¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿Por qué hemos tomado medidas?, y ¿Por qué es importante mi viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta semana? 

 

Pero antes de responder estas preguntas es necesario conocer que el río Masacre o Dajabón nace en Loma de Cabrera y de sus 55 km, 9 forman parte de la frontera y solo 2 km entran en territorio haitiano, para desembocar en la Bahía de Manzanillo, en Montecristi. Es en ese pequeño tramo haitiano donde están haciendo la toma. Y es bueno recordar que El 88% de su caudal fluye por nuestro territorio. 

Para nosotros este río tiene una importancia doble: como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio. 

Entonces, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En agosto de 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego, abastecido por las aguas del río Masacre, con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores. 

La construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril del 2021. En el mes de mayo de ese mismo año, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, exigimos a través de la Cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal. La desaparición trágica del presidente Jovenel Moïse provocó la paralización del proyecto; pero desde hace unas semanas se reinició la construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. 

Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano. 

El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país, desconociendo así la legalidad de su Gobierno y provocando una grave crisis institucional que mantiene a su pueblo sumido en una terrible situación política y económica, que entendemos que ya al nivel en el que se encuentra solo podrá ser resuelta con la ayuda de la comunidad internacional. 

Ante esta grave situación, que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa a nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones. 

La Constitución de la República Dominicana que he jurado cumplir y hacer cumplir consagra la inviolabilidad de nuestro territorio y obliga a regular el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos respetando los principios contenidos en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de Revisión de 1936. Este tratado indica en su artículo 10 lo siguiente: En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. 

Precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares haitianos. 

¿Por qué hemos tomado medidas? Para impedir que sequen nuestros ríos, que talen nuestros bosques o extingan nuestra fauna. El precedente de una obra de riego construida de manera unilateral puede conducir a una escalada de construcciones que acabarían con el río. 

La construcción del canal ilegal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14 mil tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10 mil tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en República Dominicana.

Haití y su falta de planificación han hecho que en la práctica totalidad de su territorio se destrocen sus ecosistemas y mal gestionen sus recursos naturales. Y de esta situación se derivan acciones como esta, desordenadas y sin planificación sobre el rio masacre. 

La República Dominicana tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen nuestros derechos, al amparo de nuestras leyes y en línea con los acuerdos internacionales suscritos en materia fronteriza. 

Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y el interés nacional, así como proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola.

Como muestra de nuestra firme decisión de impedirlo suspendimos la entrega de visados; prohibimos la entrada al país de los promotores del proyecto; cerramos la frontera terrestre, aérea y marítima; instruimos reactivar la toma de agua de la Vigía; ordenamos la construcción de la presa de don Miguel; y reforzamos la presencia militar en toda la frontera. Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción. 

Y esto no se trata de un conflicto entre dos pueblos, porque ni el dominicano ni el pueblo haitiano queremos la confrontación; lo que han demostrado nuestros pueblos es el deseo de vivir en paz. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. 

La situación en nuestra frontera está controlada. La población puede estar tranquila, porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas. 

Pero debemos recordar que además de esta situación coyuntural también tenemos una tarea permanente: sensibilizar a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Por eso es importante mi viaje de esta semana, porque la solución definitiva está allá y no aquí. El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional.

Lo estoy diciendo desde mi primera comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021 y lo repetiré ahora en mi próxima intervención: no hay solución dominicana al problema haitiano. 

A nosotros no se nos puede pedir más de lo que hacemos. 

Seguiremos siendo solidarios, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano.   

Así lo hemos hecho siempre, así lo estamos haciendo, y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo.