contra de la delincuencia, la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país.  

Según Francisco Rodríguez Camilo, casi todos los miembros del Ministerio Público del país, están a la expectativa, esperando el llamado a paro nacional de las labores en el sistema de justicia, en cosa de que el Presidente de la República, Luis Abinader no les entregue los recursos correspondientes, para lo cual están coordinando y buscando apoyo y solidaridad de los jueces, de los defensores públicos, del Colegio de Abogados y de la sociedad civil. Sin embargo, esa decisión será la última ratio, porque estamos dando un compás de espera y les hemos dado un voto de confianza al Presidente de la República para que entregue los recursos necesarios al Ministerio Público, para que la magistrada Miriam Germán Brito y el Consejo Superior del Ministerio Público puedan cumplir con las disposiciones constitucionales y legales a favor del Ministerio Público; que tienen muy buenas intenciones para resolver los problemas que enfrenta el Ministerio Público, y están conscientes de las limitaciones, precariedades, peligrosidad, riesgos, obstáculos y dificultades que tienen los fiscales del país, a los cuales se les ha marginado, discriminado y violado sus derechos fundamentales.

Finalmente, Francisco Rodríguez Camilo, hablando a nombre de FISCALDOM, manifestó su apoyo total a la gestión y al trabajo realizado por las magistradas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso Gómez, las cuales son personas justas y defensoras de los mejores intereses del país.