Según los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, los retiros con derecho a pensión han sido concedidos, en la mayoría de casos, por el tiempo de servicio brindado a la institución policial, y otros  por padecer de alguna discapacidad que les impide cumplir una correcta labor.

Sin embargo, menos del 60 porciento de las pensiones son efectuadas por deseo voluntario del agente.

La sumatoria se realizó producto de dos decretos, el 104-22 y el 718-22, en los que fueron colocados en condición de retiro a 2,407 y 416 miembros de esa institución, respectivamente.

En el decreto 104-22, emitido el mes de marzo pasado, se establece que esos miembros del cuerpo del orden fueron retirados por antigüedad en el servicio, por edad o por haber acumulado el tiempo máximo de permanencia en el grado (rango), y de igual forma se describe en el decreto 718-22, conocido el pasado miércoles.

En ambas disposiciones, los agentes ostentan rangos de coronel, teniente coronel, mayor, capitán, 1er teniente, 2do teniente, sargento mayor, sargento, asimilado, cabo y raso, entre otros. 

Durante la actual gestión han sido colocados en retiro a 202 coroneles;  198 tenientes coroneles, 209 mayores, 363 capitanes, 259 primer tenientes, 107 segundo tenientes, 118 sargento mayor, 38 sargentos, 29 cabos, 12 rasos, 60 asimilados y 10 igualados.

La Presidencia informó, en un comunicado, el pago de toda pensión otorgada con cargo al Fondo de pensiones y jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del Estado, tendrá efectividad a partir de la fecha en que el beneficiario formalice su solicitud de inclusión en la nómina de jubilados y pensionados civiles ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.

De acuerdo al último decreto, el 718-22, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, contando desde que la parte interesada  haya tramitado su solicitud de inclusión en la nómina de pensionados.

El Gobierno dominicano explicó que tomó las decisiones en base a la ley Orgánica de la Policía Nacional número 590-16 que tiene por objeto establecer y regular la organización, funcionamiento y principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional, los derechos, deberes, el estatuto de carrera, de la seguridad social y el régimen disciplinario de sus miembros.