Bogota , Colombia.- Un atraco con arma blanca o pistola. El cosquilleo en el autobús. El raponazo: una moto que pasa a toda velocidad, te deja con la conversación en la boca y varias magulladuras. Cada dos minutos se roba un móvil en Colombia. La medición es de la Asociación de la Industria Móvil (Asomóvil), que representa a los tres operadores más importantes del país. Una de las cifras que les permite afirmar que este es el país de América del Sur donde más hurtos de este tipo se producen.

En 2017 se robaron 1,2 millones de unidades, según las primeras previsiones de varias entidades del sector, a falta del consolidado definitivo. El impacto para la economía es de un billón de pesos (unos 350 millones de dólares). Y las estadísticas que elabora la Fiscalía colombiana cada año demuestran que la cifra sigue subiendo: entre 2015 y 2016, el aumento fue del 18,8%. “Es de lejos el delito que en 2017 más se incrementó en el país”, ha dicho el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Debajo de estos números oficiales hay un subregistro: el año pasado solo se denunció en el 4% de las ocasiones. Los ciudadanos llaman a sus operadores para que bloqueen su teléfono, pero no acuden a las autoridades.

Redes criminales internacionales

Colombia no produce móviles, solo los importa para su venta en el mercado local. De la exportación se encargan las redes criminales que operan en todo el país. Las organizaciones dedicadas a este delito controlan desde el ladrón hasta el vendedor que permite que los aparatos colombianos lleguen a los países vecinos.

robo moviles

La cadena delictiva comienza en cualquier calle. El robo de móviles no conoce de clases sociales. “Las redes se componen de individuos de estratos bajos, con escasos niveles educativos, en muchos casos pertenecen a la misma familia o son amigos del barrio”, explican desde la Fiscalía. “En promedio delinquen organizados en grupo de tres a cinco personas. Mujeres y hombres entre los 15 y 30 años”.

Una vez que el ladrón se hace con el teléfono pasa a manos del reducidor, como denomina la Fiscalía al segundo actor de la cadena delictiva. “Es la persona que compra los móviles hurtados, teniendo pleno conocimiento de ello; su ganancia depende de las ventas que consiga en la compraventa”, explican desde el organismo judicial.

El reducidor se encarga de resetear la información del teléfono, incluyendo parámetros de seguridad. De esta manera, cambia la identidad del móvil e intenta evadir las posibles acciones legales. En este proceso, busca la ayuda del denominado liberador, “encargado de abrir las bandas del móvil o adulterar el IMEI, liberar y cambiar las carcasas”, detallan desde la Fiscalía. Para “lavar el móvil”, en el argot criminal, se buscan personas con conocimientos técnicos y que tengan acceso a equipos piratas de software especializado.

El IMEI es el registro de los equipos móviles que se le exige a un usuario cuando adquiere un teléfono en Colombia. Una vez que se hace esta identificación, el aparato pasa a formar parte de una base de datos positiva, es decir, de un listado de terminales legales. Este sistema forma parte de la Estrategia Nacional Contra el Hurto de Celulares que el Gobierno colombiano lanzó en 2011. “El objetivo es atacar tres problemas: desincentivar la demanda haciendo perder el valor de los equipos hurtados; desarticular las organizaciones criminales; y educar a la ciudadanía con campañas públicas”, explican desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que pertenece al Ministerio de Tecnologías de la Información.

Esta política ha dotado, según el Ministerio, a las autoridades de “una herramienta indiscutible en la georreferenciación de áreas de impacto de este flagelo, la identificación de responsables y su posterior judicialización”. El resultado ha sido el bloqueo de cerca de 14 millones de equipos entre agosto de 2015 y octubre de 2017, según la CRC.

Al mismo tiempo, los delincuentes colombianos desarrollaban sus propias técnicas para sortear esta medida. En 2017 se detectaron cerca de un millón de equipos con el IMEI duplicado. “No es por responsabilidad de las empresas ni de los operadores móviles, sino porque las bandas criminales se han especializado en burlar todos los controles”, ha declarado en varias ocasiones Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil.

El fiscal Martínez, por el contrario, ha anunciado que su organismo “adelanta una línea de investigación” para establecer la responsabilidad de los operadores: “La Fiscalía va a judicializar a los colaboradores corruptos que trabajan en esas empresas de telefonía celular”.

¿Dónde se venden los móviles robados en Colombia?

La cadena criminal de robo de móviles no termina en el liberador. El salario de estos mediadores depende de cada teléfono que consigan liberar y vender a los comercializadores. Si esta tarea se dificulta, el terminal pasa a manos del llamado tarjetero, encargado de cambiar la tarjeta de los aparatos de mayor tecnología. “Este actor da el carácter internacional al delito”, aseguran en la Fiscalía, “dadas las medidas de seguridad que tienen los móviles de alta gama y de las empresas de telefonía celular, estos no se pueden activar de nuevo en el país”.

Su destino es Argentina, Perú, Venezuela y Ecuador, entre otros vecinos de la región, a través del propio tarjetero o usando a un tercer actor. “En esta transacción los vendedores consiguen más ganancias porque venden los terminales como si fueran nuevos, a su precio original”, apuntan desde el organismo. Un celular de alta gama robado en una calle de Colombia, con un costo de alrededor de 200 dólares, puede terminar valiendo alrededor de 1.800 dólares en Argentina. En Venezuela, según información de la CRC, se han batido récords de venta debido a la inflación. La Policía estima que el 30% se vende en el mercado interno y el 70% se exporta.

Más de una decena de organizaciones dedicadas al robo y venta de estos aparatos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá fueron desarticuladas el pasado agosto por la Fiscalía y la Policía de Colombia en coordinación la Comunidad de Policías de América (Ameripol), en una operación de tres días. “Uno de los golpes más contundentes al crimen transnacional”, aseguraron las autoridades.

Los móviles robados que se revenden en Colombia se exponen en vitrinas de tiendas y centros comerciales que tanto los usuarios como las autoridades saben que se dedican a la venta de objetos hurtados. En estos lugares no existen, por ejemplo, las facturas. “Tristemente, en algunas de las organizaciones que han sido desarticuladas se ha evidenciado la participación de miembros de la Fuerza Pública y empleados de empresas operadoras de telefonía móvil”, confirman desde la Fiscalía