Domingo 28 de Mayo del 2017
Santo Domingo, República Dominicana
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Luis R. Decamps R.

Si a la regularización, no al ultranacionalismo

La necesidad de regular la inmigración no está en discusión

Aunque la iniciativa no es nueva ni hay garantías reales de que se ponga en marcha tal y como se ha concebido (programas de este tipo han abundado en los últimos cincuenta años sin que se consumen sus cometidos porque los intereses políticos y económicos lo han impedido), hay que tomarle la palabra a las autoridades y saludar el Plan Nacional de Regularización de la inmigración extranjera anunciado hace unos días.

En efecto, al margen de las reservas que imponen su lóbrega procedencia ideológica, la cuestionable racionalidad de algunas de sus bases de sustentación constitucional y el hecho de que está comenzando al revés y con los “mangos bajitos” (es decir, con los hijos de los inmigrantes inscritos en los libros de registro y no con los indocumentados que invaden nuestros barrios, zonas suburbanas y campos), el plan de referencia podría ser una importante apuesta para, ¡por fin!, comenzar a abordar con seriedad, responsabilidad y sistematicidad el caos migratorio que ha existido históricamente en la República Dominicana.

Y esa creencia del autor de estas líneas -se aclara- en nada desdice sus posiciones anteriores: pese a que el ultranacionalismo criollo y sus turiferarios en los medios de comunicación han intentado tergiversar la discusión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional afirmando que los opositores a ésta no deseamos la regularización de la inmigración extranjera, obviamente se trata de una mentira de tomo y lomo que sólo pueden ser creída por los pazguatos o los trastornados.

La necesidad de adoptar una política nacional de migración sobre la base de la aplicación rigurosa y justa de las disposiciones legales vigentes, en realidad nunca ha estado en discusión: precisamente esto es lo que muchos dominicanos hemos estado reclamando desde hace años, y en lo fundamental no se ha hecho por la ausencia de voluntad en los dirigentes gubernamentales y la oposición soterrada de la parte del empresariado nacional que obtiene pingues beneficios económicos con la contratación de indocumentados haitianos.

El Estado dominicano tiene derecho no sólo a determinar las condiciones en que recibe y mantiene en su territorio a los extranjeros sino también a detenerlos y repatriarlos en el caso de que se encuentren en situación de ilegalidad, pero sus actuaciones deben sujetarse a lo establecido por la Constitución, las leyes y los reglamentos, y jamás pueden lesionar los derechos humanos ni afectar la dignidad personal. Por supuesto, todo esto es cierto sólo si de verdad somos o aspiramos a ser un “Estado Social y Democrático de Derecho”, como establece nuestra Carta Magna, y si nos consideramos parte del mundo civilizado.

Patriotismo versus ultranacionalismo

Ahora bien, la discusión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene absolutamente nada que ver con el patriotismo, y las invocaciones que hacen los ultranacionalistas a este respecto, llegando inclusive a tildar de antipatriotas a quienes difieren del sesgo de inconstitucionalidad y deshumanización que acusa la misma, es un vulgar e inaceptable chantaje muy típico del borreguismo, el totalitarismo y la caverna política.

(Naturalmente, se entiende que el ultranacionalismo criollo se decante ruidosamente por ese infeliz derrotero de extorsión moral e intento de descalificación personal contra los que impugnan la sentencia referida: es una manera fácil de agitar las pasiones más primitivas entre los zoquetes y los incautos -vendiéndoles la falsa idea de que su supervivencia está amenazada- para tratar de evitar la discusión de fondo, que involucra a sus socios y tributarios del Estado y del empresariado).

Que se esté a favor o en contra de la sentencia del TC no determina que se sea patriota o no. La imputación al tenor se hace para intimidar y provocar autocensura, y hay que rechazarla vigorosamente (cualquier parecido con la actitud de la extrema derecha estadounidense que hace la misma incriminación a todo el que no comparta su espíritu belicista y agresor, es pura coincidencia). El patriotismo es, a la par que un sentimiento de amor por la heredad y arraigo histórico en la comunidad humana en que se ha nacido y vivido, una forma política -instintiva o conceptual- de pensar la nación y una conducta frente a quienes atentan contra su existencia: no se demuestra con eslóganes sino defendiéndola frente a la agresión del poderoso.

Y, como se sabe, en general y hasta prueba en contrario, los que defienden la sentencia del TC han demostrado en los hechos tener menos esa disposición que los que la cuestionan. Se podría aquí citar nombres y rememorar conductas para determinar quienes ha estado defendiendo siempre la patria y quienes, por el contrario, siempre han estado en colusión con nuestros agresores o, simplemente, han sido indiferentes a nuestras tribulaciones como nación. Pero ello sería caer en la personalización del debate, y no es correcto. En este país todos nos conocemos.

Los hijos de ilegales haitianos y la integridad nacional

La discusión tampoco tiene nada que ver con peligro alguno para la integridad de la nación o posibilidad de liquidación del ser nacional. Aparte de otro burdo chantaje, esa es una descomunal mentira: los hijos de los ilegales haitianos nacidos bajo el régimen constitucional existente hasta el 2010 no representan una presión demográfica o antropológica disgregadora o desnaturalizadora de lo que somos como conglomerado humano con una historia, una cultura, una lengua y unas costumbres comunes. Los que sí constituyen un peligro de esa guisa son los millones de ilegales que tenemos actualmente (que entran y salen del país a su antojo sobornando a las autoridades) y que el gobierno no repatria en virtud de la connivencia de los políticos en el poder con los patrocinadores económicos criollos del ultranacionalismo.

Igualmente, los hijos de los ilegales haitianos no han asumido una forma de vida, un comportamiento o estrategia atentatorios contra los rasgos esenciales de la dominicanidad: por ejemplo, la hibridez racial, la cultura de raíces hispano-africanas, la religión cristiana, el idioma español, los símbolos patrios, la devoción por nuestros próceres o el respeto por los valores familiares, cívicos y sociales. Al revés: se han sumergido en nuestra cultura, han adoptado nuestras tendencias religiosas, han aprendido nuestra historia, admiran a nuestros héroes y mártires, han asimilado nuestras costumbres y hablan nuestro idioma.

Asimismo, los hijos de los ilegales haitianos no constituyen una amenaza para la estabilidad de nuestra sociedad sino que se han integrado a ella y, con sus naturales excepciones, no ejecutan ni promueven actos que rompan con su cohesión, como la rebelión contra las leyes, la delincuencia común, los vicios o el latrocinio público. En este sentido, la verdad es diferente: otros son los representantes de grupos étnicos que pudieren considerarse en el país como posibles agentes de disolución social, y no se mencionan aquí porque todo el mundo los conoce.

Desde luego, la más ridícula de las alegaciones del ultranacionalismo es la de que su postura de respaldo a la sentencia del TC es en defensa de nuestra soberanía, pues aparte de que este concepto asimilado como derecho a vivir y accionar unilateralmente en el mundo globalizado de hoy sólo lo enarbolan los que no quieren actuar con transparencia ni frente a su pueblo ni ante la comunidad internacional (esto es, los tiranos y sus adláteres), es tamaña barrabasada sugerir de algún modo que los hijos de los ilegales haitianos obstaculizan su ejercicio pleno por parte del Estado o son una amenaza para ella. Se trata, a no dudar, de una argumentación para necios y tontos.

De manera, pues, que lo que está en discusión, valga la reiteración, no es el patriotismo, ni la defensa de la nacionalidad, ni la integridad de nuestra sociedad, ni el ejercicio de la soberanía por parte del Estado dominicano. Nada de eso peligra o se coloca bajo amenaza letal porque se reconozcan los derechos de los hijos de los ilegales haitianos nacidos bajo las constituciones anteriores a la actual. Esos no son mas que subterfugios intimidatorios y presupuestos apócrifos de los ultranacionalistas, y sólo los pueden aceptar los cobardes, los totalitarios, los racistas, los supremacistas sociales y, claro está, los bobos.

La verdadera discusión

Por lo demás, dejémonos de hipocresías: el único “daño” que hacen los hijos de los inmigrantes haitianos ilegales es a la “raza” dominicana, pues al ligarse con nuestros ciudadanos de color claro (blancos, “jabaos” o mulatos) la ennegrecen. No hay otra cosa: lo que atormenta y causa histeria en el ultranacionalismo es el creciente ennegrecimiento del tipo racial dominicano. Y no es que no hay derecho a sentir o pensar de ese modo (el prejuicio racial es una canallada que se torna ridícula cuando procede de “jabaos” y mulatos, pero su asunción es libre): es, simplemente, que eso no tiene nada que ver con el patriotismo, la integridad nacional o la soberanía del Estado. La ausencia de bizarría y honestidad no les permite a los ultranacionalistas decir lo que piensan y creen de verdad: que los negros haitianos nos están “dañando” la raza.

La verdadera discusión, reiteramos, es sobre el “Estado Social y Democrático de Derecho”: el respeto a la constitucionalidad y la legalidad, la interpretación correcta, justa y “pro homine” de las normas sustantivas y adjetivas, y cómo, en función de argumentaciones interesadas e ideológicamente preconcebidas, se quiere ocultar y evadir la irresponsabilidad compartida del Estado (que ha permitido el desorden migratorio que tenemos), los políticos que nos han gobernado (del PRSC, del PLD y, en menor medida, del PRD) y una parte del empresario nacional (cuyo espíritu rapaz y puramente mercurial ha sido el principal soporte de la inmigración ilegal haitiana).

No abordar el tema desde tal perspectiva (e intentar enredarnos en una madeja de arengas pseudopatrióticas, consignas vacuas, descalificaciones personales, dicterios y aseveraciones embusteras) es un intento de tomadura de pelo. Y, desde luego, el que lo quiera permitir, situándose a la zaga en la fila de ese patriotismo de hojalata o sencillamente haciéndose el sueco frente a la violación de prerrogativas fundamentales, está en su derecho. Quien escribe, de su lado, se niega rotundamente a dejarse arrastrar hacia la histeria ultranacionalista y su consabido itinerario de odio.

La otra parte verdaderamente trascendental de la discusión en torno a la sentencia del TC la puso sobre el tapete el presidente Danilo Medina: el drama humano que involucra el pandemonio migratorio que tenemos. Es de gente con insensibilidad de monarca feudal o mentalidad hitleriana mirar hacia otro lado ante esta realidad: miles de personas resultarán afectadas en su vida cotidiana por una interpretación de la Constitución cuya raíz patriotera, anatomía xenofóbica-conservadora y proyecciones supremacistas están a la vista. La lógica del ultranacionalismo criollo luce bastante parecida a la de los integristas árabes que sostienen que la mejor solución del conflicto del Medio Oriente es “empujar a los judíos hacia el mar”, o la de los promotores de la terrible carnicería humana que se produjo en la antigua Yugoslavia: la “necesidad de una limpieza étnica”.

“Románticos”, “débiles” y “filorios”

Desde luego, no podemos olvidar que la controversia actual también parte de la visión que se posea sobre el ser humano: se tiene un enfoque deshumanizado (aquel visto a través de un prisma etnocéntrico, supremacista social y desprovisto de toda conmiseración frente al sufrimiento ajeno), o se tiene un enfoque humanista (aquel visto a través de un prisma de bondad, justicia y solidaridad ), y no es nuevo ni extraño que autoritarios y conservadores consideren “románticos”, “débiles” o “filorios” a los sustentadores de este último. Más aún: aunque una cosa es la discusión de Derecho y otra la de los hechos, cuando se trata de seres humanos vulnerables escurrir el bulto con una interpretación “a secas” del primero no sólo es contrario al fin mismo de la norma jurídica sino que también significa situarse de espaldas a la humanidad y a favor de la barbarie.

Por último, hay que ratificar que la discusión está relacionada con el racismo y el supremacismo social: los haitianos son negros y pobres. Nadie lo reconoce, pero esa es la simple verdad, pues no se asume la misma postura persecutoria con los inmigrantes de otras razas y con los que tienen dinero. Frederic Mazourka (aquel haitiano blanco que estafó a los dominicanos a través de la Lotería Nacional y las autoridades dejaron escapar), José David Figueroa Agosto (narcotraficante y asesino boricua que hasta llegó a tener carnet del DNI) y Arturo del Tiempo (el español que usó el país como almacén y canal para sus importaciones de drogas a Europa y se regodeaba con amistades palaciegas y policiales) son sólo tres ejemplos, pero describen una tendencia: la de la tolerancia o el connubio con los inmigrantes de cutis clara y bolsillos hondos, aunque se trate de ladrones, homicidas, delincuentes internacionales o pederastas.

Cada quien tiene derecho a alinearse en la franja ideológico-filosófica que sus creencias o sus intereses le indiquen (aún incluso, como es el caso de algunos políticos, desertando de la anterior con todo el descaro del mundo tras un meteórico ascenso en la pirámide social). Pero el autor de estas glosas, que se formó en las ideas del bien común y tiene descendencia a la que le debe cierto legado de coherencia personal, permanecerá en la que siempre ha estado por mandato de su conciencia: la del patriotismo vertical y humanista de Duarte, Luperón, Bosch y Peña Gómez. Por eso, su proclama es clara: regularización si, ultranacionalismo racista no... y siempre cuidándonos de que las autoridades no nos engañen de nuevo haciendo “bulto” politiquero con el tema.

(*) El autor es abogado y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.
lrdecampsr@hotmail.com

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