Naciones Unidas, Nueva York (AP).- La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que Venezuela es “un narcoestado cada vez más violento” que amenaza al mundo, durante un encuentro informal del Consejo de Seguridad de la ONU que fue boicoteado por Rusia, China, Egipto y Bolivia.

Acusó a Venezuela de recurrir a la presión para evitar la asistencia de los miembros del Consejo, y dijo que el hecho de que su gobierno haya ido tan lejos demuestra “su culpabilidad, y eso es lamentable”.

El embajador de Venezuela, Rafael Ramírez, criticó el encuentro y dijo a la prensa que la reunión “es un acto hostil de los Estados Unidos y a todas luces un acto injerencista que vulnera el principio de soberanía” de un Estado miembro de Naciones Unidas.

La situación en Venezuela no forma parte de la agenda oficial del Consejo de Seguridad -como lo recalcaron Ramírez y el embajador de Bolivia ante la ONU- pero Haley dijo que seguirá “utilizando el poder de convocatoria de Naciones Unidas para atraer atención a esta crisis”.

La reunión informal dividió a los 15 miembros del organismo más poderoso de Naciones Unidas. Además de los cuatro países que boicotearon el encuentro, los diplomáticos resaltaron que Etiopía y Uruguay señalaron que la reunión no debió realizarse, mientras que Senegal no emitió comentario alguno.

Estados Unidos e Italia organizaron la reunión, al señalar en una nota que circuló entre los miembros del Consejo que escucharían relatos de primera mano sobre el deterioro de la situación política, económica y social en Venezuela, y el impacto humanitario en la región. Dijeron que también brindaría la oportunidad de discutir el papel que la comunidad internacional puede jugar en la búsqueda de soluciones políticas y acceso de ayuda humanitaria.

“La situación que se desarrolla en Venezuela es más una tragedia humana”, dijo Haley.

“La crisis en Venezuela actualmente representa una amenaza directa a la paz y la seguridad internacional. Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza a la región, al hemisferio y al mundo”.

Dijo que el pueblo venezolano, que no hace mucho tiempo tenía el PIB per cápita más elevado en la región, sufre de una desorbitada inflación como resultado de las acciones del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, al que “solo le preocupa preservar su poder, en lugar de promover la libertad y el bienestar de su gente”.

“Hoy en día, las familias luchan para vivir con tan solo alrededor de ocho dólares al mes”, comentó Haley. “El resultado es que los vecinos de Venezuela están pagando la cuenta por la violencia y la pobreza que el corrupto régimen de Maduro ha infligido a su pueblo”.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la que se retiró Maduro, dijo a los presentes que Venezuela es gobernada por una “dictadura” encabezada por “un esquema criminal con vínculos oficiales con el narcotráfico y que utiliza los medios del Estado para el tráfico de drogas y el lavado de dinero”.

“Los opositores son encarcelados y torturados”, añadió Almagro, y las manifestaciones que buscaban las libertades básicas “culminaron con más de 120 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad, y más de 15.000 heridos”.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein dijo que un reporte de su oficina documentó a finales de agosto “graves y extensas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales con el objetivo de poner fin a las protestas antigubernamentales”.

Concluyó que el gobierno venezolano tiene “como política reprimir sistemáticamente a los disidentes políticos e infundir el miedo en la población”, comentó.

Aunque la situación de derechos humanos “sigue siendo crítica” desde agosto, Zeid dijo que las protestas se han reducido drásticamente, al igual que las muertes relacionadas y las detenciones arbitrarias. Pero su oficina continúa recibiendo reportes de acoso, detenciones arbitrarias, tortura y maltrato a la oposición gubernamental.

Dijo que las fuerzas de seguridad de Venezuela continúan con un patrón de fuerza excesiva desde, al menos, 2014, y son responsables de 357 asesinatos extrajudiciales entre julio de 2015 y marzo de 2017, de acuerdo con la procuraduría general.

Zeid dijo que su oficina encontró 5.051 detenciones arbitrarias de manifestantes, una cifra “simplemente sin precedentes en la historia reciente del país”.