Miercoles 29 de Marzo del 2017
Santo Domingo, República Dominicana
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Luis R. Decamps R.

El antireelecionismo: Mitos y realidades

En la República Dominicana han existido, en general, dos tipos de anti reeleccionistas: los de factura clásica, cuyas ideas y conducta política se hunden en el cálido y resplandeciente follaje del patriotismo decimonónico, y los de apuesta coyuntural, que han esgrimido siempre tal condición, las más de las veces como filosa espada de extorsión moral, sólo cuando sirve a sus intereses pasajeros.

En los últimos tiempos, empero, entre nosotros ha echado raíces un nuevo tipo de anti reeleccionismo: el de “oficio” o de talante “profesional”, que asume semejante “calidad” como pose y careta para esconder su carencia de ideas y de valores, y que resulta perceptible con claridad en partidos y entidades de toda laya porque, al tiempo que abomina petulantemente de cualquier debate al respecto, insiste en tratar de hacer del tema una “cuestión de principios”.

El autor de estas líneas ha sostenido de manera reiterada, contrariando las tesis esenciales de los “profesionales” del anti reeleccionismo de nuestro país, que la oposición pura y simple a la reelección presidencial no es un principio del constitucionalismo democrático ni una condición indispensable para el activismo institucional pluralista sino que, antes al contrario, es una mera postura (hija del momento histórico, las necesidades concretas o las opciones frente a la realidad de cada nación) frente al ejercicio del poder político dentro de la democracia liberal.

El anti reeleccionismo no puede ser un principio de la democracia o un valor esencial del liberalismo histórico porque carece de fundamento doctrinario sostenible, de perfil moral distintivo, de idealidad universalista, de tendencia a la equidad y de vocación normativa inmutable en tanto forma de pensar y actuar.

Por eso, quien escribe ha expresado abiertamente su aversión filosófica al anti reeleccionismo puro y simple, y sin desconocer la validez coyuntural de los postulados al tenor del pensamiento liberal dominicano de los siglos XIX y XX (enteramente comprensibles y defendibles en su particular escenario histórico), se ha pronunciado a favor del establecimiento en nuestro país del llamado “sistema estadounidense”: el que permite una única reelección y garantiza la “pensión política” automática de los líderes y estadistas.

A tono con tales predicamentos, el suscrito no sólo estuvo de acuerdo con la reforma constitucional del 25 de julio de 2002 (que estableció en su artículo 49 el referido “sistema estadounidense”, y que en su momento fue cuestionada y vilipendiada básicamente por razones de política de coyuntura, hasta tal punto que luego resultó renegada inclusive por sus propios gestores) sino que se opuso, en este punto y en otros de no menor importancia para el sistema democrático, a la del 26 de enero de 2010 (que prohibió la reelección presidencial sucesiva, pero que dejó abiertas las puertas a la reelección no sucesiva).

Así como la vieja preceptiva legal bastardizaba a los hijos nacidos fuera del matrimonio y ello no era impedimento para que la mayoría de éstos resultaran a la postre excelentes ciudadanos y mejores padres de familia, detrás de la naturaleza coyunturalmente ilegitima y del carácter políticamente interesado de la citada “reforma de Hipólito” existían virtudes doctrinales y apuestas institucionales no sólo defendibles sino también históricamente viables a la luz tanto de las necesidades formativas de nuestro Estado como de las mejores tradiciones del Derecho Constitucional.

En ese sentido, el autor ha sido y es de opinión que la reforma constitucional del año 2010 implicó, en lo respectante al tema de la reelección, un retroceso con respecto a la del 2002, pues al tiempo que nos retrotrajo como nación a tiempos superados (consagrando con toda formalidad nuestra confesadamente insuperable inmadurez institucional), terminó imponiéndonos una figura de esencia y proyección totalitarias: la posibilidad de retorno constante en la suprema conducción del Estado.

La verdad monda y lironda es que en la República Dominicana no està prohibida la reelecciòn presidencial sino que no està permitida la elección de manera contìnua, tal y como es posible comprobarlo literalmente leyendo el increíblemente mal redactado artículo 124 del texto constitucional vigente: “El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente (sic) de la República, quien será elegido (sic) cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo (sic) para el período constitucional siguiente”.

En todo caso, siempre conforme a la parte puramente literal de la citada disposición constitucional, lo que existe es una prohibición de continuidad inmediata (es decir, no absoluta) o una tolerancia sesgada (esto es, de flexibilidad relativa) que liquida la verdadera esencia del espíritu del anti reeleccionismo clásico: la edificación de un dique de contención a las ambiciones humanas de autoridad sempiterna que opere, simultaneamente, como garantía de una inexorable renovación del Estado y la sociedad.

(Quizás no sea ocioso recordar que el espíritu del anti reeleccionismo clásico está vinculado muy estrechamente al concepto socialdemócrata de “revolución pacífica y constante” como expresión de la necesidad de “cambio inmanente” en el Estado y la sociedad, que resulta muy a tono con el hecho tangible de que los seres humanos tienen una vida limitada tanto por la biología como por la historia -cambios de épocas y de racionalidades-, y por consiguiente en buena lid deben estar siempre prestos a permitir su reemplazo y a auspiciar la renovación de los mandos sociales, económicos y políticos).

En considerable medida, lo que consagra la Carta Magna dominicana actualmente es un régimen de elección presidencial marcado por el postulado histórico-filosófico nietzscheano del “eterno retorno”: un círculo en el tiempo que, aunque puede comenzar siendo virtuoso porque involucra una ruptura con lo que precede en lo inmediato, siempre termina siendo vicioso por aquello de que “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, y mucho más en una nación que, como la nuestra, está plagada de carencias, deficiencias y frenos institucionales.

El régimen de marras, por otra parte, también resulta perjudicial para el sano desarrollo institucional de los partidos políticos, pues da pie a la creación de caudillos insustituibles o dirigente eternos que a la larga se constituyen en verdaderas retrancas del desarrollo interno por medio de la adopción de estilos centralistas de dirección, la yugulación de la democracia interna y el torpedeo de toda posibilidad de cambio y renovación tanto en las estructuras orgánicas como en el pensamiento de la entidad.

El sistema del “eterno retorno”, además, permite que el pasado siempre se cierna amenazadoramente sobre el presente, impidièndole a la sociedad o la organización de que se trate superar ideas, modelos, y valores polìticos anacrònicos, e implantando a la postre paradigmas que las mas de las veces no son más que hipócritas regurgitaciones conductuales o doctrinarias de una generación históricamente desfasada que, no obstante, se prevale del poder (partidario o estatal) para mantener su hegemonía.

En los hechos, pues, el vigente sistema del “eterno retorno” no sólo es anacrónico, caudillista, elitista y providencialista sino que le hace tanto daño al desarrollo institucional del país como cualquier régimen dictatorial o de fuerza: erige al gobernante en un temible “César de temporada” (pues siempre podrá volver al poder mientras tenga vida) y nos crea una apócrifa ilusión de alternabilidad que acogota las posibilidades de desarrollo de una auténtica conciencia democrática y, por consiguiente, paraliza las verdaderas potencialidades transformadoras del ciudadano.

El sistema que permite la reelección por un único periodo constitucional (esto es, el estadounidense) se ha develado como el más racional, justo y equilibrado de todos los conocidos hasta ahora, sobre todo porque garantiza tiempo prudente de calidad para hacer un buen gobierno, liquida el clientelismo de origen caudillista o providencialista, auspicia el remozamiento continuo e indetenible del liderazgo (nacional o partidario), y hace posible una oxigenación constante del Estado y la sociedad a través de nuevos mandatarios y de ideas eventualmente diferentes.

Por supuesto, valga la salvedad: este es un tema de nación (es decir, sin interés para politiqueros y pancistas), y sólo será objeto de un debate serio cuando los políticos y los gobernantes dominicanos (aunque Pilarín no despierte) empiecen a pensar un poquito en las próximas generaciones y no sólo en las próximas elecciones.

(*) El autor es abogado y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

lrdecampsr@hotmail.com


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