Martes 22 de Julio del 2014
Santo Domingo, República Dominicana
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Luis Columna Solano

Sentencia Tribunal Constitucional de Dominicana en definitivo e inapelable

Luego de haber leído largos y profundos manifiestos, varios editoriales y un centenar de opiniones a favor y en contra de la Sentencia Judicial 168-13, evacuada por el Tribunal Constitucional dominicano, hemos de fijar una posición aclaratoria para todos aquellos ciudadanos y público general que aun no logran comprender la profundidad jurídica y la trascendencia patriótica de ese ejemplar fallo.

En primer lugar, debemos recordar que la actual Constitución dominicana tiene incorporada la figura del Tribunal Constitución como guardián y fiel intérprete de la Constitución, encargado de figar cuestiones como esta con carácter irrevocable e inapelable. En segundo lugar, debemos hacer especial énfasis en que el Poder Ejecutivo, nada puede hacer para cambiar la voluntad expresada por los honorables magistrados de ese alto Tribunal.

El Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez, expresó después de reunirse con una comisión de ciudadanos haitianos en su despacho del Palacio Nacional, que los mismos, estaban viviendo un drama humano tras el conocimiento de la Sentencia del TC, sin embargo, aclaró de inmediato que no puede inmiscuirse en asuntos judiciales, pues no son competencia del Poder Ejecutivo.

También el ex Presidente Doctor Leonel Fernández, a quien le correspondió promulgar la Constitución actual en el 2010, fue bastante escueto al tratar el tema y dijo que si la referida sentencia del TC, tiene carácter retroactivo al año 1929, podrían dejar sin nacionalidad a miles de personas que tienen la impresión de ser dominicanos desde siempre.

Pero de todos los opiniones aparecidas en los medios de comunicación, la más acercada a la realidad objetiva sin paciones ni sentimientos ocultos fue la externada por el Doctor Manuel Núñez Asencio quien afirma que la Sentencia 168-13 “Salvó la Independencia Nacional del 1844.

En términos opuesto, se expresó el distinguido Periodista, Juan Bolívar Díaz quien apeló al Presidente de la República para que frene lo que él considera como un “genocidio civil”.

En nuestra opinión, creemos que al Presidente Medina hay que dejarlo fuera de esto harto conocida la prohibición constitucional de interferir en otros poderes del Estado e Instancias como la Junta Central Electoral y el mismo Tribunal Constitucional. Creemos que la Sentencia no solo perjudica a nacionales y ascendientes de la República de Haití, sino a todos los extranjeros que se encuentren en similar condición de ilegalidad en República Dominicana.

Los entendidos en la disciplina del derecho y las leyes, somos conteste de que cada país libre y soberano, tiene legitimo “derecho” a fijar sus leyes nacionales así como “el deber” de cumplir de los acuerdos y tratados internaciones suscritos, según las convenciones y el derecho internacional tanto público como privado, no obstante, su condición de “sujeto de derecho intencional” como país, les atribuye supremacía a su legislación nacional sobre las externas.

Comprobado lo antes dicho, afirmar que esta sentencia dejaría a miles de personas sin patria, figura jurídica mejor conocida como “APATRIDA” es una falacia, ya que en el caso de los nacidos en territorio dominicano de ascendencia haitiana, le corresponde por origen la nacionalidad de sus progenitores (padres) o derecho de origen. “Los hijos de madres y padres haitianos nacidos en el territorio dominicano, sin importar el estatus migratorio, nacen con la nacionalidad haitiana de origen, jus sanguinis. (Art. 11, Constitución haitiana).

En artículos anteriores, advertimos que el problema especifico del drama haitiano en República Dominicana, siempre ha estado en las manos y la buena voluntad de sus respectivos gobiernos a través de una efectiva acción diplomática y consular, pero que ha falta de ellos, hablan los tribunales y se aplican las leyes.

En España, ningún niño que nazca de padre y madre extranjero se les otorga la “Nacionalidad Española”. Les envían directamente al Consulado del país de origen de los padres a tramitar el correspondiente pasaporte y si al menos uno de los padres está legalmente en el país, entonces les otorgan la residencia al menor o recién nacido, de lo contrario, se queda exclusivamente con el pasaporte pero totalmente ilegal.

Para muestra basta un botón. En Santo domingo, República Dominicana, tenemos a cientos y cientos de niños y niñas nacida en España que ante la negativa de la nacionalidad y la dura situación económica de sus padres, fueron enviados a Santo Domingo y hoy no pueden venir a reunirse con sus padres sin antes hacer un tedioso y largo proceso de “Reagrupación familiar” sujeto a largos requisitos.

Ante esta realidad y frente a nuestros ojos…. No vemos al Comisionado de la ONU, la ACNUR, la delegada de la Unión Europea, la Agencia estadounidense USAID o AID, el Centro Kennedy, la Compañía de Jesús o curas jesuitas, mi mucho menos a los los afamados articulistas y prominentes miembros de la “sociedad civil dominicana” actuar frente al Consulado General de España en República Dominicana defendiendo el mismo derecho para esos menores que ahora reclaman para los descendientes haitianos nacidos en dominicana. La razón por lo que no lo hacen es porque saben que España simple y llanamente está aplicando su derecho nacional en lo relativo a su Registro Civil y Reglamento de Extranjería.

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