Estados Unidos.- La victoria de Donald Trump y su control sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Estados Unidos tienen implicaciones significativas, especialmente para comunidades vulnerables como la dominicana. Su agenda política, denominada "Proyecto 2025″, incluye medidas restrictivas que impactarán negativamente en programas sociales como Medicaid y Medicare, recortando beneficios esenciales para la salud de millones, incluidos muchos latinos.

Así lo estableció un grupo de activistas, académicos, sindicalistas, escritores, artistas y líderes comunitarios de distintas áreas en una carta abierta, en la que expresaron su preocupación ante una nueva administración Trump, quien empleó el tema migratorio como uno de los pilares centrales de su campaña, tanto en su primera presidencia como en su regreso al escenario político, con una retórica centrada en endurecer las políticas migratorias, argumentando que era esencial para proteger la seguridad nacional y preservar el empleo para los ciudadanos estadounidenses.

En el ámbito migratorio, advirtieron, se plantean políticas severas como deportaciones masivas, redadas, eliminación de programas como TPS y DACA, y restricciones al acceso a la ciudadanía para hijos de indocumentados, afectando gravemente la unidad familiar y la estabilidad económica de los inmigrantes.

"El peligro de deportación es mayor para los 900 mil trabajadores migrantes de 16 países beneficiarios del Programa de Protección Temporaria (TPS) que les permite legalmente laborar mientras buscan regularizar de manera permanente su status migratorio. Entre estos están El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela", indicaron.

Además, agregaron, las propuestas incluyen un endurecimiento judicial con jueces conservadores y decisiones que podrían exacerbar la desigualdad social y racial. Ante este panorama, se llama a la movilización nacional, destacando una marcha el 20 de enero de 2025 en Washington DC para defender derechos humanos y democráticos.

El texto también resalta la responsabilidad de algunos sectores demócratas en esta situación, al haber desmotivado a votantes históricos con políticas poco efectivas contra el trumpismo. Activistas y líderes de diversas áreas firman el documento, enfatizando la necesidad de resistencia y acción colectiva frente a estas amenazas.

Triunfo de Trump y su impacto en la comunidad dominicana

Donald Trump y sus más leales seguidores fueron el factor fundamental para la victoria del Partido Republicano en las pasadas elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos.

Para peor, su victoria se expresa tanto en el Poder Ejecutivo como en las dos cámaras del Congreso.

Con su “trifecta gobernante”, el futuro inquilino de la Casa Blanca contará con amplias posibilidades para implementar políticas públicas asumidas como prioritarias.

Lo propio pudiera ocurrir con la estructuración del gabinete gobernante que a partir del perfil de los nominados es parte de lo peor de la política nacional.

El núcleo más duro del posible gabinete muestra una clara intención de ejercer sus funciones, en caso de ser confirmado, más a partir de su lealtad a quien asumen como “mesías”, no necesariamente a la Constitución y leyes de EE. UU.

Sobresale que varios nominados han sido acusados y están aún en proceso de investigación por presunto tráfico de mujeres para la prostitución y por haber pagado a cambio de sexo. Incluso. Mat Gaettz, ejemplo, dimitente nominado a Fiscal General fue acusado e investigado por sostener sexo con una menor de edad, además de consumo ilegal de drogas y uso indebido de dinero de campaña electoral.

Pete Hegseth, candidato para encabezar el Departamento de Defensa, ex militar y participante en las guerras de Afganistán e Irak y fiel defensor del Estado de Israel, se le comprobó que pago miles de dólares en el 2023 a una mujer que le había acusado de agresión sexual.

A esto se agrega como factor de preocupación extrema el disponer de una Corte Suprema con mayoría de jueces conservadores y una manifiesta voluntad del presidente electo de reconfigurar, de acuerdo con su agenda política, los tribunales inferiores.

Esta para nada esperanzadora realidad es parcialmente responsabilidad de lideres y sectores demócratas que pretendieron enfrentar al trumpísmo con medidas y políticas propias del extremismo de derecha, desalentando así a franjas importantes de votantes históricos del propio Partido Demócrata.

RECORTES EN EL MEDICAID Y MEDICARE

La comunidad dominicana, una de las más carenciadas en los Estados Unidos, estará entre las más afectadas cuando se de curso a las medidas consignadas en el Proyecto 2025 (P-2025) y que pretenden limitar los beneficios que aportan programas como el Medicaid y Medicare.

Así, de ser anulada, como se propone la nueva administración, la facultad de que goza el Medicare para negociar los precios de los medicamentos, esto impactará el bolsillo y la salud de “nuestros viejitos” dado que aumentará el costo de los mismos.

Incluso con su Proyecto 2025 pretenden restringir severamente tanto los límites de tiempo y los gastos a la cobertura que actualmente cuenta el Medicaid, afectando negativamente a cientos de miles de personas con diabetes, cáncer, jóvenes con problemas mentales, niños recién nacidos que necesitan ser operados y muchos mas con enfermedades como el asma.

Como se nota, este es un tema no solo de seguridad financiera. Es, al mismo tiempo, un tema que afecta seriamente los éxitos obtenidos en la reducción de la aun pronunciada disparidad de salud entre los distintos grupos raciales.

MURO, REDADAS, DEPORTACION MASIVA Y SEPARACION FAMILIAR

En el ámbito migratorio, el P-2025 será devastador para millones de personas de distintas nacionales y regiones del mundo, mayormente de Latino América, el Caribe y África

A partir de la toma de posesión de la nueva administración, 20 de enero 2025, se contempla deportación masiva inmediata de migrantes con estatus irregular, incluso a familia con residencia legal que puedan tener un miembro bajo la condición de indocumentado.

El peligro de deportación es mayor para los 900 mil trabajadores migrantes de 16 países beneficiarios del Programa de Protección Temporaria (TPS) que les permite legalmente laborar mientras buscan regularizar de manera permanente su status migratorio. Entre estos están El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Lo mismo pudiera pasar con los 800 mil jóvenes registrados en el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en ingles), que siendo menores de edad entraron irregularmente a los Estados Unidos. Sus beneficiarios además de recibir una tarjeta de identificación pueden estudiar y trabajar legalmente.

Tanto el TPS como DACA, programas que son el producto ordenes ejecutivas presidenciales, pueden ser anulados en un santiamén por el nuevo ejecutivo de la nación.

A partir de la retórica electoral antiinmigrantes del presidente electo, no es descartable que se anulen visas otorgadas a personas que se compruebe haber mentidos.

Si hasta un Príncipe de la realeza inglesa es factible de deportación, imaginemos lo que pudiera ocurrir con migrantes provenientes de “países letrinas” como, según la valoración trumpísta, resultamos ser los de algunos países al sur de Estados Unidos.

En el Proyecto 2025, y como parte del horror, se contempla negar la ciudadanía estadounidense a los niñitos(as) aquí nacidos e hijos de padres sin residencia legal.

Incluso, Tom Homan nombrado por Trump como el “Zar de la Frontera” ha planteado la deportación completa de la familia y así, en un acto de disfrute de su crueldad, dice se evitará la “separación” de sus miembros.

Las políticas que se propone implementar la entrante administración solo en recorte de programas sociales y deportación masiva de inmigrantes impactarán negativamente a la comunidad dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico; lesionará la unidad familiar y podría influir en el flujo y volumen de remesas que llega a nuestro país y que es un factor importante en la estabilidad económica.

La grave situación que se perfila en lo inmediato coloca como una prioridad la más amplia coordinación multinacional de trabajadores y comunidades para alentar la resistencia popular en defensa de derechos humanos, democráticos, económicos y sociales en peligro a partir de la toma de posesión de la administración trumpísta.

Desde ya motivamos a dar una respuesta positiva al llamado formulado a movilización nacional para el 20 de enero 2025 en Washington DC, donde trabajadores, estudiantes, mujeres, activistas y oficiales electos de distintas nacionalidades y razas marcharán, bajo el amparo de la Constitución, contra esta política recreacionista y todo intento de empujar al país a un nivel de confrontación violenta propio de una guerra.

Firmado por:

Luis Mayobanex Rodríguez, activista político (New York).

Sussie Lozada, dirigente de la Union Unite Here Local 100. (NY).

Milagros Ricourt, PHD y escritora.

Estela Vásquez, ex vicepresidenta ejecutiva de la 1199-SEIU.

Iván Domínguez, educador, músico y folclorista. (Brooklyn, New York).

Yolanny Rodríguez, actriz y directora de teatro. (New York).

Lic. Yaniris Urbáez, activista y líder de una comunidad de fe. (Bronx, New York).

Martha Trujillo, activista social. (Barcelona, España).

Eutacia Félix Reynoso, trabajadora privada y activista política-social. Fue profesora de ciencias sociales en RD. (Madrid, España).

Armando Fernández, educador y escritor. (Long Island, New York).

Rafael Sención, exorganizador sindical y activista comunitario (Bronx).

Alfonso (Fonchi) Tejada, periodista. (New York).

José Luis Keppis, MPA, MA, MSW y articulista de prensa. (Bronx, New York).

Ana Victoria Lamarche, activista política/social.

Nelson Pichardo, médico. (New Jersey, EE. UU).

Julio Cesar Rosario, Arquitecto. (Queens, New York).

Dagoberto Lopez-Coño, poeta y escritor. (New York).

Ilio Pérez, activista político y contratista. (Queens, NY).

Pavel Gerardo, Organizador sindical (Florida).

Rómulo Gil, Intérprete Judicial del estado de Nueva York.

Francisco (Quico) Reyes, técnico eléctrico y activista político, (New Jersey).

Lic. Roberto Mieses. (Lowell, Massachusetts).

Yraida Duncump, educadora y activista. (New York).

Lic. Roberto Sánchez, articulista de opinión.

Sandra C. Ovalles, feminista. New York City.

Héctor Gerardo, activista político (New Jersey).

Rafael de los Santos, fotógrafo y activista político (New York).

Luis Castillo, articulista y activista comunitario (Boston, Massachusetts).

José Güichardo, fotógrafo y activista comunitario. (Manhattan, New York).

José Miguel Núñez (Pennsylvania).

Dr. Rafael (Felo) Gerardo, educador. (New Jersey).

Manuel Cabrera (Activista político, Carolina del Norte).

Gilma Prado, activista política. (New York).

Rafael Sosa, activista político (Queens, New York);

Héctor Ruiz, activista sindical y político. (New York).

Julio Ferreras, dirigente deportivo y cultural. ( Queens, New York).

Maximino Vargas, militante político. (Carolina del Norte).

Felicia Ferreira, feminista (Bronx, New York).

Gregorio Mercedes, activista político, (Puerto Rico). 

Jesús (Chu) Santana, activista político. (New Jersey).

Ceferino Cruz, activista de una comunidad de fe. (Bronx, New York).

Antonio Gutiérrez, activista político (New York).

Ramon Jiménez, activista político (New York).

Dimas Alvarado, activista político (Bronx, New York)