Santo Domingo RD.- Los juristas Bomar Alexis Quezada y Brayan Santana se constituyeron en víctimas y depositaron este sábado por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, una querella por "terrorismo" contra los ejecutivos de la empresa Transcore Latam, que operaba la red semafórica del Gran Santo Domingo, a quienes acusan "de amenazar y cumplir la promesa" de apagar el sistema de semáforos, el pasado 28 de agosto de 2024.

La acusación menciona a los ejecutivos y socios por Jorg Brinkmeyer, Pedro Vinicio Padovani Baez, Jose Angel Gomez Canaan, (Jochi Gomez) y Julio Martínez Lantigua por violación a varios artículos constitucionales y la Ley 267-08 sobre terrorismo.

Los demandantes indican que los ejecutivos de esta empresa, a través de su abogado, Carlos Balcácer, prometieron el pasado año 2023 apagar la red de semáforos y así lo cumplieron el pasado 28 de agosto, constituyendo esto, según dicen, una violación al derecho de libre tránsito.

Aclara que, Transcore Latam "amenazó y cumplió" , creando un caos, para ver si lograba que el Estado se retratara de la anulación del contrato millonario, que ascendía a unos 1,317 millones de pesos.

El abogado, Brayan Santana planteó que de la única manera que la Fiscalía puede accionar contra un acto como este, es si se deposita una formal querella.

"Perseguimos que se realice una investigación referente a los hechos de mala actuación de esta compañía", refirió.

Sobre Transcore Latam, SRL

La empresa ha declarado un capital social de 1,000 millones de pesos y fija su dirección en Delaware, Estados Unidos. La empresa Transcore Latam, SRL., obtuvo su registro mercantil el 7 de julio de 2022 y según éste, sus socios son Transcore LTE, LLC, representada por Jorg Brinkmeyer, y SIC Transporte, LLC, representada por Padovani Báez, quien también figura como su gerente y la persona autorizada a firmar, además de poseer la mayoría de las acciones.

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, indicó que, la empresa cuya propiedad se atribuyó el informático José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), afectó de manera intencional la red semafórica.

El Estado ha tomado el control de los semáforos y rescindió de manera inmediata el contrato que, ya antes había sido suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).