Amy Goodman y Denis Moynihan

El edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos en la ciudad de Washington D.C. es verdaderamente augusto, sus columnas corintias y frontones ornamentados recuerdan al templo de Marte Ultor de la antigua Roma, que fue erigido por el emperador Augusto para honrar el papel vengador de Marte, el dios de la guerra. Después de sofocar una guerra civil que había consumido la región durante cincuenta años, Augusto utilizó en la construcción del templo el diseño arquitectónico imperial para transmitir que había llegado un nuevo orden. Dos mil años después, desde el interior del recinto de estilo imperial del alto tribunal estadounidense, el juez Samuel Alito ha desatado su propia forma de venganza. Así lo revela el borrador de un veredicto de circulación interna escrito por él que una persona —o varias personas— anónimas filtraron a la prensa y que luego fue publicado por el medio Político.

Esta filtración sin precedentes devela que la mayoría de los nueve jueces de la Corte parecen estar de acuerdo en revocar el histórico fallo del caso “Roe contra Wade”, así como también el del caso “Planned Parenthood contra Casey”, dos sentencias del alto tribunal que protegen el derecho al aborto en Estados Unidos. El borrador del dictamen del caso denominado “Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization” —que Alito redacta de manera cáustica— ha desencadenado reacciones airadas en todo el país. Medio siglo de precedentes legales y de leyes establecidas que amparan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo podrían ser anulados por cinco magistrados no electos y con puestos vitalicios que gobiernan por decreto, al igual que lo hacían los emperadores romanos.

En el borrador del dictamen, Alito señala: “El caso Roe estaba tremendamente equivocado desde el principio […] Es hora de acatar lo que dice la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos por el pueblo”.

Los “representantes electos por el pueblo” ya no son realmente eso. En los últimos años, la Corte Suprema socavó piezas claves de la Ley de Derecho al Voto en el fallo emitido en el caso del “condado de Shelby contra Holder”; autorizó el apoyo financiero ilimitado de donantes anónimos a las campañas electorales para pervertir nuestras elecciones con su decisión en el caso “Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales”; y dio carta blanca para que las legislaturas estatales manipulen la delimitación de los distritos electorales. En la actualidad, el Partido Republicano se está organizando a nivel nacional para anular las elecciones presidenciales de 2024 si los resultados no son de su agrado. La actual Corte Suprema es aún más extremista y partidista que la que detuvo el recuento de votos en el estado de Florida en el año 2000, con el tristemente célebre fallo que emitió en el caso “Bush contra Gore”. Ese fallo de la Corte desestimó la voluntad soberana de la mayoría de los ciudadanos de Florida que votaron para elegir a Al Gore como presidente y otorgó, en cambio, la victoria al republicano George W. Bush.

Si, como se anticipa, el documento filtrado no tiene grandes cambios cuando se publique en junio, los fallos del caso Roe contra Wade y del caso Planned Parenthood contra Casey serán revocados. Aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos tienen leyes existentes o leyes que se activarían de inmediato ante la revocación de esos fallos para restringir severamente los abortos o prohibirlos por completo. En cambio, 16 estados y el Distrito de Columbia han consagrado legalmente el derecho al aborto hasta un determinado punto. Y otros estados, como el de California, están tomando medidas para consagrar los derechos reproductivos en sus Constituciones estatales.

Esta ola de probables prohibiciones del aborto causará una cascada de daños y afectará de manera desproporcionada a las mujeres más pobres, así como a las personas de color y de otras comunidades marginadas. Las personas gestantes dejarán de practicarse abortos necesarios o los obtendrán de manera extralegal, poniendo en riesgo su salud y exponiéndose a una posible persecución judicial.

Esto no es mera especulación. El mes pasado, en el condado de Starr, estado de Texas, una mujer de origen latino de 26 años fue arrestada por un cargo de asesinato después de que la acusaran de causar la “muerte de un individuo a través de un aborto autoinducido”. Tras la indignación pública que se desató y la campaña liderada por La Frontera Fund, una organización local de defensa de los derechos reproductivos dirigida por mujeres de color, el fiscal de distrito retiró los cargos contra la mujer. Mientras tanto, una nueva ley propuesta en el estado de Luisiana convertiría la destrucción de un óvulo humano fertilizado, en cualquier etapa de su desarrollo, en un acto de asesinato punible, presumiblemente, con la pena de muerte vigente en el estado.

El juez Alito se aferra desesperadamente al pasado para respaldar sus argumentos contra el aborto. En el borrador filtrado hace alusión a un “tratado escrito por Henry de Bracton en el siglo XIII” en el que se menciona la existencia de castigo para las personas que cometen abortos, como si la referencia a una época en la que las mujeres eran consideradas una propiedad y eran quemadas en la hoguera acusadas de brujería fuera válida para regular los aspectos médicos y legales del siglo XXI. En el borrador filtrado, Alito también proporciona una lista de leyes antiaborto de varios estados del país, promulgadas entre 1850 y 1919. Cuando esas leyes fueron aprobadas, las mujeres no tenían derecho al voto y la mayoría de de las personas de origen afroestadounidense eran personas legalmente esclavizadas o personas que, aun después de emancipadas, padecían actos de terrorismo racial y linchamientos a manos de las fuerzas del orden y del grupo extremista Ku Klux Klan. En su reescritura de la historia, Alito afirma que las tradiciones de esas épocas deberían dictar el contenido de las leyes actuales.

Bajo esta montaña de leyes repugnantes y anticuadas, Alito y sus cuatro cohortes en la Corte Suprema están tratando de sepultar los últimos cincuenta años de acceso al aborto seguro y legal, que cuenta con el respaldo de al menos el 70% de la población estadounidense. Si esto no es activismo judicial y una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, entonces nada lo es.

En conversación con Democracy Now!, Kathryn “Kitty” Kolbert, la abogada que en 1992 planteó con éxito ante la Corte Suprema la argumentación del caso Planned Parenthood contra Casey, expresó: “Debemos centrar nuestra atención en elegir representantes que defiendan los derechos reproductivos de las mujeres. […] Tenemos que trabajar arduamente para lograr eso. A nuestros oponentes les tomó casi cinco décadas llegar hasta donde han llegado. […] Nosotros también podemos dar vuelta las cosas”.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.