Nueva York, EEUU.– La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, aseguró hoy una importante victoria para los inmigrantes de todo Nueva York y el resto de la nación al impedir que la Administración Trump continúe implementando su regla de Cargos Públicos mientras la crisis de salud pública de la enfermedad coronavirus (COVID-19) continúa.

La Fiscal General James lideró una coalición -que incluye tres estados y la ciudad de Nueva York- al ganar una moción para un mandato judicial preliminar, en un tribunal federal, que detiene inmediatamente la implementación de la regla que cambió el significado establecido de Cargo Público.

"Esta victoria detendrá inmediatamente la norma discriminatoria de la Administración Trump de seguir lastimando a cada persona en el país," dijo la Fiscal General James. "Durante casi cinco meses, la Regla de Cargos Públicos ha exacerbado aún más la crisis de salud pública que enfrenta el país al castigar a Nueva York y otros estados ricos en inmigrantes, despojando a las familias de su capacidad de acceso a los servicios básicos. Los inmigrantes han estado en primera línea de combate contra esta pandemia desde el principio, y la medida cautelar de hoy garantizará que no sean el objeto de una cobertura de salud u otros servicios vitales, ya que siguen luchando contra COVID-19. Esta orden es vital para nuestra salud nacional, ya que toda persona que no obtenga la cobertura médica que necesita hoy, se arriesga a infectar a otra persona con el coronavirus mañana".

La ley federal permite a los inmigrantes legales solicitar ciertos beneficios públicos suplementarios de salud y nutrición si han estado en el país durante al menos cinco años. Pero, agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió una regla de Cargos Públicos que cambió el significado establecido de Cargo Público, que durante mucho tiempo había sido que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios no son considerados cargos públicos porque no dependen principalmente del gobierno para su sobrevivencia. Este "cebo y cambio", en consecuencia, puso en peligro las posibilidades de los inmigrantes de convertirse en residentes permanentes legales o renovar sus visas si utilizaban estos beneficios suplementarios a los que tienen derecho legalmente.

El agosto pasado, días después de que la Administración Trump emitiera inicialmente la regla de Cargos Públicos, la Fiscal General James y una coalición de estados y la ciudad de Nueva York presentaron una demanda contra la regla de la Administración Trump en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, señalando que la regla está dirigida específicamente a los inmigrantes de color, los inmigrantes con discapacidades y los inmigrantes de bajos ingresos, a la vez que pone en riesgo a estas comunidades, y tendría impactos a corto y largo plazo en la salud pública y la economía.

En octubre de 2019, después de que la Fiscal General James y la coalición presentaron una moción para un requerimiento judicial preliminar, el tribunal de distrito emitió una orden que impidió que la regla entrara en vigor durante el litigio. La Administración Trump presentó entonces una moción para suspender la orden, pero el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito denegó la solicitud. La Administración finalmente presentó una moción en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que emitió una suspensión de la orden preliminar del tribunal de distrito, en espera de la decisión del Segundo Circuito en el caso y cualquier petición posterior a la Corte Suprema.

A pesar de la decisión de la Corte Suprema en enero, en abril, la Fiscal General James lideró una coalición para pedir a la Corte Suprema que tomara medidas de emergencia para detener temporalmente su orden anterior sobre la Regla de Cargos Públicos hasta el final de la pandemia nacional COVID-19. Aunque la Corte Suprema no detuvo su propia orden, el tribunal dio a la Fiscal General James y a la coalición permiso para llevar la solicitud al tribunal de distrito.

A finales de abril, la Fiscal General James y la coalición presentaron una moción para un mandato judicial preliminar en la Corte de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que la corte concedió hoy, ordenando que el DHS esté "prohibido hacer cumplir, aplicar, implementar o tratar como efectiva la Regla por cualquier período durante el cual haya una emergencia de salud nacional declarada en respuesta al brote de COVID-19."

Los abogados generales de Connecticut y Vermont, así como los abogados de la corporación de la ciudad de Nueva York se unieron a la Fiscal General James en la presentación de la moción de una orden preliminar que se ganó hoy.

Este asunto está siendo manejado por la Subjefa de la Oficina de Derechos Civiles Elena Goldstein, la Jefa de la Sección de Ejecución Civil de la Oficina del Trabajo Ming-Qi Chu, y los Fiscales Generales Adjuntos Abigail Rosner y Amanda Meyer, todos bajo la supervisión del Abogado Jefe de Iniciativas Federales Matthew Colangelo. También prestaron apoyo adicional la Fiscal General Adjunta Superior Judith N. Vale y el Fiscal General Adjunto Steven C. Wu. La División de Iniciativas Federales está supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.