Los mayores problemas que tiene la justicia dominicana no son de presupuesto ni de dinero. Cierto que faltan recursos y hay instalaciones destartaladas, pero con cemento y varilla no se edifica la institucionalidad del sistema judicial. Hace falta reciedumbre, dedicación, sacrificio, y ante todo levantar en alto  una inmaculada bandera de honestidad.

La mayor parte de los jueces son serios y responsables. Su ministerio se puede considerar impoluto. Hacen honor a la toga y el birrete. Testifican ante un crucifico firme, vertical, a prueba de todas las tentaciones. Pero hay un puñado de servidores judiciales que ensucia el sistema.

El principal problema de la judicatura es poner la venda sobre los ojos de la diosa Temis. Hacer que la balanza de nuevo esté medio a medio. Que no tenga amigos, ni enemigos,  sin favoritos, sin cercanos, ni lejanos. Su accionar debe ser en base a conocer el fardo de las pruebas y consultar su conciencia.

No tener los suficientes recursos económicos es a todas luces un serio inconveniente. Hay que mejorar las estructuras de muchos palacios de justicia que están cayéndose, y también se debe pensar en mejoría de sueldos y niveles de vida de los jueces.

Es válido el pronunciamiento-petitorio de que hay que ofrecer un mayor presupuesto al sistema judicial.  Aleja las tentaciones de la prevaricación y la venta de sentencias, un estatus de vida que vaya de acuerdo con su nivel de compromiso social y profesional.

Pero hay que pensar en la institucionalización del sistema judicial. Durante muchos años esa institucionalidad ha sido sobre declaraciones públicas, mientras que a duras penas avanza una escuela de magistratura, y se piensa en establecer una verdadera carrera judicial, donde no haya las cuotas y señalamientos de los partidos políticos.

El compromiso para darle valor institucional a la justicia es una responsabilidad de los mismos jueces, de los fiscales, del Procurador General, del gobierno central, de los empresarios y del hombre sencillo de pueblo. Creer en la justicia es nunca pensar en buscar soluciones personales a las afrentas y ofensas.

Para pensar en lucha abierta contra la corrupción, hay que fortalecer el sistema judicial y hacerlo independiente. Hay que acceder a los cargos por concurso y capacidad, y no por  un reconocimiento que se hace a un pacto político. Si los jueces son designados por el litoral partidista, su independencia puede estar en entredicho.

Aunque en el nuevo código no existe la íntima convicción, sino la presentación del fardo de pruebas, no hay dudas que cada día los jueces tienen que consultar a su conciencia. Un magistrado o magistrada que tenga miedo de ver su rostro en el espejo, avergonzado por los rictus de la amargura y las frustraciones, no merece tener delante de si el crucifijo que representa la equidad, la moralidad, el respeto, y sobre todo, que aplicará sanción o absolverá de culpas, de acuerdo a la verdad. Una palabra sencilla de escribir y pronunciar, pero a la que muchos temen y quieren acallar. ¡Ay!, se me acabó la tinta.