Ambos imputados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Maribel Espaillat, visiblemente afectada y medicada, llegó escoltada por agentes, mientras que su hermano Antonio fue regresado a la celda del recinto tras conocerse el aplazamiento de la audiencia, por razones que no fueron divulgadas.

El Ministerio Público sostiene que los hermanos fueron advertidos del deterioro estructural del local, pero aún así permitieron la realización de eventos, incluyendo la última fiesta que terminó en tragedia. El órgano acusador ha solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel.

El procurador adjunto Wilson Camacho reveló que está comprobada la intimidación a testigos, lo que refuerza la petición de medidas coercitivas.

“La intimidación del testigo es un hecho, eso también está corroborado en el proceso”, declaró Camacho, subrayando que este elemento representa un peligro procesal por parte de los imputados.

El desplome del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 8 de abril, dejó 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y a 130 niños huérfanos.

“Niños que posiblemente antes del 8 de abril tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto porque dos personas prefirieron poner sobre la vida y la seguridad de sus clientes sus intereses personales”, expresó con contundencia.

El magistrado también aclaró que las querellas presentadas por las víctimas ante el Ministerio Público tienen la misma calificación jurídica que la planteada en la acusación formal del caso.

La expectativa pública crece ante uno de los casos más graves y conmovedores en los últimos años en la República Dominicana, mientras el país clama por justicia para las víctimas.