Miercoles 29 de Marzo del 2017
Santo Domingo, República Dominicana
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Luis R. Decamps R.

¿ Presión tributaria? Enemas y vomitivos para todos

En estos días, mientras hacía un esfuerzo casi sobrehumano por justificar el aumento de impuestos anunciado por el gobierno sin mencionar para nada al doctor Leonel Fernández, cierto comunicador y economista vinculado al peledeísmo posboschista insistía en la vieja y manida consideración de que la “presión tributaria” en la República Dominicana “es actualmente una de las más bajas de América Latina y el mundo”.

El autor de estas líneas, como es harto sabido, no es profesional del área de la economía (los guarismos y los cálculos nunca han sido su fuerte ni se encuentran dentro de sus más caras afinidades cognoscitivas), pero todavía no es lo suficientemente distraído como para no haber reparado en que la referida cantaleta sobre la “presión tributaria” esconde entre nosotros más mentiras que verdades y, por ello, es lo que más se parece a la administración de un tratamiento de enemas y vomitivos a un paciente anémico.

Los impuestos, según la mejor tradición liberal, no son sólo un mecanismo de recaudación del Estado para garantizar su propio sustento sino que, fundamentalmente, constituyen una herramienta para promover y viabilizar la redistribución del ingreso en la sociedad y, con ello, mitigar las diferencias socio-económicas y de aptitudes entre sus integrantes, siempre en el entendido de que tales diferencias generan o profundizan desigualdad, injusticia e indignidad.



La teoría general, en el sentido apuntado, consiste en que el Estado, como principal creador de las condiciones materiales y espirituales que hacen posible la vida en sociedad y la producción de la riqueza individual, impone tributos económicos que afectan a todos, pero sustancialmente a los más ricos (el gravamen debe elevarse en la misma medida en que aumentan los ingresos), con el propósito de obtener recursos que luego se devuelven a la misma sociedad en servicios públicos, obras de infraestructura, actividades de promoción de la producción y la cultura, seguridad ciudadana y programas de solidaridad social.



Desde luego, el grado de “funcionamiento” real de esa teoría en el mundo ha estado en discusión siempre (hasta el punto de que ha dado origen a querellas de todo tipo, incluidas las revolucionarias y las neoconservadoras clásicas), y actualmente varía de latitud en latitud: habitualmente en los países desarrollados, que exhiben una “presión tributaria” despiadada, esa gradación tiende a alcanzar mayores niveles que en los países subdesarrollados o de menor desarrollo. Digámoslo de manera más clara: a ojos vista parece haber una relación de causa y efecto entre la “justicia distributiva” conceptualmente inherente a los impuestos y el nivel de desarrollo de las naciones.



Tal afirmación, valga la insistencia, no es puramente retórica. Los países del globo que exhiben mejores o mayores estándares de vida (Europa nórdica y meridional, Canadá y algunos pequeños principados) son aquellos en los que la “presión tributaria” es relativamente alta, pero con varias particularidades puntuales que merecen ser destacadas al momento de cualquier discusión sobre el tema: su aparato estatal es bastante pequeño, su nivel de transparencia gubernamental es casi perfecto, sus leyes proscriben el clientelismo, su clase dirigente no “vive” de la política, sus prácticas corruptoras son mínimas y su grado de escolaridad es considerable.



Con base, pues, en las consideraciones que preceden es que podemos y debemos formularnos las preguntas que se podrían derivar de la afirmación hecha por el coolí de la palabra que se menciona en el primer párrafo de esta artículo (y que, desde luego, inquietan en estos momentos a los dominicanos no idiotizados por las prebendas gubernamentales o los enemas mediáticos de posta pública): ¿es cierto que nuestra “presión tributaria” es baja? ¿Es válida la comparación pura y simple entre la “presión tributaria” actual de la República Dominicana y la del resto de América Latina y el mundo?



Los datos relativos a la “presión tributaria” en la República Dominicana ni siquiera se pueden considerar irrebatibles, pues mientras el gobierno la sitúa en un 13 por ciento (Temístocles Montás: “SIN”, 16 de octubre de 2012), algunos empresarios la calculan en un 18 por ciento (Circe Almánzar de la AIDR, y Antonio Ramos de la ONEC: “Hoy”, 8 de julio de 2011) y ciertos economistas independientes plantean serias dudas sobre el tema en el predicamento de que las cifras oficiales están mal calculadas y de que en el país desde hace varios años hay una sobreestimación del PIB (Isidoro Santana, “Acento”: 19 de octubre de 2012). Ergo: la verdadera “presión tributaria” que tenemos en estos momentos probablemente nadie la sepa con certeza.



Ahora bien, asumiendo que los números oficiales sean los correctos, insistamos en la preguntita de bulto: ¿es cierto eso de que la “presión tributaria” actual en nuestro país es baja? La verdad es que, la luz de la base conceptual y de las metas de reivindicación social que legitiman los impuestos en el régimen democrático liberal, resulta muy difícil dar la afirmativa como respuesta. En realidad, parece todo lo contrario: específicamente desde el punto de vista de lo que nos “devuelve” el Estado en servicios y calidad de vida, la “presión tributaria” dominicana luce altísima, amén de que todo paralelismo con los niveles existentes en otras latitudes, sin previamente parear los restantes indicadores de las economías que se pretenden comparar, deviene un recurso de justificación para estúpidos.



A ese respecto es probable que un solo ejemplo sirva para ilustrar las aseveraciones que preceden: la “presión tributaria” en mucho de los estados de la unión norteamericana es ciertamente el triple de la de la República Dominicana, pero en esos estados no se gasta el dinero público para hacer obras improductivas ni para alimentar clientelas políticas y, como contrapartida, se dispone de servicios eficientes (gratuitos o a precios razonables) y existe un sistema anual de devolución de dinero de los impuestos en función de los ingresos y de los “gastos deducibles” de cada quién. O sea, para usar una expresión popular, esa es “otra fragancia”: la de la racionalidad, el manejo productivo del dinero del contribuyente y la transparencia estatal.



Las interrogantes que siguen, por ello, no son del todo necias: ¿y a los dominicanos, qué es lo que nos devuelve el Estado de los impuestos que pagamos? ¿Tenemos educación gratuita de calidad? No: estamos obligados a pagar escuelas y universidades privadas. ¿Disponemos de una provisión adecuada de salud? No: los hospitales son una vergüenza y el sistema de seguridad social no garantiza plenamente los servicios. ¿Nos movilizamos en un buen sistema de transporte público? No: hemos sido obligados a comprar automóviles y motocicletas para transportarnos. ¿Recibimos agua potable en nuestros hogares? No: para beberla debemos comprarla en botellones, y para otros usos almacenarla en cisternas y tinacos? ¿Disfrutamos de servicio de energía eléctrica decente? No: hay apagones al granel, pagamos el precio más caro de América y estamos impelidos a disponer de plantas e inversores en nuestros hogares o negocios. ¿Nos beneficiamos de alguna compensación o “deducción” tributaria anual? Bueno, que cada quien se responda.



En otras palabras, si a lo que tributamos hoy le agregamos lo que pagamos los dominicanos anualmente para autoabastecernos de los servicios que el Estado dominicano debe ofrecernos gratuitamente o a precios no abusivos de acuerdo con el objeto esencial de todo régimen impositivo, se entenderá lo que se ha dicho más arriba: lo cierto, lo real, lo irrebatible es que aún el 13 por ciento actual del PIB (asumiendo una vez más la cifra gubernamental) entraña una altísima “presión tributaria”, pues a un Estado ineficiente y corrupto que gasta el dinero público en obras no prioritarias, en publicidad innecesaria o en francachelas politiqueras, en justicia no se le debería pagar impuestos a menos que le descuente al ciudadano lo que éste invierte cubriendo las responsabilidades socio-económicas que la Constitución y las leyes le atribuyen a aquel.



Finalmente, y para graficar con el mismo ejemplo, reiteramos que también es ridícula y fullera la comparación de la “presión tributaria” nuestra con la de Estados Unidos o cualquier otro país sin mencionar el tamaño de la economía y la diferencia de niveles de calidad de los ingresos (salarios, comisiones, intermediaciones comerciales o financieras, etcétera): por ejemplo, mientras el estadounidense medio puede pagar sus impuestos sin que ello le impida cumplir con sus compromisos sociales y familiares (pagos de casa, agua, gas, energía eléctrica, comunicaciones, etcétera), al dominicano medio toda esa carga fiscal no sólo le imposibilita cumplir con lo mismo sino que lo empobrece cada vez más.

De manera, pues, que la “reforma tributaria” (ya no es “pacto fiscal” porque no hubo acuerdo con el CES, pero llámele usted como desee al aumento de impuestos que el gobierno del licenciado Danilo Medina y el PLD nos impondrán) no será entre nosotros sino “más de lo mismo”: un nuevo engaño para poder para disponer de mayores recursos económicos a favor del Estado mientras los ciudadanos sienten cómo sus ingresos empequeñecen y su vida se hace cada vez menos cómoda.

(*) El autor es abogado y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

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