Miami . - No hay descanso para los estafadores en América Latina, ni siquiera en ple­na pandemia. Desde Argentina a Pa­namá, varios funcionarios públicos se han visto obli­gados a renunciar ante crecientes reportes sobre la compra fraudulenta de respiradores, mascarillas y otros suministros médicos.

Las operaciones se caracte­rizan por unos precios hin­chados por los fabricantes y beneficios para interme­diarios con conexiones po­líticas, que ven la crisis co­mo una oportunidad para desviar fondos públicos.

“Donde hay necesidad extrema, eso trae que se flexibilizan las normas de gastos y siempre hay al­guien ahí buscando lu­crarse a través de la co­rrupción”, dijo José Ugaz, exfiscal peruano, que en­carceló al expresidente Al­berto Fujimori y presidió Transparencia Internacio­nal entre 2014 y 2017,

Los focos de infección si­guen creciendo en América Latina, donde impulsan la cifra de muertos, abruman hospitales ya precarios y amenazan con devastar maltrechas economías.

En este escenario, los reportes de fraude se han multiplicado. La policía de Río de Janeiro allanó el martes la residencia del gobernador, dentro de una creciente pesquisa sobre la supuesta malversación de parte de los 150 millones de dólares en fondos públicos destinados a construir hos­pitales de campaña.

42 gobernadores
En Colombia, 14 de 32 gobernadores están ba­jo investigación por delitos desde la malversación a la concesión ilegal de contra­tos sin concurso público. En Buenos Aires, la capital de Argentina, la fiscalía in­vestiga a un hombre con co­nexiones políticas por com­prar 15.000 mascarillas N95 que, pese a haber ca­ducado, le costaron a la ciu­dad 10 veces su precio de mercado.

Quizá el mayor escánda­lo esté en Bolivia, donde el ministro de Salud fue dete­nido en medio de acusacio­nes de que se compraron 170 respiradores a precios inflados. Los aparatos se ad­quirieron a casi 28.000 dó­lares cada uno. Sin embar­go, su fabricante en España dijo haberlos vendido a un distribuidor por apenas 6.000 euros (6.500 dólares) la unidad. Para empeorar las cosas, los dispositivos no son adecuados para un uso prolongado.

La investigación amena­za con descarrilar la candi­datura a la presidencia de la gobernante interina Je­anine Áñez. La mandataria asumió el cargo en noviem­bre, prometiendo una rup­tura con los 13 años de go­bierno izquierdista por Evo Morales, que renunció en medio de acusaciones de amaño electoral.

Se han registrado acusa­ciones similares de sobre­costes en Panamá, donde un importante asesor del presidente, Laurentino Cor­tizo, renunció al puesto, y el vicepresidente estaba ba­jo presión para que dimitie­ra después de que la fiscalía empezara a investigar los planes de comprar 100 res­piradores a casi 50.000 dó­lares cada uno.

En Brasil, que tiene la segunda cifra más alta del mundo de casos confirma­dos de COVID-19, la poli­cía de un estado creó una división para investigar delitos relacionados con la pandemia. Su nombre, “Corona Jato”, es un gui­ño al mayor escándalo de corrupción registrado en Brasil en los últimos años, el caso “Lava Jato” que des­veló el desvío de miles de millones de dólares de em­presas estatales.

BOLIVIA
Respiradores.
Quizá el mayor escán­dalo esté en Bolivia, don­de el ministro de Salud fue detenido en medio de acusaciones de que se compraron 170 respira­dores a precios inflados. Los aparatos se adquirie­ron a casi 28,000 dólares cada uno.