Brasil . Los 12 millones de habitantes de São Paulo siempre han convivido con el mal tiempo. Pero el pasado lunes las nubes oscurecieron el cielo y se hizo de noche a las tres de la tarde. Poco después, los paulistas se enteraron de que, además de la lluvia, había humo. Lo suficiente para generar un efecto óptico que dejaba el cielo casi negro. Humo de la Amazonia, de los incendios que se extienden por áreas selváticas de cinco Estados brasileños y que, según los expertos y ambientalistas, son el resultado de una deforestación que se acelera bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro.

El presidente ha flexibilizado los controles ambientales, como había prometido, y sopesa permitir la extracción minera en tierras indígenas. Mientras, varios miembros de su Gabinete, como el ministro de Exteriores, Ernesto Araujo, cuestionan el calentamiento global.

La eterna catástrofe en el Amazonas

A 3.000 kilómetros hacia el norte, en Rondônia, el territorio indígena de los Uru-Eu-Wau-Wau arde. "Lo estamos denunciando desde enero", cuenta Ivaneide Bandeira, de la ONG Kanindé Asociación de Defensa Etnoambiental. El humo que sale de la reserva indígena, en teoría protegida por el Gobierno federal, viaja 400 kilómetros y llega con fuerza a Porto Velho, capital de Rondônia, donde vive la activista. En imágenes difundidas en las redes sociales se ve una espesa niebla, que hace que apenas se pueda respirar. Los centros de salud están abarrotados. "En mi barrio la sensación es de que el mundo se está cayendo sobre nosotros", cuenta por teléfono.

Los incendios son habituales en esta época de sequía en la región y no siempre son ilegales. No obstante, los datos indican que las autoridades han perdido el control sobre la situación y que el país vive la mayor oleada de incendios de los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). Entre el 1 de enero y el 22 de agosto se han registrado 76.720 focos de incendio, un 85% más que en el mismo periodo de 2018. Los satélites muestran que más del 80% del territorio devorado por las llamas está en la Amazonia.

Los mismos satélites que utiliza el INPE indicaron que la deforestación aumentó un 34% en mayo, un 88% en junio y un 212% en julio con respecto a esos mismos meses de 2018. Bolsonaro criticó a la institución y sus números en un encuentro con corresponsales. El físico Ricardo Galvão, que dirigía el INPE, contradijo públicamente al presidente y fue destituido. Desde entonces la Amazonia está en el punto de mira internacional.

"Brasil era un villano ambiental. Pero desde que empezamos a reducir la deforestación nos convertimos en líderes en la agenda ambiental global. Ahora volvimos a una situación incluso peor a la que teníamos en la década de los ochenta", argumenta la exministra y excandidata presidencial Marina Silva. Ahora prepara con otros exministros y miembros de la sociedad civil una carta al Congreso brasileño pidiendo que se suspendan los proyectos que reducen las normas ambientales. También quieren crear una comisión para debatir políticas públicas que hagan frente a la crisis ambiental. "Desafortunadamente, lo que está pasando se debe a las políticas desastrosas e irresponsables del Gobierno de Bolsonaro, que no tiene la competencia para gestionar esta situación", afirma.

"No todos los incendios están relacionados con la deforestación, pero los satélites indican un aumento sustancial de los fuegos. Son consecuencia básicamente de las políticas del nuevo Gobierno, que incentiva la ocupación ilegal de tierras en la Amazonia y, como consecuencia, los incendios ilegales", explica Paulo Artaxo, profesor de Física de la Universidad de São Paulo (USP).

El experto, que formó parte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, explica que todavía hace falta hacer una comparación más detallada entre las áreas deforestadas y las destruidas por el fuego. Pero los expertos dan por hecho que el aumento de los dos fenómenos está relacionado.

Una investigación de la web InfoAmazonia con datos públicos indica que, entre los 10 municipios con más incendios, siete están entre los que también más sufrieron con una deforestación anterior. Un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM) llega a la misma conclusión.

Las principales instituciones del Ministerio del Medio Ambiente son el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables), responsable de la fiscalización y preservación de áreas naturales, y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), organismo responsable de la creación de áreas de conservación. Bolsonaro ha puesto en marcha una serie de cambios que restan competencias a esos organismos que, según denuncian ambientalistas y un inédito frente de ocho exministros, están desmantelando la política ambiental brasileña. "Siempre ha habido deforestación, pero ahora la promueve el ministro, que desmanteló la gobernanza ambiental", explica la excandidata Silva.

Recortes del presupuesto
Los recortes presupuestarios también han hecho mella. La prevención y el control de incendios han perdido un 38,4% de su presupuesto; la partida para la concesión de licencias ambientales es un 42% menor; y la agenda climática, un 95%. "Cerca de Porto Velho veo a bomberos controlando los incendios. Pero los organismos no llevan los medios suficientes para frenar la invasión del territorio indígena", explica la activista Ivaneide Bandeira.

Parte de los focos se producen en áreas privadas que se expanden hacia la reserva natural que todas las propiedades están obligadas a mantener. Otra parte se produce en áreas públicas protegidas y en territorios indígenas protegidos que siempre han estado amenazados por invasores, madereros y granjeros que quieren arrendar la tierra fuera de la ley. Hay áreas ricas en minerales como oro y árboles centenarios en riesgo de extinción. Y, sobre todo, un espacio enorme que puede convertirse en pasto para el ganado. En todos esos casos hace falta abrir el terreno. Y siempre se hace con fuego.

Ivar Busatto es coordinador de la ONG Operación Amazonia Nativa en Mato Grosso, uno de los territorios que más sufren con la sequía —no llueve desde hace 90 días— y que fueron golpeados por los incendios. Su organización ha contabilizado 24 focos en nueve comunidades indígenas. "Vivo aquí desde hace 48 años y siempre ha habido fuego", explica.

Su región vive del negocio agrícola y produce parte de la soja, del maíz y del algodón que Brasil exporta. La vegetación nativa ya no existe. El fuego sirve para limpiar los campos o para que los granjeros se expandan, legal o ilegalmente hacia territorios protegidos. La sequía es severa, con previsión de lluvia solo a partir de finales de septiembre. En ese período está prohibido por ley utilizar el fuego para cualquier actividad.

La comunidad internacional ha empezado a movilizarse. La Francia de Emmanuel Macron ha amenazado con romper el acuerdo entre Mercosur y la UE después de un duro mensaje del mandatario francés en Twitter reclamando una solución y llevando el debate sobre la Amazonia al G7. "En mi gestión nadie decía que la Amazonia estaba fuera de control. Cuando hay gobernanza interior, no tienes que preocuparte por las críticas de otros países", apunta Silva.