Miercoles 29 de Marzo del 2017
Santo Domingo, República Dominicana
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Luis R. Decamps R.

Leonel, el PLD, la Barrick Gold y el perogrullo

Es cierto, absolutamente cierto que la Barrick Gold no es una asociación sin fines de lucro ni una entidad de propósitos piadosos sino una empresa transnacional modélica del capitalismo neoliberal cuyo objetivo esencial es obtener la mayor cantidad posible de ganancias en las operaciones en las que se involucra.

Pero también lo es que los dominicanos somos los dueños del oro de Pueblo Viejo y que confiábamos en la honestidad, la capacidad negociadora y el sentido patriótico de quien nos representaban en las negociaciones con esa compañía: el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

Es cierto, absolutamente cierto que, por las mismas razones que preceden, estaba dentro de las previsiones lógicas que la Barrick Gold se esforzara en suscribir un contrato con el Estado dominicano que le garantizara ventajas operacionales, exenciones tributarias y pingues beneficios financieros en el marco de las actividades pautadas en el mismo.

Pero también lo es que existía una contraparte nacional que estaba encargada (por mandato del pueblo, la Constitución y las leyes) de identificar con precisión, defender intransigentemente y garantizar sin fisuras los intereses del Estado dominicano: el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

Es cierto, absolutamente cierto que el contrato de la Barrick Gold, auscultado a la luz de la equidad, es un deleznable e inmoral instrumento jurídico que no sólo lesiona el interés nacional sino que también nos ridiculiza como Estado y nos trata como una colonia de estúpidos y pazguatos (con pinturas faciales y taparrabos incluidos).

Pero también lo es que antes de ser remitido para su aprobación final al “Congreso para el progreso”, ese contrato debió ser conocido, estudiado y objeto de opinión económica, jurídica y ecológica (a través de los órganos públicos de rigor) por quien legal y constitucionalmente estaba responsabilizado de ello: el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

Es cierto, absolutamente cierto que casi la totalidad de la oposición política del país con representación en los poderes públicos (¡quién sabe por cuáles inconfesables razones!) hizo mutis cuando se discutió y aprobó en el “Congreso para el progreso” el contrato de la Barrick Gold, y este virtualmente pasó “por debajo de la mesa” sin que gran parte de la población se enterara de su existencia.

Pero también lo es que la responsabilidad primaria, directa y corpórea de ese contrato no es de la oposición política ni de la población dominicana sino de alguien que está claramente identificado ante la opinión pública nacional e internacional y no puede ahora esconderse tras el eufemismo verbal o la mea culpa cínica y extemporánea: el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

Es cierto que los congresistas (incluyendo a muchos que en estos momentos manifiestan su arrepentimiento, unos de manera oportunista y otros sinceramente) impartieron su voto aprobatorio sobre el contrato de la Barrick Gold prácticamente sin leerlo y compelidos por la presión irresistible de sus jefes partidarios del momento.

Pero también lo es que el auspiciante y hacedor de ese contrato, que sí lo leyó y sabía de qué se trataba (y que no obstante pactó con parte de la oposición para garantizar su aprobación por razones que se suponen, aunque lamentablemente no se pueden demostrar), se encuentra registrado indeleblemente en documentos oficiales e informaciones de prensa: el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

Es cierto, absolutamente cierto que muy escasos ciudadanos dominicanos se opusieron originalmente al contrato de la Barrick Gold (acaso porque sus disposiciones cardinales no se conocían, o simplemente porque estaban persuadidos de su bonancibilidad por la declarada opinión palaciega sobre el particular) en el momento en que éste era ventilado casi en susurros en el Congreso Nacional.

Pero también lo es que ese hecho no excusa ni liquida la culposa responsabilidad política, moral, civil y penal de quien lo defendió desde el principio a trocha y mocha, y hasta llegó a tipificarlo tras su aprobación como “modelo de éxito” internacional (concretamente por boca de su figura señera): el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

Es cierto, absolutamente cierto que todos los dominicanos (sin distinciones políticas y aún con las reservas que imponen la naturaleza partidaria y la no remozada estructura dirigencial de este gobierno en los planos financiero y jurídico) debemos respaldar las demandas de revisión del contrato de la Barrick Gold que ha formulado el presidente Danilo Medina.

Pero también lo es que tenemos que estar con los ojos abiertos para que no nos engañen nueva vez y que, en consecuencia, no sólo debemos exigir seriedad e integridad a la presente administración sino también que reconozca y acepte plenamente (sin actitudes elusivas ni secretismos partidarios) la culpabilidad a quien nos impuso semejante barbaridad: el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

En otras palabras, no basta con que denunciemos el contrato de marras y clamemos por su revisión: es necesario insistir en identificar y no olvidar jamás a los responsables de ese vulgar atentado contra los intereses de la nación. Es decir, es hora de dirigir el índice acusador directamente hacia el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD.

Asimismo, es tiempo ya de demandar una investigación sobre los orígenes de ese contrato que conduzca al procesamiento judicial de los funcionarios que, incumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales, permitieron que un documento contractual perjudicial para los intereses nacionales fuera remitido para su aprobación al Congreso. Y, valga la insistencia, no se habla aquí sólo de los incumbentes del pasado gobierno sino también de los del actual.

¿O esta descomunal estafa contra el Estado y la sociedad dominicanos tendrá el mismo destino de las exacciones denunciadas y documentadas hasta ahora y, por consiguiente, también quedará simplemente impune? Don Perogrullo tiene la palabra.


(*) El autor es abogado y profesor universitario

lrdecampsr@hotmail.com

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