Washington, (PL) El cierre parcial del Gobierno más prolongado en la historia estadounidense se encuentra hoy en su segundo mes sin señales de negociación entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso para ponerle fin.

El impacto más visible de la situación iniciada el 22 de diciembre es que 800 mil empleados federales, entre ellos los de departamentos como los de Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional, Estado y Transporte, se encuentran sin recibir salarios.

A ello se unen efectos como que miles de vendedores minoristas no pueden aceptar pagos con tarjeta de débito de cupones para alimentos ante la imposibilidad de renovar sus licencias del Departamento de Agricultura, o los temores de que esos beneficios no sean renovados más allá de febrero.

De igual modo, personas que estaban a punto de mudarse a una vivienda subsidiada por el Gobierno deben esperar al final de la paralización, e inquilinos que ya se encuentran en esos espacios se encuentran ante riesgos de desalojo por la falta pago de alquileres, entre otros problemas.

El cierre gubernamental se desencadenó debido a la demanda de Trump de 5,7 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera con México y su negativa a firmar cualquier ley de gastos que no contenga esa suma.

Los demócratas del Congreso se rehusaron a avalar ese dinero, al considerar que una barrera de ese tipo resulta inmoral y un gasto innecesario, y ello llevó a que los miembros del Capitolio no pudieran aprobar las legislaciones que hubieran permitido el funcionamiento de las agencias afectadas.

El sábado pasado el mandatario republicano lanzó un plan para reabrir el Gobierno y avanzar con la construcción del muro, como parte del cual ofreció tres años de alivio legislativo para 700 mil jóvenes indocumentados beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que él mismo decidió eliminar.

Además, prometió una extensión de igual tiempo para inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal, entre otros puntos, a cambio de la suma exigida para la barrera.

El ofrecimiento, sin embargo, no tuvo una buena acogida por parte de los demócratas, que llamaron al presidente a dejar de usar a los trabajadores federales y a los inmigrantes como rehenes, y reabrir primero el Gobierno, para después discutir las cuestiones de la seguridad fronteriza y el muro.

Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, dijo que espera realizar una votación esta semana sobre la propuesta del jefe de Estado, aunque dado el rechazo de los demócratas, no parece probable de momento que tenga los 60 votos necesarios para darle luz verde.

En la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría, se espera la aprobación de una serie de leyes de gastos que reabrirían partes del Gobierno que no tienen nada que ver con el muro, pero tales normativas no deben recibir el aval del Senado.