Santo Domingo RD.- El ex vicepresidente de la República y dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Alburquerque, afirmó que el país “marcha como un barco a la deriva” bajo el actual gobierno, y anunció que esa organización política realizará una marcha el próximo 30 de noviembre en el Distrito Nacional para denunciar la situación nacional.

Alburquerque explicó que, aunque el acto forma parte del cierre de los dos congresos realizados por la Fuerza del Pueblo tras los pasados comicios, la actividad también busca llamar la atención sobre lo que consideran una gestión gubernamental sin rumbo. “No podemos ser indiferentes ante las cosas que están sucediendo en la República Dominicana”, declaró en una entrevista concedida a Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, transmitido por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya.

El dirigente opositor cuestionó que, tras los aguaceros provocados por la tormenta Melissa, colapsara un tramo de la circunvalación de Baní, cuya explicación oficial fue el uso de “materiales malos”. Se preguntó, además, si esa obra contó con una adecuada supervisión.

Recordó también el desplome del tanque de agua construido por el INAPA en Consuelo, San Pedro de Macorís, sobre el cual se informó que una junta oxidada falló. “Eso conduce a pensar que dicha estructura no recibía el mantenimiento necesario”, expresó.

Al referirse al apagón que afectó el Metro de Santo Domingo, pese a contar con una planta de 40 megavatios, señaló que el propio director de la OPRET, Rafael Santos, admitió que una unidad estaba fuera de operación por mantenimiento. “Es como si no hubiera rumbo, como si estuviéramos a la deriva”, lamentó.

Alburquerque también acusó al gobierno de “desnaturalizar” los programas sociales que él coordinó durante su vicepresidencia, asegurando que se han convertido “en un negocio” por la eliminación de controles esenciales.

Explicó que, originalmente, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) identificaba a los hogares pobres con apoyo de iglesias y organizaciones de la sociedad civil, mientras que la Administradora de Subsidios Sociales (ADEES) manejaba los fondos y relaciones con comercios autorizados. Las tarjetas Solidaridad tenían nombre, cédula y datos del beneficiario, lo que evitaba fraude y transferencias indebidas.

Sin embargo, denunció que actualmente se están reportando irregularidades, incluyendo tarjetas “al portador”, sin identificación, y casos de personas que han intentado cambiar decenas de tarjetas en supermercados. “El programa estaba garantizado y era transparente; ahora hay muchas inquietudes por lo que está pasando”, advirtió.