Quito, Ecuador . - En Ecuador, aproximadamente el 80 % de embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años son por violación sexual, pero las menores están obligadas a ser madres, puesto que la ley penaliza el aborto severamente.


En Ecuador, más de 40 niñas y adolescentes de 10 a 14 años dan a luz cada semana, según un informe publicado este año por el Observatorio Social del Ecuador (OSE), con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

Las cifras que maneja el informe son de 2016. Ese año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dieron a luz 53.878 niñas y adolescentes de 11 a 19 años, 2.115 de ellas apenas alcanzaba los 14 años; no se registró ningún parto en niñas de 10 años, como sí ocurrió en 2015 (un caso) y en 2017 (dos alumbramientos).

En 2017, la cifra se elevó a 56.298 partos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, de acuerdo al INEC; 2.247 de esos partos fueron en menores de 14 años.

El informe, de 2018, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), denominado 'El poder de decidir. Los derechos reproductivos y la transición demográfica', revela que Ecuador tiene la tasa más alta de fecundidad adolescente de entre 15 y 19 años, con 111 casos por cada 1.000 jóvenes de esa edad.

En el listado le siguen Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, con entre 92 y 103 casos por cada millar de adolescentes.

El agravante
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, en su artículo 171, establece como delito de "violación" el acceso carnal a una menor de 14 años de edad.

Por ende, "todos los embarazos en niñas de 10 a 14 años, cuando el hombre es mayor de edad, se considera una violación, el grueso, prácticamente el 80 % de embarazos en ese rango de edad, son considerados violación", explica Irina Amengual, psicóloga, que actualmente trabaja con el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna y, previamente, coordinó una casa de acogida de madres adolescentes.

Aunado a ello, Amengual señala que se conoce que por lo menos el 35 % de los casos de adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años también son producto de violación.

"Eso significa que, en el fondo, el embarazo adolescente, todo este tema de niñas madres, está muy conectado con la realidad de la violencia sexual", enfatiza.

Aborto penalizado

En cuanto al tema legal, la situación es compleja en este país suramericano. Actualmente, según el artículo 150 del COIP el aborto solo es permitido o no es punible cuando existe peligro para la vida de la embarazada y por violación únicamente cuando es "en una mujer que padezca de discapacidad mental". El resto es penalizado severamente, con penas de seis meses a siete años de cárcel, y hasta 16 años, en caso de muerte de la paciente.

Entonces, no existe la posibilidad de que una adolescente, aunque se compruebe que haya quedado embarazada por un abuso sexual, acceda a un aborto seguro.

"¿Si como Estado reconocen que es una violación, que es un tema ilegal, que es punible, cómo es posible que no se les permita a estas niñas interrumpir esos embarazos que son producto de violencia sexual?", se pregunta Amengual y señala que esa es una de las luchas que mantiene Surkuna, organización que, junto a otras, apoya las iniciativas que se han llevado hasta el Congreso para que se apruebe la despenalización del aborto por violación, incesto y por varias causales más, como la malformación del feto.

Mujeres por la despenalización del aborto, frente a la embajada argentina en Quito, agosto de 2018. / Dolores Ochoa / AP
La psicóloga considera que el aborto por violación sería "parte de la reparación y el mínimo que tendría que existir para que estas niñas puedan, en cierta medida, reparar el daño y continuar con sus vidas".

Añade que "al no tener la opción de poder acceder a un aborto legal, no les queda más remedio que una maternidad forzada, es la única opción".

Hasta la muerte

En este contexto, en el que el aborto por violación no es legal, Amengual señala que el Estado "lo que hace es obligarlas a abortos inseguros y que, incluso, mueran".

Estas féminas acuden a lugares donde "no hay regulación", entonces, "ahí pueden morir, puede pasar cualquier cosa, pero por ser un lugar clandestino, nadie va a hacer nada".

Además, señala que las mujeres que mueren por el aborto inseguro son las más pobres, "porque no pueden acceder legalmente a un servicio que les garantice nada". Mientras, las que cuentan con más recursos económicos "normalmente pueden acceder a un aborto en unas condiciones en las que no van a morir".

"Alto riesgo"

La ginecóloga-obstetra Hilda Orozco, quien desempeña labores en el Hospital de los Valles, en Cumbayá, a las afueras de Quito, señala que "solo hablar de adolescencia y embarazo ya se lo cataloga en un alto riesgo".

De acuerdo a la especialista, las mujeres tienen "una edad biológica", en la que toda su parte física y mental está apta para adaptarse mejor al proceso de la maternidad y es "a partir de los 25 años".

La especialista explica que entre los 25 y 35 años existe una menor tasa de complicaciones de embarazos. Por ello, Orozco puntualiza que una gestación en menores de edad es considerada, en todos los casos, "de alto riesgo".

De acuerdo a la ginecóloga, los riesgos que puede conllevar un embarazo en una adolescente incluyen:

Riesgo de muerte fetal: hay muchos bebés que mueren dentro del útero porque la inmadurez del organismo de su madre no les da para un desarrollo.
Bebés con pesos bajos para su edad gestacional.

Restricciones de crecimiento y, por ende, bebés mucho "más chiquitos" de lo normal.

Ruptura prematura de membranas (se rompe la membrana amniótica o bolsa que rodea al bebé).

Partos pretérmino.

Preeclampsia: presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones.
Orozco señala que a estos riesgos se le suma que las adolescentes comúnmente acuden a su primera cita médica "a partir de la semana 16 o 20, ya muy avanzado el embarazo", porque no se ocupan de ello "hasta que han resuelto la parte del conflicto emocional y familiar".

Parto y lactancia

Las complicaciones no solo se limitan al embarazo. "El dar a luz también es complicado para ellas, muchas no tienen un desarrollo de su parte pélvica apta para un parto", menciona Orozco y señala que, entonces, "muy pocas consiguen hacer un parto vaginal, la mayoría tiene que ser una terminación por cesárea".

Imagen ilustrativa. Protesta en El Salvador en octubre de 2016. / Jose Cabezas / Reuters
La médica menciona, además, que pese a que muchas consiguen un desarrollo de las mamas durante el embarazo, "no es una buena idea que ellas hagan lactancias prolongadas". Señala que "como no han completado su propio desarrollo, empieza una competencia entre lo que ella necesita para terminar de desarrollarse y la producción de leche para un bebé".

Por ello, muy pocas consiguen hacer lactancias de más de un año, dice Orozco y comenta que la mayoría llegan a unos seis meses.

Daños psicológicos

Además de estos riesgos biológicos, de acuerdo a Amengual, estos embarazos, que en su mayoría están ligados a la violencia sexual, "tienen un montón de consecuencias en el ámbito psicológico" de las menores.

Presentan —dice la psicóloga— síntomas de reexperimentación, como pesadillas y otras acciones que les recuerdan eventos traumáticos sufridos (estrés postraumático). Incluso, hay ansiedad generalizada y depresión.

"Pasa, también, que los hijos producto de violencia sexual se parecen muchas veces físicamente a los agresores, eso también tiene un montón de connotaciones psicológicas para las adolescentes, porque es como un recordatorio constante de la agresión sufrida", dice la especialista y señala que esa situación se transforma en maltrato, negligencia o en no tener vínculos afectivos positivos con los niños.

También, señala que a las niñas y adolescentes abusadas les cuesta mucho ejercer vínculos afectivos estables y normalmente presentan ensimismamiento; esta cuestión —dice— se agrava cuando el caso es un incesto, "no es nada más violencia sexual, sino que el agresor es alguien del círculo cercano, el padre biológico, el padrastro, el tío, el abuelo, el hermano mayor".

Hay chicas que, además, han recurrido a conductas autolesivas, como el 'cutting' (cortarse la piel). Según la especialista, es una manera de aliviar ese malestar psicológico que no tiene otra forma de salir, porque no tienen las herramientas o el espacio para hablar de eso; además, según estudios que cita, dice que hay una reacción biológica, porque el cuerpo segrega sustancias u hormonas que compensan el dolor y les hace sentir mejor.

"Perpetuar el ciclo de violencia"
"A las niñas no les creen, hablan de esta violencia sexual que sufren, pero la familia no hace nada o no hay credibilidad ante el testimonio y, al final, se les obliga a ellas a cargar con todo lo que les ocurre", menciona Amengual.

De acuerdo a la psicóloga, las menores madres suelen desertar de la escuela y "entran en un tema de perpetuar el ciclo de violencia, porque al no terminar el colegio acceden únicamente a trabajos que son precarizados".

Amengual ha observado que mientras las adolescentes están bajo un sistema de protección (alguna casa de acogida), logran estudiar, porque les proveen el cuidado del niño; pero, al volver con sus familiares, hay un porcentaje alto de deserción, porque los adultos consideran que, en el fondo, es su responsabilidad.

"Son muchas las implicaciones, no solamente físicas y psicológicas, sino económicas, sociales que tiene para una niña ser mamá", subraya.

¿Y las condenas a los agresores?
Amengual señala que "se sabe que solo el 1 % de los casos que van a la justicia llegan a una sentencia condenatoria". Esto ocurre —menciona— luego de un proceso que demora años, que es profundamente revictimizante, con profesionales que no saben del tema de violencia sexual.

Según el COIP, el delito de violencia es castigado con 19 a 22 años de prisión.

Pero, la psicóloga señala que el castigo con prisión al agresor no debería ser el único factor para reparar a una víctima. "Una persona que fue violentada sexualmente y producto de eso, además, tiene un embarazo, necesita un montón de otras medidas", dice y, entre ellas, enumera:

Acceder a un aborto seguro.

Asegurarles educación, que el Estado tenga programas que sean específicos para ellas.
Establecer políticas de trabajo, promoción del empleo joven, específicamente en víctimas de violencia sexual o en madres adolescentes.
Aunque en algunos casos se indemniza a las víctimas, mejorar el tema económico.
No obstante, la especialista considera que cada sobreviviente tiene sus necesidades y se podría evaluar cuáles son para, con base en ello, reparar el daño causado.