Santiago de Chile, (Prensa Latina) Chile vivió su tercera semana de protestas multitudinarias, con manifestaciones y cacerolazos, denuncias de violaciones de derechos humanos, intentos del gobierno de mediatizar la protesta y una caída en picada del respaldo a Sebastián Piñera.

El viernes, al cumplirse las tres semanas del estallido social contra el modelo neoliberal y las desigualdades existentes, una enorme concentración en la Plaza Baquedano, de esta capital, evidenció que el movimiento popular mantiene la fortaleza que lo llevó a poner contra las cuerdas al gobierno de Piñera.

Durante la semana también cobró fuerza la realización de cabildos populares, promovidos por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de 70 organizaciones, con la participación de miles de personas en barriadas e instituciones para debatir sobre la actual situación y proponer las vías para salir adelante.

Entre los temas que ganan espacio en las demandas de los más amplios sectores figura la realización de una Asamblea Constituyente que abra el camino a una nueva Constitución en sustitución de la actual, que data de la dictadura de Augusto Pinochet.

Universidades, alcaldes, políticos, intelectuales e incluso la Iglesia Católica, en voz del administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Celestino Aós, han reclamado una nueva carta magna para Chile.

Los manifestantes exigen igualmente medidas más inmediatas para aliviar la inequidad existente en la sociedad chilena, como aumentos de salarios y pensiones, control de los precios de servicios básicos, acceso de todos a educación y salud de calidad, entre muchos otras.

En contraste con las marchas pacíficas, no han faltado los actos vandálicos protagonizados por grupos de encapuchados muchas veces ajenos a las manifestaciones, que han incendiado barricadas en las calles, destruido el mobiliario urbano y saqueado comercios y edificios públicos y privados.

Sin embargo, mientras ante esos hechos ha sido escasa o nula la presencia policial para impedirlos, la represión desmedida a las manifestaciones pacíficas ha despertado la repulsa nacional e internacional.

Datos parciales aportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifran en más de cinco mil los detenidos y más dos mil heridos, así como un creciente número de delitos cometidos por las fuerzas policiales, como golpizas, diparos de perdigones y abusos y violaciones sexuales.

Precisamente, durante la semana el país fue visitado por los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, quienes denunciaron las violaciones sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos por parte de agentes del Estado.

En medio de ese panorama, el presidente Sebastián Piñera, quien ha alcanzado los niveles de impopularidad más bajos desde el retorno del país a la democracia, a juicio de analistas no parece escuchar el clamor de la calle ni aquilatar la real magnitud de los cambios que reclaman las mayorías.

Así, firmó un proyecto de ley para aumentar el ingreso mínimo a 350 mil pesos (unos 400 dólares), considerado por economistas y sindicatos totalmente insuficiente para atender las necesidades básicas de los más pobres, y presentó una Agenda de Seguridad, para fortalecer los cuerpos policiales con el argumento de proteger el orden público.

Por si fuera poco, convocó al Consejo de Seguridad Nacional, entidad a la que se apela solo en casos extremos, lo cual levantó enorme expectativa y el rechazo de todas las fuerzas de oposición en pleno, que lo calificaron como un intento por aumentar aún más la represión contra el movimiento popular.

Presidente de Chile admite abusos policiales y se abre a cambiar Constitución

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que ha habido casos de abusos y excesos policiales durante las protestas en Chile, y se mostró favorable a realizar cambios en la actual Constitución.

“Ha habido excesos, abusos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los Tribunales de Justicia”, advirtió Piñera en conversación con el diario El Mercurio.

Las protestas, que cumplen este sábado 22 días, han dejado 20 fallecidos, seis de ellos ciudadanos extranjeros, y del total de las muertes 5 ocurrieron presuntamente a manos de agentes del Estado.

Además, según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal pero independiente, se contabilizan 1.915 heridos, de los que más de la mitad son por disparos (de bala, perdigones, balines de goma o arma de fuego no identificada).

Sin embargo, al ser preguntado si se han registrado violaciones a los derechos humanos durante el transcurso de las protestas, Piñera prefirió apuntar a la “prudencia” y no emitir ninguna opinión al respecto.

En lo que sí fue tajante el presidente chileno fue a la hora de defender la salida de los militares a las calles para hacerse cargo del orden público en los primeros días, cuando se decretaron los estados de emergencia y toques de queda en casi todas las regiones del país, por primera vez desde la vuelta a la democracia.

Incluso agregó que si las circunstancias se repitiesen, volvería a hacerlo.

Sobre la posibilidad de modificar la Constitución, originada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada varias veces a lo largo de la vuelta de la democracia, Piñera se mostró favorable a los cambios.

Una idea que, sin embargo, queda a medio camino de la demanda social que se exige en las calles: una nueva Carta Magna y no una actualización de la existente.

La ciudadanía hace ya tres semanas que sale a diario a manifestarse contra la desigualdad social que existe en Chile en masivas protestas en todo el país, pidiendo cambios en el modelo liberal de Chile en materias como pensiones, salud, educación, transporte, costes de los servicios básicos o los medicamentos.

A las peticiones concretas, con el paso del tiempo, se sumó la idea de que el país necesita una nueva Constitución, más allá de pedir la renuncia del mandatario.

“Los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás. No quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia. Esto es para ahora”, indicó el presidente.

En ese sentido, Piñera señaló varios puntos que la actual Carta Magna chilena necesitaría actualizar.

Por un lado consideró que es necesario “definir mejor los derechos de las personas” y establecer cómo se van a cumplir y respetar.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, puntualizar más claramente cuáles serán sus obligaciones con respecto a la población porque, a su juicio, “hay muy poco de eso” en la actual normativa.

Además insistió en que es necesario “crear mejores mecanismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz con claridad” y cambiar ciertas funciones o atribuciones de algunas instituciones estatales como la Contraloría General o la Fiscalía entre otros, “que no están funcionando todo lo bien” que él quisiera.

Las protestas se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.