México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en la que aboga para que esa empresa se abstenga de reemplazar en su aplicación de mapas el nombre Golfo de México por Golfo de América.

Este jueves la mandataria dio a conocer el contenido del documento enviado al gigante tecnológico.

En esa misiva, el gobierno de México manifestó que la denominación de la zona geográfica conocida como Golfo de México, tiene un origen histórico ampliamente documentado y reconocido desde principios del siglo XVII en diversos mapas de carácter internacional.

Sheinbaum destacó que este nombre ha sido aceptado y utilizado por la comunidad internacional desde 1776.

"La denominación Golfo de México no obedece a una imposición de una fuente gubernamental única, como erróneamente sugiere Google, sino que es un nombre aceptado y registrado históricamente", argumentó la mandataria mexicana.

El nombre, dijo, además de ser utilizado como "costumbre internacional", se encuentra registrado legalmente en los índices de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), de la que México y Estados Unidos forman parte.

"Esta denominación es respaldada por doce tratados bilaterales vigentes entre ambos países, los cuales aseguran su reconocimiento en el orden jurídico internacional", agregó la presidenta.

Proyectada durante una conferencia de prensa, la carta también señala que el régimen internacional de las zonas marinas se estableció en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la cual entró en vigor a nivel internacional el 16 de noviembre de 1994.

¿De quién es el Golfo de México?

El Golfo de México, que cubre más de 1,6 millones de km2, es una cuenca oceánica contenida entre el océano Atlántico y el mar Caribe entre los litorales del este de México, el sureste de Estados Unidos y el occidente de Cuba.

Cinco estados mexicanos tienen costa en el golfo: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También tienen costa en el golfo los estados estadounidenses de Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas, y las provincias cubanas de Pinar del Río y Artemisa.

El golfo es una de las regiones de producción de petróleo en alta mar más importantes del mundo y representa el 14% de la producción total de petróleo crudo y 5% de la producción de gas natural seco de Estados Unidos.

Para México el golfo también es clave, ya que de ahí se extrae la mayor parte del petróleo del país, uno de los principales motores de su economía.

Existen acuerdos internacionales de delimitación fronteriza marítima establecidos por organizaciones como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entre Estados Unidos, México y Cuba.

La delimitación fronteriza del Golfo de México entre los tres países, también ha sido definida por la máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, la Organización Hidrográfica Internacional (IHO).

Se supone que Trump necesitaría la aprobación de México y Cuba para cambiar el nombre del cuerpo de agua.

El gobierno estadounidense también requeriría la evaluación y aprobación de varios organismos internacionales, incluidos la Organización Hidrográfica Internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Nombres Geográficos (UNGEGN).

Además, como el Golfo de México alberga una amplia variedad de hábitats y ecosistemas marinos y costeros, un nuevo nombre conllevaría cambios legales en cartas náuticas, mapas oficiales y legislaciones nacionales que cada país involucrado debería reflejar.

Sin embargo, si tanto México como Cuba se opusieran a cambiar el nombre del golfo, es probable que Donald Trump sí pueda cumplir su deseo, aunque otros países no reconozcan el nombre del Golfo de América.

En Estados Unidos hay mecanismos para renombrar lugares reconocidos por el gobierno federal.

Uno de estos mecanismos es la Junta de Estados Unidos para Nombres Geográficos (BGN en sus siglas en inglés).

Es un organismo cuyo propósito es establecer y mantener el uso uniforme de los nombres geográficos en el gobierno federal.

La Junta no crea los nombres para lugares geográficos, pero sí aprueba o rechaza los nuevos nombres propuestos por agencias federales, gobiernos estatales o locales y por el público.