Domingo 23 de Julio del 2017
Santo Domingo, República Dominicana
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Luis R. Decamps R.

El "voto preferencial": Mitos y realidades

El sistema de "voto preferencial" (también llamado "voto preferente" y "voto opcional"), deslumbrante y esperanzador porque prefiguraba una mayor democratización de la vida interna de los partidos y un ejercicio casi pleno de la soberanía popular en la base misma de la colectividad social, fue adoptado entusiásticamente en el último medio siglo por una cantidad considerable de paises del mundo bajo el empuje irresistible de las prèdicas modernizadoras de la "sociedad civil" y con la venia impulsora de los líderes partidarios "renovadores".

En efecto, concebido originalmente para los comicios legislativos (aunque luego también aplicado a los municipales para la elección de concejales o sus equivalentes) con matrices y variantes subordinadas a especificidades nacionales, el "voto preferencial" se convirtió en un momento dado en una institución jurídica de moda (muchas veces alcanzando rango constitucional) sobre todo entre los postulantes de la modernización y la ampliación de la democracia.

Como es harto sabido, el sistema de referencia ha estado dirigido a liquidar el monopolio de poder interno de las cúpulas dirigenciales de los partidos (por la tendencia de éstas a decidir antojadizamente lo relativo a las candidaturas y las colocaciones en la listas finales), a morigerar la hegemonía de las grandes formaciones políticas en la elección de los representantes congresuales (o municipales), y a superar el absurdo método de "arrastre" en la contabilidad electoral (que permite que individuos sin condiciones resulten elegidos al ser beneficiados con la popularidad de otros).

En el primer aspecto, el "voto preferencial" se vendió exitosamente como el procedimiento de acción electoral que permitiría transparentar y hacer de elección directa los procesos comiciales internos de los partidos, rescatar la soberanía de sus bases (en gran parte conculcada por la "nomenclatura"), dinamizar su vida interior promoviendo la aparición de nuevos liderazgos y, por añadidura, establecer una relación mas personal y fluida entre los líderes intermedios y las estructuras demarcacionales y de masas de la entidad.

En el segundo aspecto, se propuso como la fórmula adecuada para quebrar la preeminencia casi absoulta de los partidos tradicionales en los procesos de selección democrática de los legisladores (u otras autoridades de su tipo), brindando la oportunidad al votante de "despartidizar" su decisión o voluntad electora y, por otra parte, promoviendo una apertura de tales procesos que apuntaba hacia un reconocimiento más efectivo del derecho (vertebral en la democracia) de elegir y ser elegido.

En el tercer aspecto, la idea era otogar poder al ciudadano, con base en la señalada elección individual y sin intermediaciones, para consagrar líderes provistos de verdadera conexión con los pobladores de sus jurisdicciones electorales, y garantizar que estas nuevas realidades obligaran a los elegidos a mantener con sus electores un relación de cercanía y procura de soluciones (a sus necesidades y problemas), lo que en teoría debería fortalecer la autoridad de decisión de aquellos y el rol de representatividad de los últimos.

En las tres apuestas, como se puede inferir, subayacía una secuela absolutamente lógica y saludable para la democracia: los elegidos, si deseaban preservar el apoyo de sus electores, no sólo tendrían que cuidar su imagen personal y su personería política sino que al mismo tiempo estarían compelidos a convertirse en verdaderos gestores del progreso y el desarrollo de sus localidades, pues en caso de que no ocurriera así sufrirían los efectos del voto de castigo de los sufragantes.

En la República Dominicana la posibilidad de establecer el “voto preferencial” se discutiò entre 1994 y 2001, y una interrogante amonitoria siempre se formulò: ¿cómo se evitaría que tal sistema, en un país plagado de miseria e ignorancia como el nuestro, terminara facilitando que los comicios fueran ganados solo con la fuerza del dinero, lo que previsiblemente podría ocurrir si, por ejemplo, plutócratas, narcotraficantes o corruptos de toda laya se lanzaran al ruedo electoral? Se conocìa de la elecciòn de Pablo Escobar como legislador suplente de Colombia en 1982 gracias a una instituciòn bastante similar, y por ello la inquietud no era ociosa.

Para quien escribe, en particular, la inquietud se convirtió en estupefacción cuando en septiembre de 2001, aprobado ya el sistema, un amigo entrañable, funcionario a la sazón del gobierno de Hipólito Mejía, le informó que aspiraría a ser diputado por el PRD, y ante la pregunta de si él contaba con suficiente apoyo partidario y popular en su circunspcripción electoral, respondió solemnemente: "Ya lo tengo calculado. Sé cuantos votos necesito para ser electo y tendré que gastar dos millones de pesos, pero voy a ganar". Huelga decir que ese amigo fue efectivamente elegido miembro de la llamada cámara baja del Congreso en las elecciones de 2002.

Como habrà de recordarse, en nuestro paìs el sistema de "voto preferencial" (que incluía una rara modalidad de "arrastre" con el candidato a senador y sin ser extensivo para fines municipales) fue establecido por la Junta Central Electoral (JCE) en virtud de la resolución número 5/2001, de fecha 2 de julio de 2001, y reafirmado por las resoluciones números 06/2005, del 29 de agosto de 2005, y 06/2009, del 14 de agosto de 2009, pero más adelante fue eliminado por la misma vía administrativa (resolución número 74/2010, del 29 de octubre de 2010).

Es decir: el sistema se aplicó en las elecciones de medio término de los años 2002, 2006 y 2010, pero la JCE decidió hace tres años que no sería utilizado más debido, segùn la última de las resoluciones precitadas, a que sus "efectos y consecuencias han sido reconocidos como negativos para el sistema de partidos, ya que han afectado la democracia interna de los mismos”, argumento que recogía una parte de la recurrente inquietud de algunos observadores y estudiosos de la política nacional ante el hecho de que el susodicho mecanismo no sólo no había cumplido con sus cometidos generales sino que se había convertido en causa de disturbios en las entidades políticas.

De manera, pues, que en buen cristiano lo que han hecho nuestros diputados al reestablecer pura y simplemente el sistema en cuestión (casi a hurtadillas y probablemente pensando en lo beneficioso que ha sido para ellos) es despreciar las opiniones de los que lo han cuestionado, enmendarle la plana a la JCE y, de paso, reiterar que “el poder es para usarlo”. Más aún: los diputados hicieron caso omiso al hecho de que en casi todos los países en los que se adoptó el “voto preferencial” los resultados reales del funcionamiento del sistema han dado lugar a los mismos cuestionamientos -en razón de que sus finalidades no se materializaron en la forma prevista-, y la mayoría ha terminado reformándolo o está en camino de hacerlo.

Entre nosotros, dejèmonos de pendejadas, pues en términos prácticos lo que ha ocurrido con el "voto preferencial" ya es historia, y no de la buena: ha resultado un fraude descomunal contra la sociedad y la democracia, y tenemos una buena cantidad de representantes congresuales que no fueron elegidos por méritos, capacidades, calidades o espíritu de servicio sino por el favoritismo de las cúpulas partidarias y el uso del dinero (privado o estatal). Por màs que se quieran ocultar, las aberraciones y los daños que ha supuesto el sistema de marras para las organizaciones políticas y el proceso de conformación institucional del Poder Legislativo estàn a la vista de todos.

Porque en este paìs, ciertamente, el "voto preferencial", aunque en principio parecíó operar en la dirección adecuada, a la larga devino un fiasco: canibalizò el proceso dentro de los partidos amenazando su integridad orgánica; no logrò disminuir la todopoderosa influencia de las cúpulas dirigentes en el confeccionamiento de las listas finales; los candidatos ganadores, en general, son los que tienen màs dinero y no los màs preparados para el servicio legislativo o con mejores programas; las elecciones las deciden minorías politizadas porque con una cantidad muy limitada de votos se obtiene la victoria; y, en fin, ha sido plataforma legal hasta para la elecciòn de delincuentes (convictos o no).

No obstante todo lo anterior, desde luego, es imposible olvidar que, en términos generales, el "voto preferencial" es un importante hito en el norte de democratizar la vida interna de los partidos y perfeccionar la plataforma de operación electoral de la sociedad pluralista, y por ello (pese a que en bastantes latitudes y sentidos sus virtudes ha sido definitivamente opacadas por sus defectos) su auscultación y valoración deberían hacerse al margen de los apasionamientos politiqueros: aunque es necesario reformarlo cada vez que sea necesario a los fines de evitar su perversión por parte de los actores del proceso comicial, a la postre es mejor sistema que el de “arrastre”.

En otras palabras, el "voto preferencial" deber reestablecerse, pero no a tontas y locas sino fijando reglas precisas para que opere sanamente: que las decisiones internas de los partidos sobre las candidaturas sean monitoreadas adecuadamente antes de ser validadas; que los recursos desplegados en las campañas electorales sean auditados minuciosamente por las autoridades competentes para evitar su abuso; que el elector no venda su voto (lo que nos remite a dos problemas de mayor profundidad: la miseria y la falta de educación); y que dispongamos de una legislación de "responsabilidad del votante" y de control del financiamiento en materia electoral, con consecuencias penales, que sea aplicada en todo su rigor y sin contemplaciones.

La conclusión, pues, parece obvia: no es tanto que el "voto preferencial" haya resultado hasta ahora caótico, aberrante o infecundo (lo que, por otra parte, es irrefutable) sino que en la República Dominicana se ha relajado y pervertido, y la solución, por ello mismo, no era eliminarlo de un plumazo (como hizo la JCE) ni reestablecerlo deportivamente (como han hecho los diputados) sino adaptarlo a las singularidades de nuestra realidad social por conducto de las reformas pertinentes.

(*) El autor es abogado y profesor universitario
lrdecampsr@hotmail.com

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