Santo Domingo RD.- El comercio organizado del país lanzó este lunes una advertencia directa al Congreso Nacional: si no se modifica antes de febrero la Ley de Residuos Sólidos, reformada mediante la Ley 98-25, convocarán a un cierre general del país por 48 horas.

Así lo dieron a conocer en una rueda de prensa este martes, encabezada por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y otras organizaciones representativas del sector MIPYMES.

Denunciaron que la modificación de la Ley 225-20 multiplica hasta por cuatro las contribuciones anuales de las MIPYMES, trasladándoles el 88.35 % del incremento recaudatorio, pese a que representan más del 98 % del tejido empresarial del país.

Según explicaron, la contribución por residuos sólidos, definida como “voluntaria obligatoria”,  es cargada directamente a las cuentas de los comercios en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), generando recargos, intereses y bloqueos para obtener certificaciones fiscales, aun cuando no se trata de un impuesto. A esto se suma, afirmaron, el pago adicional que realizan a los ayuntamientos por el servicio de recogida de basura, lo que consideran un doble gasto injustificado.

Los dirigentes también cuestionaron que los fondos recaudados sean destinados a un fideicomiso que, aseguran, beneficia a un grupo reducido de empresas, con un esquema que limita la libre competencia. “¿Para quién estamos legislando?”, se preguntaron, al tiempo que recordaron que un recurso de inconstitucionalidad depositado en 2022 aún no ha sido fallado por el Tribunal Constitucional.

El comercio organizado denunció además una competencia desleal sistemática por parte de negocios chinos y otros comercios locales, a los que acusan de operar al margen de la ley.

Respaldaron las fiscalizaciones realizadas por Aduanas, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Trabajo, pero exigieron mayor acción de la DGII, la Superintendencia de Bancos y ProCompetencia.

Entre las irregularidades señaladas figuran la subvaluación de mercancías importadas, la evasión fiscal, la no emisión de facturas con comprobante, el uso exclusivo de efectivo, la contratación de mano de obra extranjera ilegal y la violación de derechos laborales y de propiedad intelectual.

Afirmaron que estas prácticas están provocando el cierre de comercios tradicionales dominicanos.