Santo Domingo RD.- La fiscal del Distrito Nacional advirtió hoy que el descrédito causado por los comentarios y críticas que se hacen en las redes sociales y programas que se transmiten en el país ha provocado que personas serias y honestas no quieran ocupar puestos en el sector público.

Rosalba Ramos anunció, además, que inició una serie de investigaciones encaminadas a identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima.

Declaró que va a salvaguardar la libertad de expresión, pero recordó que la misma tiene límites que deben ser tomados en cuenta por el Ministerio Público.

Entrevistada en el programa Hoy Mismo, que se transmite por el canal 9 de televisión, dijo que esa situación ha motivado a que muchos no quieren ocupar puestos, incluso, en el Ministerio Público.

Ramos, además, publicó un mensaje en el que anuncia que inició investigaciones a raíz de las denuncias de difamación y supuesto chantaje, poniendo como ejemplo los casos que se siguen contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, ambos acusados de difamar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y a otras personalidades.

Investigaciones se centran en patrones de chantaje y difamación en el ámbito mediático

“Hemos iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento el uso indebido de plataformas mediáticas y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima en las actuaciones de los señores Ángel Martínez, Claudia Pérez -mejor conocida como “La Tora”-, Luis Alfredo Cabrera -conocido en las plataformas digitales como Kapulet-, José Maracallo, Fernando Peña y demás profesionales relacionados a dichas actividades. No permitiremos que la libertad de expresión -derecho sagrado en nuestra democracia- se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza”, dijo.

Señala el citado comunicado, que: “en los últimos meses, hemos sido testigos de una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, demandas por difamación y alegaciones de chantaje que involucran a comunicadores, medios y figuras públicas. Esta situación, más que un debate democrático, ha dado lugar a una incipiente industria del descrédito, donde la verdad se ve desplazada por intereses personales, extorsivos o políticos”.