NUEVA YORK, EE.UU.- El congresista Adriano Espaillat, dijo que la Junta Central Electoral (JCE)  vulnera el derecho de los dominicanos residentes en el exterior a elegir y ser elegido, y viola la Constitución del país, al impedir la realización de primarias para elegir los candidatos a diputados en el extranjero.

“Aunque las circunscripciones del exterior tienen una población de dominicanos de más de 3 millones, los residentes de la llamada “provincia 33” solo cuentan con representación en la Cámara Baja, lo que nos relega a una categoría de tercera clase”,  expresó .

Si la JCE no revierte su decisión, los dominicanos del exterior tendrán que votar por candidatos escogidos por el dedo de los dirigentes de cada partido, y no por los de su elección, lo que es totalmente antidemocrático, precisa Espaillat en un documento de prensa.

La reforma constitucional del año 2010 aumentó los derechos políticos de la diáspora dominicana, pues les permitió elegir representantes por ante la Cámara de Diputados que pudieran legislar a su favor, concluye diciendo Espaillat.

Estas conquistas del dominicano en el exterior se verían coartadas si la JCE, alegando falta de recursos, deja en manos de unos pocos el derecho que tienen los quisqueyanos de elegir en las primarias, mediante su voto, a los candidatos a diputados de ultramar que se medirán en las elecciones generales.

El voto en el exterior es una conquista ganada por los inmensos aportes que la comunidad hace al país en todos los órdenes, especialmente en el económico.

De acuerdo al Banco Central, en 2010 el país recibió remesas por US$3,682.9 millones, mientras que el año pasado la cantidad aumentó en un 77% hasta llegar a US$6,524.6 millones.

En los últimos nueve años, la inversión extranjera directa (IED) en RD totalizó US$22,336.4 millones, siendo Estados Unidos el país de donde proviene la mayor cantidad, y buena parte de ella es de dominicanos que invierten en la nación caribeña.

El magistrado Julio César Castaños Guzmán, presidente del organismo electoral, tiene en sus manos preservar los derechos adquiridos de la comunidad dominicana en el exterior, de lo contrario seguirán tratándolos como de tercera clase, lo que sería muy desafortunado.