Santo Domingo RD . A partir de hoy entra en vigencia la disposición del Ministerio de Salud Pública que obliga presentar la tarjeta de vacunación para acceder a lugares de uso público y al transporte.

La nueva norma sanitaria se da en momentos en que en el país se reportan 7,587 casos de COVID-19 activos, una ocupación en cuidados intensivos de un 37% y más de cinco millones de personas inoculadas.

La resolución es un nuevo intento de las autoridades de Salud por incentivar la vacunación de los ciudadanos y frenar la propagación del COVID-19 que en las últimas semanas ha mostrado una tendencia al alza de los casos.

Solo ayer se reportaron 751 casos nuevos de COVID-19 y tres defunciones por la enfermedad.

En los primeros 15 días de octubre el país ha registrado 10,194 nuevos positivos, casi el triple de los reportados en el mismo período de septiembre, cuando se registraron 3,654 contagios.

De acuerdo con la resolución la tarjeta vacunación debe constar con por lo menos dos dosis de la vacuna; sin embargo, el Ministro de Salud, Daniel Rivera, aclaró que se debe permitir el acceso a estos espacios a los que se pusieron la primera dosis en octubre.

Reacciones

La medida, que fue anunciada el viernes ocho de este mes, encontró defensores y detractores y ha contribuido a impulsar los niveles de vacunación en el país, que desde hace unos meses se habían rezagado.

Entre las organizaciones que apoyan la medida se encuentra el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que consideró que esta decisión puede acelerar el retorno del país a la normalidad.

Dirigentes choferiles de la capital y de Santiago se mostraron a favor de la exigencia de la tarjeta de vacunas contra el COVID-19 a todos los pasajeros, pero creen que el Estado no tiene la logística para hacerla cumplir.

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, consideró que nunca es bueno imponer, pero entiende que esta exigencia impactará en la incidencia de la enfermedad.

Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), que ya había planteado la necesidad de esta medida, afirmó que para cumplir la disposición se deben instalar centros de vacunación en todas las terminales de autobuses y que se cree una institución represiva con militares.

Recurso de amparo

Pero no todos están a favor de la resolución. Algunos grupos consideran que violenta los derechos humanos y viola la Constitución, como opinan los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbi Castro, quienes elevaron un recuso de amparo contra el Gobierno.

El recurso será conocido de urgencia este martes ante el Tribunal Superior Administrativo.

Declaración pública

A través de una declaración pública, ciudadanos de diversos sectores políticos, sociales y nacionales, desaprobaron la decisión pues a su entender “afecta de modo severo, en forma injustificada e irrazonable, derechos y libertades fundamentales del pueblo dominicano”.

El pasado jueves grupos antivacunas llevaron su expresión de indignación frente al Palacio Nacional y exigieron al presidente Luis Abinader revocar las medidas contra los que no han querido inyectarse.

El doctor Eddy Samuel Méndez , uno de los manifestantes, dijo que la vacuna anticovid afecta el ADN de las personas y que se han reportado casos de muertes, problemas del corazón y esterilidad.

Víctor Reyes, otro de los indignados, mencionó que científicos de prestigio sugieren no vacunarse, porque, según dijo, los fármacos tienen dióxido de grafeno, magnesio y que las farmacéuticas están haciendo un genocidio.

¿Y el Ministerio de Trabajo?

Debido al debate que generó la obligación de presentar la tarjeta en los lugares de trabajo, el Ministerio de Trabajo informó que mediaría en posibles conflictos que puedan generarse en el ámbito laboral. El ministro Luis Miguel De Camps dijo que esa institución tiene la misión de “construir la facilitación de consenso”, en los centros de trabajo. El ministro de Trabajo no despejó las dudas que crea la medida ni aclaró qué medidas pueden tomar las empresas o los trabajadores en caso de conflictos o desacuerdos en este tema.