Santo Domingo RD .- El acribillamiento de una pareja de cristianos por una patrulla policial consternó al país e intensificó el reclamo de una reforma.

Muchas de las muertes están relacionadas al uso excesivo de la fuerza y a los supuestos intercambios de disparos

El homicidio de la arquitecta Leslie Rosado se suma a un rosario de muertes a manos de agentes, llamados a velar por la seguridad de los ciudadanos.

El “Informe anual del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en la República Dominicana para el año 2020” establece que unas 3 mil personas perdieron la vida durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2007 a marzo de 2019.

Partiendo del período evaluado, se infiere que en promedio, 250 ciudadanos fallecieron cada año en hechos que involucran a miembros de la uniformada.

Uso excesivo de la fuerza, errores en circunstancias poco claras y una cuestionada política de mano dura contra la delincuencia son algunas de las razones detrás de estas ejecuciones.

Solo en lo que va de año, agentes del orden segaron la vida de 41 personas, conforme a datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

El programa Reporte Especial, conducido por Julissa Céspedes, transmitido por CDN37, presentó un recuento de los casos más sonoros de abusos policiales y otros que estremecieron al país por terminar en un trágico desenlace, como consecuencia de exceso de poder.

Robinson Méndez Mancebo engrosa la lista de muertes atribuidas al cuerpo armado. Aún no es aclarado el incidente que tuvo lugar en un parque de Azua, el pasado 24 de septiembre, donde el joven de 27 años perdió la vida, luego de que un coronel de la Policía Nacional le disparara.

Méndez residía en los Estados Unidos y tenía al menos dos meses en el país. Conforme la versión de la institución, el occiso se rehusó a entregar a los agentes una pistola de su propiedad, que habría manipulado con intenciones de utilizarla, por lo que el oficial a cargo le disparó para “neutralizarlo”.

Hasta ahora el caso no ha sido judicializado, pero está siendo investigado por la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos del cuerpo del orden, hasta ahora se desconoce el nombre del oficial.

“La comisión lo ha dicho y tiene datos que la principal empresa creadora del sicariato en la República Dominicana es la Policía Nacional. Tenemos evidencias y pruebas, además los datos hablan por sí solos, de cada cinco casos que trascienden en la sociedad dominicana hay tres que involucran a la Policía Nacional, ya sea de manera directa o indirecta”, afirma Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana (CNDH-RD).

Uno de los casos que más conmocionó a la población dominicana es el de la pareja de cristianos que perdieron la vida cuando regresaban de un culto hacia Santo Domingo, al ser interceptados por un grupo de policías, quienes descargaron sus armas largas contra el carro Kía en el que se transportaban

Según el informe, los policías dispararon al vehículo al confundirlo con otro carro, en el que supuestamente se había cometido un asalto en Bonao.

El 9 de abril del año en curso un tribunal dictó un año de prisión preventiva contra los seis agentes cancelados de la Policía Nacional, acusados de matar a los esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz, acribillados dentro de su vehículo. Cuatro de ellos cumplen medida de coerción en el Centro de Corrección de La Vega y dos en la cárcel de Operaciones Especiales.

“La imagen de la Policía en el 2020 estaba que de cada 100 dominicanos, 90 no creían en la Policía Nacional, ahora nosotros acabamos de hacer un sondeo y se ha determinado que un 95 por ciento de la población no cree en la Policía”, sostuvo María Mercedes, miembro de la comisión de reforma policial, en entrevista para el Resumen Especial.

Un hecho que aún se recuerda como la tragedia de La Caleta terminó con la muerte de cuatro civiles y un oficial, en medio de un supuesto intercambio de disparos.

El 2 de mayo de 2008, la Policía arrestó a 27 personas que habrían participado en la agresión colectiva contra agentes que investigaban un robo y que degeneró en el asesinato del coronel Galis Manuel Cordero y de los cuatro civiles.

Por el hecho, el 2 de marzo de 2009 un tribunal condenó a 12 años de prisión al excapitán Valentín Encarnación Ramírez y al primer teniente Narciso Lugo Ramírez.

Ambos apelaron y el 23 de noviembre de 2009 se anuló la sentencia y se ordenó un nuevo juicio. Pero, el 6 de diciembre de 2010, el tribunal los volvió a encontrar culpables y los sentenció nuevamente a 12 años de prisión.

Un caso que escaló hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la muerte en 2009 de dos hombres involucrados en el secuestro del estudiante Eduardo Antonio Baldera Gómez, quienes luego de la aparición del joven fueron asesinados en un supuesto intercambio de disparos con la Policía.

Las víctimas fueron William de Jesús Batista Checo y Cecilio Díaz, entregados vivos y esposados a la Policía. Por este caso fueron acusados al menos siete agentes de la PN, pero tras un largo camino, la Suprema Corte de Justicia declaró en 2015 extinguida la acción penal contra los implicados por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso desde el día de la medida de coerción y la presentación de la acusación.

Se busca reformar una institución “corrupta”

A casi seis meses de la juramentación de los miembros de la Comisión para la Reforma Policial otra tragedia toca a la puerta de la institución. La muerte de Leslie Rosado eclipsa los trabajos que viene realizando el grupo, integrado por 21 personas, representantes de diferentes sectores. Consultada al respecto, Rosalía Sosa, quien forma parte de la referida comisión, informó que se trabaja en la reforma legal, el fortalecimiento de recursos humanos y el fortalecimiento institucional. La tarea que les espera es ardua, pero necesaria. En 2019, el Barómetro Mundial de Corrupción para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, halló que la policía era una de las instituciones más corruptas de la región. En República Dominicana, el 47% de las personas que tuvieron contacto con la policía en el último año tuvieron que pagar soborno.