Miercoles 29 de Marzo del 2017
Santo Domingo, República Dominicana
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Luis R. Decamps R.

Hipocresia y cinismo en el ultranacionalismo criollo

El argumento político nodal para justificar la sentencia No. 0168/13 del Tribunal Constitucional (Santo Domingo Oeste, S.D., 23 de septiembre de 2013) es el de que la misma no está concebida para despojar a nadie de la nacionalidad sino que es un acto de reivindicación de nuestra soberanía encaminado a esclarecer y regular el estatus constitucional y legal de los inmigrantes en la República Dominicana.

(La última proclama en tal sentido la acaba de hacer el licenciado Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República y secretario general del PLD, en un lamentable ejercicio de deserción de su antigua militancia ideológica que lo distancia considerablemente del boschismo y lo emparenta con la corriente conservadora que arranca en nuestra historia republicana con el antihaitianismo puro y simple de Santana y, pasando por el trujillismo y el balaguerismo, hoy representan los ultranacionalistas que todos conocemos).

Y no nos engañemos: la alegación, a no dudar, pese a ser hija de una vieja construcción teórica del conservadurismo dominicano, formulada en estos momentos de agitación ultranacionalista y consignas aislacionistas luce justa, hermosa y fascinante, pues niega toda intención bastarda en los autores de la referida sentencia del Tribunal Constitucional, invita a revivir las agonizantes fibras del patriotismo criollo y, por añadidura, apunta hacia la anhelada y legítima búsqueda de una solución al desorden migratorio existente en nuestro país desde hace más de medio siglo.

(Por supuesto, aunque ni la sentencia ni sus defensores lo indican de manera expresa -lo que tampoco es necesario para entenderlo-, el texto del Tribunal Constitucional se dirige específicamente a los hijos de los haitianos ilegales y contra la presencia en el país de la numerosa diáspora de la nación vecina: mas allá toda hipocresía, esta es la inmigración que preocupa, no la de otra latitud, y conviene tenerlo meridianamente claro para poder visualizar su raíz conservadora y su perversa lógica antihumanística).

El argumento, insisto, luce impecable a simple vista. Sin embargo, aún con el ruidoso refuerzo de dirigentes políticos, comunicadores, empresarios, ciudadanos comunes e intelectuales de ideología conservadora, por conducto de invocaciones a la soberanía nacional y de curiosos desafíos a la comunidad internacional de la cual somos parte voluntaria e irrevocablemente, se cae por su propio peso en virtud de que esconde múltiples sofismas y falacias.

Lo primero que es necesario recordar es que si bien entre los ultranacionalistas vernáculos hay unos pocos que pueden ciertamente hacer invocaciones a la soberanía nacional sin que se les caiga el rostro (porque no sólo la han defendido a lo largo de sus vidas sino que hasta empuñaron las armas cuando el invasor extranjero armado la pisoteó), la mayoría carece de calidad moral para ello: se trata de gente que, debido a que siempre ha trabajado al lado de los grupos empresariales más conservadores del país (y tradicionalmente antinacionales, súcubos de tiranías o vasallos de potencias extranjeras) y posee excelentes relaciones con los poderes nacionales y foráneos, no son los mejores ejemplos de la dominicanidad.

Lo segundo que se impone no olvidar es que en nuestro país el estatus de los inmigrantes está firmemente reglado cuando menos desde 1939 por leyes, reglamentos y acuerdos internacionales. Es decir, la cuestión nunca ha sido procurar bases jurídicas para su regimentación (pues éstas han existido y existen) ni regular su forma y su existencia en los hechos (los preceptos y los mandatos procedimentales están ahí): de lo que se ha tratado siempre es, simplemente, de que esas disposiciones se apliquen en todo su rigor y extensión, como es lo propio en un Estado de Derecho.

En realidad, al formular el argumento de marras, los ultranacionalistas, consciente o inconscientemente, incurren en un supremo acto de ocultamiento de la verdad, de salvaguarda de la irresponsabilidad del Estado y de promoción de la impunidad, puesto que virtualmente exoneran de culpa a los principales responsables de la situación de hoy: ese mismo Estado y sus dirigentes de los últimos cinco decenios. Y aunque es inevitable darle cabida a la sospecha de que estamos en presencia de un macondiano espectáculo de expiación e inconfesable mea culpa, la actuación no deja de ser inmejorable: los actores son de primera categoría.

¿Por qué? Porque, como es fácil comprobar con un simple examen del devenir nacional, el ultranacionalismo ha estado representado, en general y con las excepciones que confirman la regla, justamente por los sectores que han manejado el Estado dominicano casi a todo lo largo de nuestra historia: esto es, los culpables y beneficiarios del caos migratorio que tenemos son los mismos grupos sociales y políticos que hoy se desgañitan defendiendo la sentencia del Tribunal Constitucional y hasta repartiendo imputaciones de antipatriotismo contra todo el que se ha negado a dejarse tomar el pelo olímpicamente. ¡Cosas veredes, Sancho!

Y es que, como sabe hasta el mas distraído de los dominicanos, es el Estado el que han evadido enfrentar la inmigración ilegal a lo largo del último medio siglo (antes por sus propios intereses económicos -en la época de los ingenios estatales- y por la politiquería, y recientemente por no afectar intereses empresariales, dada la necesidad de mano de obra barata en las labores agrícolas, industriales, turísticas, de construcción, etcétera), pues ésta no ha estado escondida ni ha operado en la clandestinidad sino públicamente y con la protección de gente estrechamente vinculada a los poderes establecidos.

¿Era necesaria una sentencia del Tribunal Constitucional para regularizar o controlar la inmigración? Es evidente que no. Bastaba conque los gobiernos actuaran con responsabilidad (es decir, al margen del afán politiquero y los intereses económicos) y aplicaran las normas legales establecidas a todo el que llegó a la República Dominicana bajo contrato de trabajo y no retornó a su país, o que cruzó la frontera irregularmente y no se ha establecido como residente legal. Ni más ni menos: sólo eso.

Pero, claro, ese no es el asunto fundamental que le interesa al ultranacionalismo: lo que le preocupa es lo relativo a la nacionalidad. Para esta gente tan patriota y tan justa es más importante impugnar la condición de nacionales de los hijos de los haitianos ilegales (que probablemente no sean tantos como se afirma y que, en adición, nos no han traído el vudú o la delincuencia ni nos han impuesto el creole sino que la mayoría son cristianos, estudian y hablan español) que expulsar del país a los que han entrado fraudulentamente (que son muchos más y acaso bordeen el millón). La razón es simple: de éstos últimos los patrocinadores económicos del ultranacionalismo obtienen más beneficios que de los primeros. ¡El negocio, estúpido, el negocio!

(Obviamente, y hay que aclararlo para que la maledicencia no se encabrite, cuando se habla aquí de hijos de ilegales haitianos no se está aludiendo a la prole de madre haitiana nacida en hospitales dominicanos recientemente y como resultado de incursiones a territorio nacional para estos fines, ni a la del gran contingente de vecinos que se ha establecido en el país desde el 2005 hasta la fecha, pues la una carece de arraigo socio-cultural entre nosotros y la otra está afectada por la sentencia de este último año de la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales que se refiere al tema. Estamos hablando, se reitera, de los hijos de haitianos ilegales nacidos al amparo del régimen de la nacionalidad consagrado en las constituciones dominicanas hasta la fecha señalada).

Por otra parte, conviene precisar que la sentencia del TC confirma plenamente lo que se acaba de asegurar: no se ha limitado a recordar e interpretar las disposiciones legales vigentes (innecesario gasto de tiempo y neuronas por lo ya dicho: ese no ha sido ni es el problema) sino que se ha empeñado en tratar de clarificar históricamente todo lo relativo al régimen constitucional y legal de la nacionalidad, y en demostrar, sobre tales bases, que a los hijos de los inmigrantes ilegales haitianos no les corresponde la dominicana.

En ese sentido, la sentencia no parece una decisión de tribunal sino una tesis de grado o un alegato de abogado litigante, y en ocasiones ofrece la impresión, dados los “fórceps” que usa para tratar de demostrar sus afirmaciones (en lo atinente, por ejemplo, a la competencia, el concepto de personas en tránsito, el principio de la irretroactividad de la ley y el control de la convencionalidad) y la casi fanática parcialidad a priori de sus juicios, de que es una obra de sectarios y no de magistrados de una alta corte.

Ni la urgencia de retomar el control de la migración haitiana para frenar el desorden actual (que todos entendemos y muchos hemos reclamado incesantemente) ni la necesidad de cubrir los vacíos constitucionales y legales que tenemos en torno al régimen de la adquisición de la nacionalidad vía jus soli (que nadie en su sano juicio ignora o discute), justifican la histeria ultranacionalista y el desprecio por los valores políticos y morales (patriotismo humanista, libertad, solidaridad, justicia y convivencia civilizada) de los fundadores y restauradores de la república.

Más aún: así como ningún dominicano con sentido común puede respaldar la intromisión de la diplomacia haitiana en nuestros asuntos internos, dar anuencia al espectáculo de mal gusto que acaba de escenificar en Costa Rica la Corte IDH (presentando como testigo de cargo contra el Estado dominicano a un ciudadano haitiano sin arraigo legal o cultural entre nosotros y que, además, mintió descaradamente) o compartir la algazara extremista e irrespetuosa puesta en escena por un grupo de damas ante el presidente Danilo Medina, tampoco podemos hacernos los tontos y los ciegos: la sentencia del Tribunal Constitucional responde a la cosmovisión deshumanizada y totalitaria que siempre ha atesorado el conservadurismo criollo, y ha devenido en palenque propicio para que el ultranacionalismo haya montado una campaña de vocinglería xenofóbica y aislacionismo trasnochado que recuerda ciertos episodios tenebrosos de la era de Trujillo.

La verdad es una sola y simple, valga la reiteración: la sentencia del Tribunal Constitucional está dirigida contra los hijos de los inmigrantes ilegales haitianos, y el hecho de que no lo diga explícitamente (¡maña fuera que un tribunal fallara contra grupos étnicos particulares!) no implica que se haya elaborado pensando en toda la inmigración extranjera en el país, ni es garantía de que la misma se aplicará a los descendientes de españoles, árabes, italianos, estadounidenses o angloparlantes insulares con igual intensidad y sentido de la focalización y de la autoridad. ¡A otro perro con ese hueso!

La sentencia de marras, más allá de la discusión de carácter estrictamente jurídico que ha provocado (y que aquí no se aborda porque comporta otro tema y de gran envergadura) implica una nueva victoria del conservadurismo frente al liberalismo histórico dominicano, y como ha sido tradición en casos de su estirpe, sus implicaciones en la práctica no estarán exentas de cierta dosis de aberración racista y supremacismo social... Por consiguiente, si usted es inmigrante no regulado o hijo de ilegales pero no de origen haitiano ni pobre de solemnidad, no se preocupe: el ya celebérrimo fallo del Tribunal Constitucional no le rozará ni siquiera la epidermis.

(*) El autor es abogado y profesor universitario.
lrdecampsr@hotmail.com

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