Sábado 24 de Junio del 2017
Santo Domingo, República Dominicana
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Carlos McCoy

Solución al problema haitiano

La ley 168-13 es una realidad. Es vinculante a todos los poderes del Estado y es obligatorio acatarla. Partiendo de esta premisa, debemos buscar una solución humanitaria, como dijo el Presidente Danilo Medina, pero no pedirle que se violen las leyes.

Se ha hecho una gran alharaca con este problema y nosotros deberíamos mirar a otros países para ver lo que ellos han hecho en estos casos y alimentarnos de sus experiencias. Los Estados Unidos de América serian un buen ejemplo, ya que la mayoría de dominicanos en el exterior y una gran cantidad de haitianos, viven en esa Nación.

¿Qué hacen los norteamericanos? Lo primero es que no tienen ninguna contemplación cuando se trata de ilegales, ¡los deportan! Esto, sin importar sin son padres de hijos nacidos en los Estados Unidos, que según su constitución, son ciudadanos americanos.

A aquellos que se acogen a su regularización inmigratoria, ya sea contrayendo matrimonio con un residente legal o ciudadano estadounidense o por cualquier otro medio que el Estado considere legal, le dan la oportunidad de hacerlo.
Para esto exigen ciertos requisitos, como son; Pago de multas cuando aplique, los costes del proceso y muchas veces, regresar a su país de origen a esperar su regularización.

Nosotros en la República Dominicana podemos hacer algo similar. La Constitución dice que los nacidos de ilegales en territorio nacional, no son dominicanos. Eso no está en discusión. De ahí que a los ilegales no se les puede cedular. En otras palabras, no aplican para obtener un pasaporte ni un carnet de identidad y electoral dominicanos.

¿Qué hacer entonces con esa gran cantidad de ilegales que tenemos hoy en nuestro territorio? Principalmente haitianos. Sencillamente comenzar, como dice la ley, un proceso de regularización con aquellos que muestren su disposición a hacerlo. Porque, aunque usted no lo crea, como decía Robert Ripley, hay muchos que no lo harán pues están orgullosos de su nacionalidad y quieren conservarla.

Aquellos que no se acojan al plan de regularización tendrán que abandonar el país o enfrentarían la deportación.
Algunos requisitos para conseguir la residencia permanente, no ciudadanía, serían, como lo hacen en cualquier país del mundo, pagar los costes del procedimiento, haber nacido en territorio dominicano si son menores de edad. Si son adultos, demostrar que han vivido en la República Dominicana por lo menos veinte años y tener conocimientos básicos de la historia dominicana entre otros requerimientos.

Después de cinco años de haber obtenido la residencia permanente, más algunos requisitos tales como no haber violado las leyes nacionales, podrían aplicar por la ciudadanía si así lo desearan. Con el entendimiento, de que al obtener la ciudadanía dominicana, aquellos ciudadanos de países con los cuales la República Dominicana no tiene acuerdos de doble ciudadanía, perderían su ciudadanía original,

Esto son los trámites que regularmente se hacen en todos los países del mundo. Nadie puede exigir ciudadanía desde la ilegalidad. El tiempo violando una ley no es un paliativo. Todo lo contrario. Ningún ladrón puede alegar que es inocente porque ha estado robando por muchos años.

Si alguien entró ilegal a un territorio, una larga estadía en el mismo no lo legaliza, lo empeora, pues cada día que pasa violando las disposiciones legales de ese país, lo convierte en reincidente. Y las leyes, se supone, son más duras para aquellos que insisten en violarla.

Acatar la sentencia 168-13, regularizarse en el libro de extranjería, aplicar para una visa de trabajo o de estudiante, comenzar los trámites para obtener la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía. Esa debe ser la lógica secuencia. No creo que nadie se opondría a esta solución.

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